“En los últimos 20 años ingresaron al país más de un millón de inmigrantes de forma irregular”, argumentó el Gobierno al anunciar la reforma.
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el Gobierno nacional anunció una reforma del régimen migratorio argentino, con el objetivo de "restaurar el orden, la seguridad y la equidad en el acceso a los recursos del Estado", según se informó oficialmente.
Con la nueva normativa, ningún extranjero con antecedentes penales podrá ingresar al país, y aquellos que cometan delitos en territorio argentino serán deportados, sin importar la pen prevista. Esto implica un cambio sustancial, ya que anteriormente los delitos menores a cinco años no constituían motivo suficiente para la expulsión.
Además, se establecen restricciones en el acces gratuito al sistema de salud y a la educación universitaria para inmigrantes que no cuenten con residencia permanente.
"Queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, pero tenemos que tener firmeza para expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio", expresó el vocero presidencial Manuel Adorni, al anunciar la medida.
Principales puntos de la reforma migratoria
Rechazo de ingreso a cualquier extranjero condenado.
Deportación inmediata para quienes cometan delitos en Argentina, incluso con penas menores
Expulsión automática para quienes ingresen po pasos no habilitados o falseen información migratoria.
Reducción de plazos para apelar la deportació
Cobro de servicios de salud pública a inmigrant ilegales y residentes temporarios o transitorios.
Obligatoriedad de seguro médico para ingresar país.
Las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a estudiantes con residencia temporal (la educación primaria y secundaria gratuita se mantiene).
Nuevos requisitos para acceder a la residencia permanente y a la ciudadanía: se exigirá demostrar medios de vida suficientes, ausencia c antecedentes penales y dos años de residencia continua o una inversión significativa en el país.
Las personas en situación migratoria irregular no podrán acceder a la ciudadanía argentina.
Desde el Gobierno señalaron que se trata de una "respuesta efectiva a un régimen jurídico antigua y muy laxo en materia migratoria", con el cual se busca garantizar que los beneficios del Estado argentino estén destinados a quienes cumplen con la ley.
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