Cristina frente a la ofensiva de la Corte: relatos y justificaciones sobre la política sanitaria

Una Selfie. Tres hombres, relativamente jóvenes, posan sonrientes a la cámara frontal de un celular. Un sol radiante se refleja en sus caras en lo que alguien podría llamar “un día peronista”. De fondo un terreno enorme que parece campo abierto y, allá a lo lejos, unas nubes oscuras que contrastan con el paisaje. Pero no son nubes, no es un día de campo ni son tres jóvenes disfrutando del sol. Es el humo de casillas quemándose, el escenario de la represión a las familias de Guernica, y los hombres son los fiscales que ordenaron el desalojo.

Esa imagen recorrió distintos medios y generó un repudio enorme. Después de meses de lucha por tierra para vivir, las fuerzas al mando de Sergio Berni le hacían entrega de un paquete de palos, gases lacrimógenos y balas de goma a quienes estaban allí como último recurso en un 2020 en el que habían perdido todo.

En la misma provincia y el mismo año, cerca de Bahía Blanca desaparecía Facundo Astudillo Castro. Desde el principio, todas las sospechas apuntaban a la Policía Bonaerense. El fiscal Santiago Ulpiano Martinez, benefactor de genocidas de la dictadura y denunciado por los organismos de derechos humanos, hizo lo imposible para encubrir a los responsables. La jueza de la causa, María Gabriela Marrón, desoyó todos los pedidos de la familia para correr al fiscal de la causa. Un año después, el caso se mantiene en la más absoluta impunidad.

Se podrían pensar otros casos que muestren el carácter profundamente reaccionario, de clase y patriarcal de la casta judicial, como los que surgen cada vez que sectores de trabajadores salen a luchar y terminan con causas durante años después de ser reprimidos, o de los incontables fallos que dejan impunes a femicidas mientras ponen la mirada sobre las víctimas de esos crímenes. Sin embargo, los ejemplos mencionados tienen algo en común: no merecieron hilos de tuits ni acusaciones de “decrepitud” por parte del oficialismo contra los implicados, sino un silencio insoportable.

Una definición política

El fallo de la Corte Suprema sobre las clases presenciales -una dura señal política contra el Gobierno y a favor de Larreta- apareció cuando el Decreto de Necesidad y Urgencia por el que tenía que expedirse ya había caducado. O sea que la única motivación de los cortesanos fue la de mostrarse contra el Gobierno y marcarle la cancha. Aunque en el medio hayan pasado por encima de la docencia y toda la comunidad educativa, exponiendo a miles de personas a contagiarse en medio de la segunda ola, algo que fue extensamente repudiado.

La respuesta cerró filas. Si se había abierto una interna en el oficialismo por el nivel de aumento de las tarifas energéticas, esa discusión quedó pausada momentáneamente para dar paso a la foto de este miércoles, cuando Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof se mostraron juntos en un acto público en Ensenada. No los unió el amor, los unió el espanto, diría un radical cordobés.

Desde twitter, la vicepresidenta cuestionó una vez más a la Corte Suprema y hasta llegó a deslizar que el fallo implicaría una nueva forma de golpe a las instituciones democráticas, que ya no serían como “los de antaño”.

Además, CFK sostuvo: “La Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”. Cabe preguntarse, ¿cuáles medidas sanitarias no se tomaron por decisión del poder judicial?

¿Sin competencias?

La disputa entre el Gobierno Nacional y el de CABA viene siendo alrededor de la cuestión “clases si o clases no”, un aspecto importante desde el punto de vista de la cantidad de personas circulando en una de las ciudades con números más alarmantes de casos en las últimas semanas. Pero, ¿puede servir de algo pensado como medida aislada?

En Garín, a unos pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el laboratorio mAbxience de Hugo Sigman está produciendo el principio activo para millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, que el Gobierno ya pagó en un 60 % pero se fueron del país para ser envasadas en México y no volvieron más. ¿Ricardo Lorenzetti emitió alguna resolución para evitar que se declare de interés público ese laboratorio? Si se tomara esa decisión, se podrían terminar de envasar en el país, para ponerle fin a la crisis de la vacunación a cuentagotas.

