Van estas palabras sobre todo para quienes no estén al tanto de las graves amenazas a que están expuestos tanto los pueblos indígenas como los pobladores criollos de la ruralidad salteña, sobre todo en las tierras bajas de la Provincia, en las Yungas y el Chaco. Se trata del acelerado avance en los desmontes tanto por la tala ilegal cuanto por la ampliación acelerada de la frontera agraria, impulsada esta última por la política llevada a cabo por el gobierno provincial cuyo mandato expira el 10 de diciembre entrante, en nombre de la "producción" y "el progreso". Ha generado una concentración de la tierra en manos privadas, un verdadero ataque a la biodiversidad de esos ambientes y un empobrecimiento acelerado de los pobladores tanto criollos como indígenas, sin respetar las normas nacionales e internacioales
que reconocen sus derechos.
La Universidad Nacional de Salta ha salido, en más de una oportunidad en defensa de los intereses y derechos de estas familias desprotegidas y condenadas a la miseria, víctimas históricas del despojo de sus recursos esenciales para la vida. Para ello, recordaré tanto el apoyo dado a los reclamos de la Asociación Lhaka Honhat, que nuclea a más de 40 comunidades indígenas aledañas al Río Pilcomayo, en el nordeste salteño, como la decidida acción en contra de la desafectación como Area Protegida de los lotes 32 y 33 de General Pizarro, Departamento de Anta en el chao salteño.
También en este caso, en defensa de los pobladores criollos y de una
comunidad indígena wichí. En este caso, la Universidad Nacional de Salta
interpuso en los tribunales federeles, una acción de incontitucionalidad
contra las medidas del gobierno salteño.
Dato que es inminente un cambio de gobierno, dentro del mismo sello
político (una alianza de parte de miembros del Partido Justicialista con
parte del Partido Renovador de Salta), pero en aparente disidencia con con el sector justicialista que se retira del gobierno), informalmente han
corrido rumores de que se acelerarían los permisos de desmontes a favor de las empresas privadas en este breve tramo final, generando gran preocupación en las comunidades indígenas de la provincia.
De allí que, en consonancia con sus posturas precedentes y ante el eventual riesgo de veracidad de esos rumores, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta ha emitido una resolución -a inciativa de nuestra colega antrópóloga Catalina Buliubasich y por unanimidad- solicitando a los poderes estatales de la Nación y de la Provincia que se detenga todo trámite de desmonte, se detengan los efectos de los permisos ya otorgados y se controle la tala ilegal. Asimismo, ha instruido a a la Asesoría Jurídica a prsentar una acción de amparo ante la Justicia.
* Antropólogo - Prof. Extraordinario de la Universidad Nacional
de Salta
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