A la DGI de Milei la maneja un evasor: las propiedades sin declarar de Andrés Vázquez en Miami

Según una investigación de Hugo Alconada Mon, el titular del organismo recaudatorio compró departamentos en Miami por U$S 2 millones vía firmas offshore. Nunca los declaró ante la Oficina Anticorrupción. Exalfil del kirchnerista Echegaray y ladero de Jaime Stiuso, el juez Lijo ya lo había salvado en una causa por maniobras similares.

Este lunes el periodista Hugo Alconada Mon publicó en el diario La Nación una información que deja, una vez más, muy mal parado al discurso “anticasta” del gobierno de les hermanes Milei. Según el artículo, “el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA)”.

El dato surge de documentos contables, societarios y bancarios que analizó el periodista como parte del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

Vale recordar que la semana pasada el CLIP y el ICIJ también acompañaron una denuncia de la periodista Emilia Delfino de ElDiarioAr que dejó expuesto al jefe del bloque de Diputados y presidente de la seccional bonaerense del PRO, Cristian Ritondo, por tener también departamentos en Miami sin declarar. Ritondo es un aliado central del gobierno mileísta.

Alconcada Mon cuenta en La Nación que el titular de la DGI (de 64 años de edad) montó en los últimos años un entramado de sociedades offshore con sede en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Con esa estructura, compró departamentos en Estados Unidos por unos U$S 2 millones, que a su vez no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni ante la AFIP. En la documentación descubierta aparecen las firmas y datos de Vázquez y buena parte de su familia.

Con más de tres décadas de carrera en el área recaudatoria nacional, Vázquez fue nombrado en octubre pasado al frente de la DGI a partir del reordenamiento del organismo por parte del Gobierno, lo que incluyó el cambio de nombre de la AFIP por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Se supone que Vázquez es desde entonces la máxima autoridad para “combatir” la evasión fiscal de parte de individuos, empresas y demás organizaciones.

Desde hace por lo menos doce años el funcionario tiene participación accionaria en un entramado de firmas que adquirió en Estados Unidos al menos tres departamentos (uno luego volvió a ser vendido). Las firmas offshore “continúan activas” y abarcan “una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami”.

Entre 2015 y 2016 Vázquez y su familia se integraron como accionistas a las “empresas” Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited , ambas con sede en las Islas Vírgenes. Pero la compra de inmuebles en tierras estadounidenses data de mucho antes, cuanto menos desde enero de 2013, durante el gobierno kirchnerista. Entonces Vázquez compró dos propiedades en Miami, inscriptas a nombre de Alcorta Corp , a la que se sumó una tercera en 2015 a través de Pompeya Group Corp , “según consta en los registros oficiales disponibles del condado Miami-Dade”, dice la investigación de La Nación.

Uno de los departamentos está ubicado en el lujoso complejo Icon Brickell (avenida Brickell 495) con un valor de U$S 710 mil. Otro en avenida Brickell 1060, valuado en U$S 350 mil. Y el tercero en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles, a un costo de U$S 980 mil. Según Alconada Mon, tras la publicación de los Panamá Papers en 2016, “Vázquez insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos. Recurrió para eso a Galanthus Capital Limited , que quedó como la firma holding, controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp .

Tras vender uno de los inmuebles, “Vázquez continuó vinculado a la firma Galanthus Capital ”, que siguió siendo dueña de los otros dos departamentos, que suman una valuación inmobiliaria de alrededor de U$S 1.7 millones. “Así continúa hasta hoy, de acuerdo a la documentación analizada”.

Además de demostrar el nivel de riqueza que tienen funcionarios como Vázquez, exponentes de una casta con la que Milei y compañía se sienten muy a gusto, es escandaloso que el hoy titular de la DGI ni siquiera haya declarado esas propiedades ante la Oficina Anticorrupción. Algo a lo que está obligado por su cargo en un puesto estatal de tal magnitud.

La Ley de Ética Pública (vigente desde 1999) obliga a los funcionarios nacionales a presentar ante la OA una declaración jurada con “todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge)”. Algo que debe ser actualizado cada año. Ocultar patrimonio y no actualizar la base de datos puede ser considerado delito de “omisión maliciosa” (artículo 268 del Código Penal), que prevé penas de varios de prision e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En su declaración jurada de 2023, la última disponible, Vázquez asentó que tiene unas diez propiedades en Argentina (departamentos, cocheras y una casa en un country), todas compradas con “herencias” y “donaciones”, más un ahorro de $ 10,5 millones en efectivo y tres cuentas en bancos de Estados Unidos que reúnen apenas unos U$S 3 mil. Pero nada dice de los departamentos en Miami que, a la cotización del dólar actual, se calculan en más de $ 2 mil millones.