El 30 de diciembre de 2020, en el preciso momento en que miles de mujeres festejaban la gran conquista que significó el derecho al aborto seguro y gratuito, la Cámara de Diputados aprobaba un Presupuesto para el 2021 que no solo recortaba el presupuesto en Salud -en plena pandemia- sino que además borraba al IFE del mapa, ajustando la economía de millones de personas. No nos consta que Martín Guzmán haya escrito ese proyecto con Juan Carlos Maqueda o que Horacio Rosatti lo haya aprobado junto a todo el bloque del Frente de Todos.

El amague de centralizar el sistema de Salud a días de llegado el Covid-19 al país, no retrocedió en pocas horas por ninguna cautelar dictada por Carlos Rosenkrantz, sino por una especulación política del gobierno. Tampoco hubo ningún fallo judicial que impidiera un plan de testeos masivos y rastreo de los casos estrechos, algo que no se hizo nunca desde que comenzó la pandemia.

De hecho, el DNU contra el que falló la corte no abordaba ninguno de estos problemas. La única solución planteada por el gobierno era poner más policías en las calles y restringir algunas actividades en espacios recreativos. El Frente de Izquierda propuso discutir las medidas que hacen falta infinidad de veces en el Congreso, pero el oficialismo prefiere discutir la agenda de la derecha, en un juego de polarización que les sirve a ambos para la especulación electoral.

Mientras tanto, miles de laburantes se siguen contagiando en vagones y colectivos que van sobrepasados de capacidad, o en lugares de trabajo en los que no se respeta ningún protocolo sanitario.

Una justicia de clase

A no confundirse: el Poder Judicial tiene tantos privilegios que se mantiene casi intacto desde la salida de la dictadura, más allá del recambio generacional de sus miembros. Myriam Bregman contaba en una entrevista este miércoles un ejemplo que lo ilustra de pies a cabeza: los jueces y fiscales del juicio a las juntas venían de la dictadura. Es decir, una institución reaccionaria que, con apoyo de todos los gobiernos constitucionales desde 1983, logró lavarse la cara y mantener su carácter de intocable.

Cargos vitalicios, sueldos orbitando el planeta tierra y jubilaciones igual de alejadas del resto de los mortales son algunos de los privilegios materiales y económicos con los que cuentan los jueces en Argentina. Pero a eso se le suma otro, mucho más importante: el de tener un peso enorme en los rumbos políticos del país. Un grupo ínfimo de personas que no eligió nadie, con un estilo de vida que un trabajador ni podría imaginarse, decidiendo sobre las cuestiones más importantes que hacen a la vida de las mayorías populares.

Frente a esto CFK se pregunta si tiene más poder para gobernar un juez, designado a dedo, que un presidente, elegido por voto popular. Pero es una pregunta tramposa, porque lo que está defendiendo es el uso de un DNU, quizás la atribución más antidemocrática de este régimen político, su último resabio monárquico. ¿O el decreto lo discutió una asamblea popular de toda la comunidad educativa?

Pero, más allá de ese “detalle”, la denuncia a la Justicia es correcta. El problema es que se lo cuestiona desde el discurso, pero no se toma ninguna medida, por más tímida que sea, como para enfrentar a esa (in)justicia. Algo que es coherente con la histórica relación de pactos y negociaciones durante los gobiernos kirchneristas con esa casta. El poder casi absoluto de jueces y fiscales no salió de un repollo, es parte de una estructura que ningún gobierno se atrevió a cuestionar más que en el discurso durante las últimas décadas.

Terminar con el enorme poder de esa casta judicial implica, entre otras medidas, la conformación de juicios por jurado, la elección por sufragio universal de los jueces y el fin de los privilegios materiales y políticos de los funcionarios judiciales. Ninguna de esas medidas estuvo planteada en el fallido proyecto de “reforma” judicial del año pasado. Tampoco están en el discurso de Cristina Kirchner o de algún dirigente del Frente de Todos. (LID) Por Javier Nuet