La Comisión de Salud de Diputados citó al ministro del área, Mario Lugones, y al director del PAMI, Esteban Leguizamo.
Sindicatos y federaciones de la salud ofrecieron al Congreso un comunicado en el que rechazaron las medidas del Gobierno nacional relativas a la entrega de medicamentos con cobertura del 100% y sobre la desregulación de los precios. Según informaron, ya hubo 60 muertos por falta de medicación.
El ministro de Salud, Mario Lugones, y el director del PAMI, Esteban Leguizamo, fueron citados a la Cámara de Diputados para rendir cuentas sobre la política de medicamentos del gobierno nacional. En este contexto, sindicatos y federaciones de la salud entregaron un duro comunicado a la Comisión de Acción y Salud Pública, cuestionando las medidas implementadas por el oficialismo.
«Los recientes anuncios eliminando el programa de medicación gratuita a los jubilados son el punto culminante de una política antisocial sobre medicamentos que empezó apenas asumió el gobierno de Javier Milei», expresaron en el documento.
Entre las medidas más criticadas figura la eliminación del programa de entrega gratuita de medicamentos, que, según el comunicado, «se llevó a cabo mediante un artilugio discursivo, planteando nuevos requisitos y trámites burocráticos que afectan directamente a jubilados y jubiladas, una población vulnerable y con dificultades para manejarse en entornos digitales».
También denunciaron la liberalización de los precios de medicamentos, que habría provocado la suspensión del 15% de los tratamientos de los jubilados, y la parálisis de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que, según los colectivos, resultó en al menos 60 fallecimientos por falta de medicación.
El comunicado, elaborado en el Cabildo Abierto por la Salud, también señala que el presupuesto presentado por el gobierno nacional refleja un fuerte recorte en áreas críticas de salud. «La partida 22, que cubre medicamentos contra el HIV, la tuberculosis y la hepatitis C, sufrió una disminución real del 76%,» denunciaron las organizaciones. Asimismo, destacaron que estas políticas impactan no solo a los pacientes crónicos, sino también a aquellos con enfermedades de alta complejidad.
El presidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, una de las entidades firmantes, afirmó: «Esta política está diseñada para aplicar la motosierra sobre los derechos a la salud y a la vida de millones de argentinos. Es urgente restaurar los beneficios cercenados desde el comienzo del gobierno libertario». Además, los colectivos subrayaron que la producción pública de medicamentos podría ser una solución viable y económicamente favorable para reducir los costos del sistema sanitario, que actualmente destina un tercio de sus recursos a la compra de medicamentos.
Las organizaciones llamaron a los legisladores a tomar medidas inmediatas para revertir lo que calificaron como un «ataque» al derecho a la salud. «Exigimos la restauración de todos los beneficios eliminados y la creación de políticas que protejan a los sectores más vulnerables, en lugar de beneficiar a las multinacionales farmacéuticas», concluyeron. (Infogremiales)
Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz
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