El avance de la frontera agroganadera en la argentina y en especial en la provincia de Salta, ha originado distintos problemáticas, desde ambientales a territoriales. Esta última, se ha visto acentuada en estas décadas, por la compras de tierras por parte de privados, en zonas donde habitan ancestralmente comunidades originarias, y que estos reclaman como propias, argumentando la posesión histórica sobre esas tierras.
Impulsado por los pueblos y naciones preexistentes al Estado argentino, ante las continuas denuncias de represiones y desalojos ordenadas por la Justicia y ejecutada por las policías provinciales, sobre estos pueblos, en tierras que estos ocupan ancestralmente, es que el Estado Nacional sanciona La Ley 26.160. Declarando la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendiendo todo proceso tendiente a desalojarlas, y ordena la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras actualmente ocupadas por ellas.
La no aplicación en su totalidad del Relevamiento Técnico Jurídico Catastral, que ordena la Ley 26.160, ya que solo se concretó en los últimos años, solo al 24% de las comunidades, acentuó los conflictos entre los pueblos originarios y privados.
Conflicto en aumento
Salta es una de las que presenta mayor conflictividad, por ser la provincia con mayor número de pueblos y naciones originarias. Son innumerables los sucesos acontecidos por la disputa de la tenencia de tierras. A fines de enero de este año, la comunidad Raíces Nuevas, denunció públicamente al empresario agropecuario Huberto Bourlon de Rouvre por despojarlos de sus terrenos, y que este, estaba armado, que les cerco el acceso al río. Para los originarios el empresario agrícola, actúa en connivencia con jueces para despojarlos de sus terrenos.
Durante el desalojo sobre integrantes de la Comunidad Raíces Nuevas, realizado por efectivos policiales de infantería de Salta, y por órdenes del Fiscal Pablo Cabot, fue detenido el dirigente César Arias, y herido un obrero que trabaja para el empresario agropecuario.
Sobre las acusaciones realizadas por integrantes de la Comunidad originaria, sobre Bourlon de Rouvre, este afirmó a la Agencia de Noticias Copenoa, que no estaba armado, que lo que portaba fue: “un destornillador eléctrico en el bolsillo, ya que cuando me avisan que se encontraban intentado usurpar mi campo yo estaba trabajando y salí de mi casa como me encontraba”, a lo que los originarios declararon que le avisaron a la policía de que el empresario estaba armado y que la misma no hizo nada.
Bourlon de Rouvre Aclara a Copenoa que “en ese momento Sitúe (Cacique indígena) y sus cómplices intentaron secuestrarme”. Sobre el cercado al río, Afirmo “es un camino privado que abrimos y utilizamos nosotros para atender el puesto ganadero que hace años tenemos dentro de este campo y realizar las tareas de extracción forestal las cuales cuentan con el permiso correspondiente de la Secretaria de Medio Ambiente”.
Bourlon de Rouvre relata que “su mi familia compro el campo en cuestión con todos los papeles en regla y sin presencia de nadie en él, en el año 1971 desde el cual lo posee y trabaja de forma ininterrumpida y pacífica o era así el caso hasta fines del 2015 donde entró una banda armada rompiendo portones y alambrados acompañada por políticos y gente que se dijo funcionaria nacional y nos quiso correr por la fuerza aduciendo que ese campo les pertenecía por ser territorio aborigen, yo era la primera vez en mis 38 años de vida que veía a muchas de esas personas y a otras como Arias ya los conocía porque pertenecen a un grupo de criollos que siempre vivió del robo de madera a los campos de la vuelta de Embarcación”.
Según Bourlon de Rouvre: “Desde fines del 2015 venimos padeciendo mil penurias, Arias y Sitúe son los cabecillas de una banda dedicada a la usurpación de tierras, robo de madera y otras maquinarias y bienes que teníamos dentro del campo, su primera acción fue intimidar al puestero por medio de la violencia y las armas logrando que este renuncie y asegurarse que nadie quiera tomar su lugar, logrado esto, destruyeron todas mis instalaciones ganaderas, casa, corrales y represa y comenzó la fiesta de robo y depredación del monte autóctono el cual una vez arrasado prendieron fuego con la excusa de hacer "cercos" el daño ambiental que realizaron es inconmensurable. Hoy aducen que esos cercos ya existían lo cual es una mentira y el monte le costará mucho volver a recuperarse en esos sectores, quizás décadas. Cabe destacar que todo esto fue denunciado ante la justicia la cual miro cómodamente hacia otro lado, pese a las pruebas y los testigos aportados, el abogado de esta asociación ilícita responde políticamente al mismo partido que la fiscal que debe ocuparse del caso”. Aclara el empresario agropecuario.
También hace referencia, a que los incidentes se acrecentaron en octubre del 2016 “cuando no solo intentaron usurpar por la fuerza y establecieron un piquete en la entrada de mi campo privándome de mi principal fuente laboral y de ingresos, la justicia recién reaccionó en enero del 2017 después de todos los daños y agresiones recibidas y vividas por mis trabajadores, hija de dos años que me acompañaba en mi trabajo un día y que tuvo que observar cómo mi camioneta era apedreada y se me insultaba sin motivo y mi persona, se nos autorizó a poder reinstalar los portones robados y arreglar el alambrado, ese día pese a la presencia policial fuimos agredidos salvajemente resultado un empleado mío herido y mi vehículo dañado”.
Para Bourlon de Rouvre en Salta “existe hoy en día una asociación conformada por políticos, abogados, miembros de la justicia y civiles que utiliza el jugo e histórico reclamo de los pueblos originarios para intentar hacerse de inmensas superficies de tierra con fines espurios y electorales”.
“Mi familia convive y trabaja con más de 10 comunidades originarias de la localidad de embarcación, con alguna de ellas nos une una amistad de más de 40 años y nos ha permitido ser vecinos y hasta encarar trabajos juntos para asegurar la preservación de la fauna y flora local como es el caso del lote fiscal 75”. Puntualizando “hoy en día estamos asediados por estos delincuentes que son todos miembros de una pequeña familia que se han hecho acreedores de una personaría jurídica de dudoso origen y creen por esto que pueden venir a amenazar y adueñarse de lo que les plazca para beneficio personal”. Dijo finalmente el empresario agropecuario Huberto Bourlon de Rouvre, sobre el conflicto que mantiene, con la Comunidad originaria Raíces Nuevas.
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