CORRUPCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA. Lázaro Baéz, Calcaterra y los Macri: los más ganadores del “club de la obra pública” desde el 2004

Conocé cuáles son las empresas vinculadas a la corrupción que se quedaron con la mayor cantidad de licitaciones de obras viales durante el kirchnerismo y los primeros dos años de Macri.

La "atenta" memoria de Oscar Centeno retratada en los cuadernos Gloria, que aún no aparecieron, reveló un mecanismo de corrupción montado alrededor de las obras públicas que era un secreto a voces. (LID) accedió a información exclusiva correspondiente a las licitaciones de obras otorgadas por Vialidad Nacional entre 2004 y fines de 2017 que indica que diecisiete empresas de las salpicadas y envueltas en escándalos de corrupción, no solo por la causa de los cuadernos, sino por otras como las vinculadas a Lázaro Báez, se embolsaron más de $ 60 mil millones.

La información de las obras, que abarcan tanto los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, como también los primeros dos años de la gestión de Mauricio Macri, revela además que el monto total que el Estado terminó pagándole a esas empresas por la realización de las obras fue de más del doble del estipulado. Según lo establece la información a la que accedió este medio, el monto inicial total que el Estado debía pagarle a las empresas era de $26.975.392.024,47. Sin embargo, a raíz de varias actualizaciones, ese monto se terminó transformando en $ $ 61.152.801.849,57.

Del “club de la obra pública”, cuyos orígenes hay que buscarlos a mediados de los 70 con el surgimiento de la famosa “patria contratista”, se enriquecieron por igual tanto oficialistas como opositores. Así es que Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, fue la empresa más ganadara: se quedó con 29 licitaciones por la suma final de $ 12.003.339.436,94. En segundo lugar, se ubica Iecsa, con 23 licitaciones y $ 10.669.847.406,94. El tercer lugar, con 22 licitaciones, lo comparten la empresas Roggio (que se llevó $ 9.865.587.463,99) y Equimac ( $ 4.202.471.507, 46).

Vale recordar que según las declaraciones Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, este mecanismo delictivo pergeñado entre exfuncionarios y empresarios comenzó a funcionar en 2004, con la administración de Néstor Kirchner. Y que Iecsa, en ese momento perteneciente a Franco Macri y sus hijos, entre ellos Mauricio, formó parte de ese selecto grupo que “arreglaba” las licitaciones, pagaba coimas y establecía sobreprecios.

Las empresas son: Austral Construcciones S.A. , Esuco S.A., Electroingeniería S.A., Benito Roggio e Hijos S.A., José Chediak S.A.I.C.A, Supercemento S.A.I.C., Perales Aguiar S.A. Iecsa S.A., Techin S.A., Vial Agro S.A., Fontana Nicastro S.A.C, Marcalba S.A., Equimac S.A., Coarco S.A., Vialco S.A., Luis Losi, José Cartellone Const. Civiles S.A.

Estos números demuestran lo que venimos denunciando desde este medio. Por un lado, que este mecanismo delictivo que permitió el enriquecimiento exponencial de exfuncionarios y empresarios existe desde hace más de cuarenta años y permaneció intacto a través de distintos gobiernos, de facto y constitucionales. Hasta la misma Cristina Kirchner lo reconoció. “¿Ustedes creen que la patria contratista y que la cartelización de la obra pública comenzó en mayo de 2003?", le preguntó Cristina a sus colegas senadores. A confesión de partes, relevo de pruebas.

Pero también prueba otra cosa. La arbitrariedad con la que actúan el “juez de la servilleta” Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, que hasta el momento no han vuelto a llamar a declarar al primo presidencial, Ángelo Calcaterra, ni tampoco han hecho ningún llamado a Franco y Maricio Macri.

Estas son sólo algunas de las irregularidades de esta causa amañada que combina muchos elementos: confesiones obtenidas a partir de detenciones, prisiones preventivas y otorgamiento de la figura de “imputado colaborador” a discreción de Bonadio y Stornelli y show mediático de allanamientos transmitidos en vivo y en directo por la mayoría de los canales de TV. (LID)