Asambleas de trabajadores en los tres turnos de la planta de Molinos Río de la Plata de Esteban Echeverría rechazaron ayer por unanimidad, que la Comisión Interna de la fábrica o la conducción del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA-Filial BsAs) firmen cualquier rebaja salarial que impulse la compañía. La empresa es propiedad de Pérez Companc, una de las cuatro familias más ricas de la Argentina.
Luego de lo que fue la reunión entre los miembros del Consejo Directivo del STIA Filial Bs As y la Comisión Interna de Molinos Río de La Plata Esteban Echeverría con directivos de la empresa, en el marco del conflicto que se sostiene mantiene el incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la firma. En la reunión Molinos pidió que se firme una rebaja salarial, para encontrar una solución.
Para los trabajadores esa salida significa «la entrega de todos los adicionales que por negociación colectiva obtuvimos a lo largo de estos años». Adicionalmente Molinos confirmó que mantendría los diez despidos, y que avanzaría con 22 despidos más.
Para poner en común una respuesta, ayer se realizaron asambleas en los tres turnos de producción donde por unanimidad los trabajadores rechazaron que el Sindicato y la Comisión Interna firmen cualquier rebaja salarial con la empresa.
Además resolvieron que el sindicato interponga una acción judicial cautelar en representación de los intereses individuales y colectivos de las y los trabajadores, para que la empresa se abstenga; como lo anunciara en las reuniones grupales realizadas agravando su incumplimiento de la conciliación; avanzar individualmente con la rebaja salarial.
También pidieron que el sindicato solicite la inspección al Ministerio de Trabajo bonaerense para poder delimitar las dotaciones mínimas y que la empresa no pueda avanzar con la precarización laboral en perjuicio de la salud y seguridad de las y los trabajadores.
Los trabajadores, además, señalaron que el Grupo Pérez Companc no tiene pérdidas y recordaron que Macri le condonó una deuda de más de 70 millones de dólares, lo que equivale a 11 años de salarios para todos los trabajadores de la planta. Durante la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández le subsidió nuestro salario y lograron aumentar sus ganancias mientras nosotros poníamos en juego nuestra vida y la de nuestras familias.
Más tarde los Perez Companc presentaron una medida judicial para intentar no pagar el impuesto a las grandes fortunas, que era de apenas el 2 por ciento.
Por último, en las asambleas de los tres turnos se remarcó que ninguna empresa cierra por el costo salarial. «Nuestros salarios son los más bajos de los últimos quince años, nunca le fue tan barato el costo salarial», plantearon. (Infogremiales)
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