Un año de gobierno, 12 derechos perdidos

Amnistía Internacional presentó un informe sobre retrocesos en derechos humanos promovidos por el gobierno de Milei. Pobreza, jubilados, represión de las protestas, cibervigilancia, mujeres y pueblos originarios, entre las áreas más afectadas.

La oficina argentina de Amnistía Internacional acaba de publicar un informe que describe derechos perdidos o amenazados durante el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.

“A lo largo de este año, las políticas de ajuste económico y reformas promovidas por el gobierno han impactado negativamente en la vida de millones de personas, especialmente las más vulnerables, exacerbando las desigualdades y restringiendo libertades fundamentales”, señala la introducción.

El índice del relevamiento señala los siguientes ítems: Pobreza; Jubilados; Libertad de expresión; Libertad de reunión y asociación; Cibervigilancia; Transparencia y acceso a la información pública; Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; Derechos sexuales y reproductivos; Educación sexual integral; Diversidad: Colectivo LGBTIQ+; Crisis climática y Pueblos originarios. Además, el organismo internacional dedica un anexo a la política exterior en materia de derechos humanos.

El trabajo se suma a los ya publicados de la Red Federal por la Democracia y los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, que también advierten sobre la gravedad de la situación.

“Lo precedente son apenas algunas muestras del clima de polarización y violencia que ha generado la gestión de gobierno en estos 12 meses. El llamado es claro: es imperativo proteger y promover los derechos de todas las personas en Argentina”, dicen las conclusiones.

Canal Abierto reproduce una síntesis de cada uno de los derechos afectados

1- Pobreza: El índice de pobreza aumentó del 41,7% al 52,9%, dejando a más de 15 millones de personas bajo la línea de pobreza, y más de un millón de niños sin acceso a una cena diaria. Las políticas de ajuste económico han recaído desproporcionadamente sobre mujeres y sectores de bajos ingresos.

2- Jubilados: Las jubilaciones mínimas no alcanzan a cubrir la canasta básica, dejando a millones de adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad. El veto presidencial a una ley de actualización previsional profundizó la crisis en este sector.

3- Libertad de expresión: La hostilidad hacia las y los periodistas, el uso de discursos confrontativos y la desinformación han generado un clima de intimidación y censura, afectando gravemente el debate democrático. Un apartado especial recupera el impacto de la violencia digital en las periodistas mujeres.

4- Libertad de reunión y manifestación: el derecho a la protesta pacífica está en peligro por medidas como el Protocolo para el mantenimiento del orden público y por la actuación de las fuerzas que incluyó el uso desproporcionado de balas de goma y gases lacrimógenos, causando graves lesiones. También se denuncian detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes y agresiones a periodistas, incluso identificados con credenciales de prensa.

5- Cibervigilancia y privacidad: la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) plantea riesgos de vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio. Estas prácticas afectan derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad y la libertad de expresión, condicionando el debate público y generando discriminación.

6- Restricción al acceso a la información pública: El Decreto 780/2024 amplía la opacidad estatal al clasificar más datos como secretos, limitar la divulgación de información pública y aumentar la discrecionalidad de los funcionarios. Esta medida vulnera la transparencia, afecta derechos fundamentales y dificulta la rendición de cuentas.

7- Derechos de las mujeres y diversidad: Se reporta un retroceso en políticas de igualdad de género, derechos reproductivos y la protección contra la violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+.

8- Derechos sexuales y reproductivos: A tres años de la sanción de la ley de interrupción del embarazo (ley 27.610), hay sobrada evidencia de su impacto positivo en la salud de mujeres, niñas y adolescentes. Desde 2021 hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a un aborto seguro en el sistema público de salud49. Además, las muertes por aborto disminuyeron en un 53% entre 2020 y 202250. El acceso temprano a información, a insumos, y a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, contribuye a que se produzcan durante el primer trimestre de gestación. Sin embargo, desde la asunción de la nueva gestión se desfinanció la implementación de esta política y se ha puesto en riesgo el pleno y efectivo acceso al aborto para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en Argentina.

9- Diversidad: Las personas LGBTI+ han logrado grandes avances en materia de reconocimiento de derechos, fruto de la lucha colectiva del movimiento de la diversidad en la Argentina. Sin embargo, pese a que el país cuenta con leyes de avanzada, la discriminación sistémica y la expulsión del acceso a la vivienda, a la educación, a la salud o al trabajo que la población LGTBI+ debe enfrentar tiene un impacto profundo en sus condiciones de vida. Producto de la misma batalla cultural, en los últimos tiempos, se han exacerbado los discursos discriminatorios que patologizan y deshumanizan a las personas LGBTIQ+, incitando a la violencia y crímenes de odio.

10- Educación Sexual Integral: La sostenibilidad de la educación sexual integral (ESI) es otra de las batallas que este gobierno parece enfrentar.

Desde el mes de diciembre se encuentran paralizadas las capacitaciones y talleres de formación docente en ESI a través del INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente), pese a que 7 de cada 10 docentes sostienen que necesitan más capacitación en los ejes de violencia de género, abuso sexual contra las infancias, diversidad sexual e identidad género.

Además, se advierte un profundo desfinanciamiento de los equipos provinciales de ESI lo que puede traer aparejado el desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral a nivel federal, implicando un enorme retroceso para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

11- Crisis climática: La posición del gobierno actual ha sido la de negar el cambio climático.

Sin embargo, la ciencia es clara en cuanto a que el tiempo se está agotando rápidamente para evitar los peores impactos del cambio climático sobre los derechos humanos y los desastres no naturales que está causando o a los que contribuye, que afectan desproporcionadamente a las poblaciones más marginadas. El mundo entero necesita compromisos y acciones urgentes, concretas, audaces y coherentes para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, lo que requiere una eliminación gradual, completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles en todos los sectores, sin depender de tecnologías arriesgadas y no probadas o compensaciones que no conducen a reducciones genuinas de las emisiones.

Amenazas a leyes medioambientales:

El proyecto de Ley Ómnibus incluyó en sus múltiples articulados reformas regresivas en leyes clave para la protección del medio ambiente, con impacto directo en la población.

1. Ley de Bosques: habilitación de desforestación en zonas actualmente protegidas.
2. Ley de Glaciares: reducción de la actual definición amplia otorgada por la legislación vigente con la potencial habilitación de actividad minera en la zona periglaciar.
3. Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de Actividades de Quema: habilitación de la ‘quema tácita’ tras el plazo de 90 días sin mediar autorización estatal y desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
4. Ley de Hidrocarburos: priorización de la renta por sobre las necesidades del mercado interno y la protección de la sustentabilidad de las reservas, ausencia de salvaguardas ambientales.

12- Pueblos originarios: La falta de políticas efectivas frente al cambio climático y los conflictos territoriales ha dejado a comunidades indígenas expuestas y desprotegidas.

Otro de los ejes relegados de esta gestión ha sido la de los pueblos originarios.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, dispuso a través de una resolución la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), órgano encargado de reconocer la personería jurídica a las comunidades indígenas en Argentina.

Esta resolución también suspendió todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades indígenas en el RENACI, e invitó a las provincias a celebrar acuerdos para homogeneizar criterios de inscripción, adecuación y transferencia de las personerías jurídicas, sin establecer metodologías de trabajo, procedimientos ni plazos para estos encuentros, generando un escenario de inseguridad jurídica e indefensión. ( Canal Abierto)