Los vecinos de Andalgalá desde hace varias décadas venimos defendiendo nuestra tierra contra la ilegal instalación de empresas mineras. Decimos ilegal porque aún con todos los “permisos” del gobierno de la provincia, el 30 de octubre de 1997 se inició la explotación del yacimiento minero de Bajo La Alumbrera pero con una licencia social solapada, ya que el pueblo de Andalgalá nunca había sido informado sobre la megaminería y sus consecuencias
Apenas pasados un par de años, el pueblo de Andalgalá tomó conciencia de estas nuevas formas de destrucción, contaminación y saqueo y se organizó para resistir a un nuevo emprendimiento minero, el denominado Agua Rica. Por eso, en el año 2010, iniciamos un amparo ambiental en contra de este proyecto, en manos de la trasnacional Yamana Gold.
Luego de transitar todos los pasillos de la Justicia de Catamarca, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) nos dio la razón en marzo de 2016, por lo que la provincia de Catamarca dejó sin efecto la autorización de explotación de Agua Rica. Sin embargo, para no cumplir el fallo del máximo tribunal de la nación, las empresas Agua Rica y Alumbrera se unieron y cambiaron el nombre del proyecto, denominándolo MARA (de la trasnacional GLENCORE). Con este artilugio intentaron sostener que se trataba de un nuevo proyecto, para que nuestro reclamo en la justicia quedara sin materia y fuera declarado abstracto, es decir que no tuviera razón de ser.
No obstante, la mentira minera, el relato del gobierno y las trampas jurídicas que inventaron, fueron denunciadas oportunamente por los vecinos de Andalgalá en nuestra causa del Amparo. Hoy la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, por primera vez en todos estos años de lucha judicial y de reclamo constante, mediante la Sentencia Interlocutoria N° 20/2024 de fecha 20 de Agosto, nos hace lugar a que la causa sea nuevamente analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que han entendido 4 de los 7 jueces de la Corte Provincial que, el poder judicial de la Provincia ha desconocido nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, derecho que fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2016, en el mencionado amparo. Por eso ordenó que se remita nuevamente nuestro amparo ambiental a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero estos logros no nos son gratis, 14 años de caminar los pasillos de la Justicia, 14 años de caminatas ininterrumpidas todos los sábados en nuestro pueblo, 14 años de persecuciones, judicialización de la protesta, criminalización, represiones, persecuciones ideológicas, etc. Pero no pueden tapar el sol con las manos, la verdad no puede esconderse perpetuamente detrás de artilugios procesales. Por fin y por primera vez la justicia de la Provincia de Catamarca, nos hace lugar a un Recurso Extraordinario Federal.
Por otro lado y luego de haber tomado estado público la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de la ciudad de Buenos Aires, que ha dictaminado que los directores de YMAD seguirán vinculados a la denuncia que en 2019 interpusimos los vecinos, salta a la luz que el gobierno de la Provincia de Catamarca ha actuado todos estos años con total impunidad. Pero eso se está acabando y tendrán que dar explicaciones ante el Máximo Tribunal del país, como así también ante los organismos internacionales de Derechos Humanos. Porque la lucha de Andalgalá es justa y en ejercicio de lo que ordena la ley y no los intereses de unos cuantos “vivos”.
Párrafo aparte, la ciudadanía en general debe conocer que quienes ejercen la profesión de “periodistas” en el Diario El Ancasti, quienes nos tratan peyorativamente de “ambientalistas antimineros”, debieran responder también ante la Justicia por discriminación ideológica (tipificado como delito en nuestro Código Penal). Sepan esos periodistas que la forma en que nos han tratado en el artículo titulado “La Corte habilitó un recurso federal a ambientalistas en un reclamo contra MARA” han abandonado la noticia en forma objetiva, tratándonos de ambientalistas antimineros, en clara posición en favor de las empresas mineras y del gobierno. Los propios ministros de la Corte de Justicia de Catamarca en la mencionada sentencia expresan que la controversia excede el mero interés de las partes procesales y afecta al interés de la comunidad, por lo que hay que despojarse de patrones restrictivos, conforme a las pruebas que hemos aportado en dicha causa judicial.
Una vez más damos las gracias a nuestros abogados Mariana Katz y Juan Figueroa, quienes en forma permanente han podido materializar nuestro reclamo, como así también a todas las personas que diariamente colaboran con nuestra causa.
Seguiremos defendiendo el agua, la vida y el derecho a vivir en paz.
#FueraMARA #FueraGlencore
SON ILEGALES
No tienen licencia social para destruirnos
Fuente: Asamblea El Algarrobo
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