Crimen impune: A 20 años del asesinato del obrero salteño Aníbal Verón.

A 20 años del asesinato de Aníbal Verón la Justicia Federal sigue sin indagar al ex gobernador salteño y actual Senador Nacional Juan Carlos Romero en la causa donde se investiga el asesinato del obrero salteño que según testigos oculares fue ejecutado por un efectivo de la policía de Salta durante una represión contra desocupados el 10 de noviembre del año 2000 sobre la ruta nacional 34, en Gral. Mosconi. Romero había ordenado ese 10 de noviembre a la policía no abandonar la ruta, luego de esta orden, los desocupados que se manifestaban sobre la ruta nacional 34 a la altura de Gral. Mosconi, fueron reprimidos y Verón asesinado.

Impunidad y dependencia judicial

Juan Carlos Romero aparece comprometido en un informe de tráfico interno de la policía provincial que afirma que Romero dio la orden a las fuerzas policiales de no abandonar la ruta, luego de esa directiva Aníbal Verón seria asesinado.

En esa cruel represión del 10 de noviembre sobre desocupados ordenada por ex juez federal Abel Cornejo (actual Procurador General de la provincia, y que fuera ex Juez de La Corte de Justicia en Salta, cargo que ostentó promovido por el ex gobernador Juan Manuel Urtubey ) se declaró competente para investigar el asesinato de Verón, en una clara maniobra de encubrimiento en búsqueda de la verdad y que en más de siete años de haber estado este cuestionado magistrado al frente de la supuesta investigación, nunca ordeno indagar Romero para que dé explicaciones de las ordenes que este emano al ex jefe de policía, Comisario General Gómez García, que fuera echado luego por Romero.

Romero ordeno no abandonar el sector ocupado

El periodista Marco Díaz Muñoz, Director periodístico de la Agencia de Noticias Copenoa realizo una investigación sobre el caso Verón luego publicada en su libro Orden, Represión y Muerte donde da a conocer el informe de tráfico interno de la policía de la provincia de Salta de fecha 12 de noviembre del 2000 enviado desde la Unidad Regional Nº 4 de la ciudad de Tartagal al subjefe de la policía de Salta, Comisario General Domingo Mamaní, sobre las novedades ocurridas en el despeje de la ruta 34, destacándose el siguiente párrafo: “Informado del cumplimiento del objetivo por parte del jefe de policía Comisario General Gómez García, este último ordeno no abandonar el sector ocupado por la fuerza actuante hasta nueva orden conforme directivas que el mismo recibiera por parte del Sr. Gobernador, situación que generara un nuevo inicio de contención (Represión) hacia los piqueteros que empezaron a reagruparse hacia los laterales” (...)

Este contundente documento estatal dejó al descubierto como el ex gobernador y actual Senador Nacional de Salta Juan Carlos Romero se interpone y arroga atribuciones de otro poder como el judicial, que intervenía en el conflicto federal como lo instituye la ley. Dejando claro que en la provincia de Salta durante sus gobernaciones no existió la libertad de poderes.

Las injerencias del gobierno de Romero en hechos violentos durante esa época de represión y mano dura también fueron denunciadas por el piquetero de Tartagal Ramón Contreras quien confeso formar parte de grupos de choques de desocupados y que actúan bajo las órdenes del gobierno provincial y reciben instrucciones, dineros y hasta movilidad para provocar disturbios y afectar aquellos que no son parte de los intereses gubernamentales, con el fin de manipular a la opinión pública y presentar a los reclamos sociales en un claro impacto negativo por la utilización de la violencia en los de la protesta social gestados según Contreras por Romero.
Contreras durante sus declaraciones involucro en forma directa al ex secretario de Obras Públicas Hugo de la Fuente y al ex secretario de Seguridad Gustavo Ferraris (hoy presidente de la Auditoría General de la Provincia) como sus contactos dentro del gobierno.

Foto de portada: Hijo de Aníbal Verón en el lugar del asesinato de su padre, sobre la ruta nacional 34.