La suspensión de la movilidad previsional y su reemplazo por aumentos discrecionales por decreto implicaron un robo a los jubilados en estos 12 meses. Ahora el Gobierno buscará cambiar la ley de actualización de haberes de acuerdo a las exigencias del FMI de quitar el componente inflacionario.
Para los haberes mínimos que en diciembre de 2019 percibían $14.068 la pérdida en el último año por haber recibido aumentos trimestrales por decreto y no los que correspondían por la Ley de Movilidad Previsional significó unos $ 4.031 acumulados. Esto es, por mes obtuvieron en promedio $ 448 menos.
Sólo el primer trimestre el decreto apenas favoreció a la jubilación mínima debido a que en marzo de 2020 el incremento consistió en una suma fija de $1.500 más un porcentaje de 2,3%. Pero para los haberes más altos esto significó una merma en la suba porcentual. Ese trimestre, la movilidad indicaba que debía aplicarse un incremento de 11,56 % pero en promedio la suba fue de 9 %.
Luego en junio el decreto del Ejecutivo aumentó todos los haberes por igual en 6,12%, cuando la movilidad indicaba que debían ajustarse un 10,9%. En septiembre se volvió a repetir el robo, cuando se incrementó por decreto un 7,5% mientras que por ley correspondía casi un 10%.
De esta forma, mes a mes se fue licuando el poder adquisitivo de los haberes. Quienes tenían un haber de $30.000 en diciembre de 2019 hoy están percibiendo $36.722 cuando les correspondería un haber de $40.781. En total la pérdida acumulada para esas jubilaciones es de $ 25.805 a valores actuales, o $ $2.867 por mes.
Mientras que en el límite máximo, los haberes superiores acumulan una pérdida de $125.657 a valores actuales, o $13.962 por mes.
Todo esto fue validado por el Congreso a partir de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva 27.541 sancionada en diciembre de 2019 por iniciativa del gobierno de Alberto Fernández, el primer gran gesto hacia el gran capital y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para limitar el gasto social bajo el relato miserable de la "solidaridad".
Apuntaron contra los jubilados y ahora, ante la llegada de la misión del FMI para reestructurar la deuda bajo un nuevo programa de ajuste, buscarán consumar el golpe.
Es necesario rechazar la injerencia de este organismo y todo intento de imponer un nuevo robo a los jubilados y exigir la inmediata recomposición de lo perdido desde el gobierno de Macri hasta acá, que de acuerdo a especialistas va desde 14 % de pérdida real hasta un 22% según el tramo de haber. Considerando las pérdidas acumuladas estiman que la recomposición deberá ser de al menos un 30 %. (LID)
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