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Carta del Frente de Todos al FMI: la deuda es ilegal… pero igual se debe pagar

Este domingo trascendió una carta que el bloque de senadores del Frente de Todos envió a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Allí le solicitan al organismo que "se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas" en Argentina.

17 de noviembre

La carta de 12 carillas consiste en una serie de 33 puntos en los que la bancada oficialista le marca al FMI todas las irregularidades que tuvieron lugar en el marco del acuerdo stand by (SBA), firmado bajo el macrismo en 2018. Entre las principales, señala que fue otorgado violando el propio reglamento del Fondo, que la deuda tomada se destinó a la fuga de capitales y a financiar la campaña electoral de Macri, que no se respetaron los pasos institucionales correspondientes y que por ende es inconstitucional. Además, en el documento se expresa reiteradamente que la historia de endeudamiento de la Argentina con el FMI es una historia de fracasos que solo produjeron mayor penuria y pobreza para el pueblo trabajador y los sectores populares.

Sin embargo, luego de marcar todos y cada uno de esos puntos, la resolución que proponen senadores y senadoras no es el desconocimiento soberano de esa deuda, como propone el Frente de Izquierda. Ni siquiera proponen suspender el nuevo acuerdo que el Gobierno anunció que buscará alcanzar con el Fondo.

En el apartado final sostienen que “por todo lo antedicho y ante las nuevas negociaciones iniciadas por nuestro gobierno del presidente Alberto Fernández, SOLICITAMOS se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años y, en cuanto a la refinanciación de la deuda PROPONEMOS: a) reconsideración de los intereses; b) período de espera para comenzar los pagos anuales a partir del año 2025; y c) plazo de amortización en varias décadas”.

Las declaraciones de los senadores parecen un chiste. Pedirle al FMI que no “condicione la economía”, es pedirle que no sea el FMI. Sus representantes acaban de llegar al país nuevamente, a monitorear el curso del país y a entablar las nuevas negociaciones. El Fondo ya condiciona fuertemente la economía argentina. No hay prueba más palpable que los números del Presupuesto 2021 que el mismo Frente de Todos aprobó en el Congreso con fuertes recortes a partidas como salud, asistencia y educación en favor del pago de la deuda. La quita del IFE para 9 millones de familias va en este sentido.

Según denunció el economista Pablo Anino este domingo en el suplemento Ideas de Izquierda de este medio, hay varias muestras de un “giro ortodoxo” en las medidas económicas del Gobierno, que busca congraciarse con el Fondo: “un Presupuesto 2021 que establece un ajuste del 10 % en términos reales; reducción coyuntural de las retenciones en favor del capital agroexportador; mayor libertad a los ‘mercados’ para la operatoria financiera del dólar paralelo; emisión de deuda en favor de los fondos especulativos y, su contraparte, limitación del financiamiento por parte del Banco Central; el anuncio de un plan plurianual de ‘consolidación fiscal’ (en el barrio le dicen ajuste); la interrupción del magro Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); la reducción de la lista de Precios Máximos; y la intención de descongelar tarifas de los servicios públicos”. Además, indica que “no es casual que el anuncio de la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que enviará el Ejecutivo al Congreso haya coincidido con la llegada de la misión del Fondo a la Argentina”.

La carta de senadores y senadoras oficialistas no es más que una larga exposición sobre por qué esa deuda debe declararse odiosa y desconocerse. Lejos de eso, proponen seguir pagándola a costa, como se ve, del ajuste y el hambre contra quienes menos tienen como jubilados y beneficiarios del IFE.

Una larga argumentación para terminar convalidando la estafa
En el punto 25 la carta de los senadores expresa que “es larga y fracasada la historia de los acuerdos de la Argentina con el FMI. Los resultados del último están claramente expresados en la Carta del Gobierno Argentino del 26 de agosto pasado, en la que se explica que ‘la actividad económica se contrajo un 2,6 % y un 2,1 % durante 2018 y 2019 respectivamente, y la inflación del índice de precios al consumidor marcó respectivamente un 47,6 % y un 53,8 % para 2018 y 2019; ello combinado con una contracción monetaria sin precedentes’. Ello sin agregar el costo en términos sociales de tales políticas, que elevaron el cierre de pequeñas y medianas empresas, la pérdida de empleos, la tasa de desocupación y la pobreza”.

Sin embargo, toda la argumentación deriva en la necesidad de negociar nuevamente con el mismo organismo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció la semana pasada que intentará llegar a un acuerdo de facilidades extendidas (EFF, Extended Fund Facility). "El programa de facilidades extendidas da un periodo de repago del capital en cuotas entre el año 4 y medio y el año 10", sostuvo Guzmán.

Según especificó el Gobierno, el préstamo que se negocia será para cubrir el pago del crédito anterior, por un total de US$ 44.000 millones más intereses por unos US$ 5.000 millones que tomó el macrismo. La modalidad tiene plazos más largos y por lo tanto cuotas más bajas, pero a cambio implica mayores condicionantes y transformaciones estructurales. La solicitud de los representantes del Frente de Todos en el Senado, sobre “no condicionar al país”, no tiene ningún sentido más que hacer un “acting” mientras el Gobierno se encamina a sellar un acuerdo que aumenta la injerencia del FMI.

En otro apartado de la carta, se señala que “el propio Estatuto del Fondo expresa, en su Artículo VI, que: ‘Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. A continuación, cita un informe de deuda reciente del BCRA que estima que “entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44,5 mil millones. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones….”.

El Frente de Todos ya había denunciado durante la campaña electoral que a la deuda que tomó Macri había que investigarla, dado que se había destinado a la fuga y no a las necesidades del pueblo. Sin embargo, desde que asumió Alberto Fernández parece haber olvidado esta promesa. Ha seguido pagando y negociando con el Fondo, al punto de solicitar ahora un nuevo acuerdo con más condicionamientos, convalidando este verdadero fraude.

Más adelante, la carta agrega que es sabido que el gobierno de Donald Trump tenía motivaciones políticas para impulsar el préstamo más grande de la historia del FMI al macrismo. “Estas suposiciones no solo están basadas en noticias periodísticas que dan cuenta de las pretensiones del Presidente de los EEUU, Donald Trump, de ayudar al entonces gobierno de la Argentina para que Mauricio Macri pudiera ser reelecto, sino que además se sostienen por la información brindada por Mauricio Claver-Carone, quien reveló este entramado durante una teleconferencia del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI) realizada el pasado 22 de julio, donde afirmó que el presidente de los EEUU solicitó al FMI el otorgamiento de un préstamo por 55.000 millones de dólares a la Argentina, con el fin de que Mauricio Macri ganara las elecciones, ya que lo consideraba un aliado estratégico”. Lo loco es que a la par que denuncian esto, en vez de proponer el desconocimiento soberano, plantean una renegociación de plazos para que el pueblo pague la campaña electoral de Macri financiada de manera totalmente ilegal.

“Al momento de suscribir los documentos con el FMI no había siquiera un expediente iniciado en ninguna de las áreas de la Administración Pública Nacional involucradas”, aseguran en el punto 18 y agregan: “Argentina tomó el préstamo más grande de su historia y asumió compromisos financieros, a todas luces incumplibles, sin tener un expediente abierto y sin los dictámenes e informes correspondientes, lo cual infringiría, al menos, la Constitución Nacional, el Estatuto del Fondo y las Leyes de Procedimientos Administrativos y de Administración Financiera”. (LID) Por Juana Galarraga

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