¿Con qué autoridad puede un tipo así garantizar que va a perseguir y controlar a los empresarios fugadores de capitales y demás evasores de peso a nivel nacional?

Alcanconada Mon dice que intentó comunicarse con el funcionario, que lleva 35 años de carrera en el organismo fiscalizador y sin ninguna actividad privada comprobable que le permita haber amasado fortunas como las que gasta. El periodista lo hizo por escrito y telefónicamente, buscando tener su versión de los hechos. Pero Vázquez nunca le respondió.

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Y a su vez Alconada Mon recuerda que en 2011 él mismo ya había investigado el patrimonio de Vázquez, cuando éste era uno de los alfiles de Ricardo Echegaray, el capo de la AFIP durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Allí logró establecer que el actual jefe de la DGI tenía cuentas bancarias en el caribe y en Europa con más de U$S 500 mil.

Todo había surgido tras un megaoperativo de la AFIP en las oficinas del Grupo Clarín , por entonces en “guerra” contra el gobierno kirchnerista. La inspección con unos 200 agentes del organismo fue noticia internacional y Echegaray buscó zafar culpando a Vázquez de semejante “atropello”, ya que es quien había encabezado el operativo.

Según cuenta Alconada Mon, Echegaray le pidió a CFK que echara a Vázquez rápidamente así bajaba la espuma del caso, pero desde la Casa Rosada se negaron, aduciendo que el entonces jefe de la Regional Sur Metropolitana era “el hombre de Larcher (y de Stiuso) en la AFIP”, es decir de los máximos referentes de la Secretaría de Inteligencia durante el kirchnerismo.

El periodista de La Nación recuerda que, entre el año 2000 y 2009, Vázquez no declaró ante la OA y la AFIP tener cuentas bancarias en la isla caribeña (colonia holandesa) de Curazao y en el pequeño estado europeo de Luxemburgo. Por eso se le abrió una causa penal en un tribunal criminal porteño, a cargo del juez Osvaldo Rappa. El magistrado envió el expediente a Comodoro Py, ya que para él ameritaba una investigación “federal” dada su condición de funcionario público.

En los tribunales federales de Retiro primero agarró la causa el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Federal 12. Pero tras asumir éste como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y su juzgado quedó “momentáneamente” (hasta hoy) subrogado por el juez Ariel Lijo, ahora candidato a la Corte Suprema nacional a propuesta de Milei. Lijo directamente no investigó a Vázquez y en 2022 terminó sobreseyéndolo.

Alconada Mon afirma que “el 17 de noviembre de 2022, Lijo sobreseyó a Vázquez y a su hermana ante la ‘imposibilidad’ de avanzar con la pesquisa. En otras palabras, no porque se haya comprobado que Vázquez no tuviera esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos”. Y agrega que “un año después del fallo que lo sobreseyó en la Argentina, Vázquez declaró un amplio listado de activos en el país y en el extranjero, en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023”.

En esa última declaración jurada, Vázquez reconoce tener tres sociedades en Argentina: Más Más SA , DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA . Comparte sociedad con su hermana, quien también figuraba como dueña de las cuentas bancarias de Curazao y Luxemburgo­.

Vázquez, el gran evasor especializado en infinidad de maniobras financieras en paraísos fiscales, hoy es la punta de lanza del gobierno de La Libertad Avanza en temas recaudatorios e impositivos. Tal vez, a la hora de elegirlo al frente de la DGI, les hermanes Milei hayan valorado su trayectoria en el área de “inteligencia fiscal” de la ex AFIP y sus logros como director de la “Regional Sur Metropolitana”.

De hecho en octubre fue el propio Presidente quien defendió su nombramiento, pese a las diferencias que tenían algunos de sus funcionarios. El decreto que lo colocó en el cargo, por caso, no lleva las firmas ni del jefe de Gabinete Guillermo Francos, ni del ministro de Economía Luis Caputo ni de la entonces directora de la AFIP Florencia Misrahi (poco después reemplazada por Juan Pazo, otro con propiedades en Estados Unidos). La única que firmó el decreto junto a Milei fue la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Hace rato ya que el discurso “anticasta” de Milei y sus secuaces ha quedado sepultado debajo de las mil y una maniobras del Gobierno para favorecer, precisamente, a varios de los exponentes de los sectores privilegiados de la política burguesa, el empresariado, el funcionariado judicial, la jerarquías religiosas, las conducciones sindicales y los “ensobrados” mediáticos. El “kueider-gate” fue su último gran capítulo. (L.I.D)