En la provincia de Salta, la noticia de un aumento del 35% en el precio de la garrafa de gas ha caído como un balde de agua fría. En una región donde el 65% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, este incremento no solo es incomprensible, sino también inaceptable. En un contexto de pobreza extrema, donde muchas familias apenas logran cubrir sus necesidades básicas, este aumento representa una carga adicional insostenible.
Salta, irónicamente, es la segunda provincia con mayores reservas de gas en Argentina, pero sus habitantes parecen no beneficiarse en absoluto de esta riqueza natural. Este contraste entre la abundancia de recursos y la precariedad económica de su población es uno de los mayores absurdos que enfrenta la provincia. Mientras el gas salteño se extrae, procesa y se distribuye a otras regiones del país, los propios salteños deben pagar precios exorbitantes por un recurso que debería estar al alcance de todos.
El aumento del precio de la garrafa es solo la punta del iceberg de una situación económica deplorable. Los salteños, ya castigados por un alto índice de desempleo y la falta de oportunidades, se encuentran ahora con un nuevo obstáculo que atenta contra su calidad de vida. Las garrafas, que son una necesidad básica para miles de familias que no cuentan con gas natural, se han vuelto prácticamente inalcanzables para gran parte de la población, profundizando aún más la pobreza estructural que azota a la provincia.
Este aumento pone de manifiesto una realidad dolorosa: en Salta, la pobreza y la falta de acceso a servicios esenciales como el gas coexisten con la explotación intensiva de recursos energéticos. Las familias se ven obligadas a elegir entre comer o calefaccionar sus hogares, una decisión que es inadmisible. La gestión de recursos y la administración pública parecen priorizar las ganancias de unos pocos sobre las necesidades de la mayoría, perpetuando un ciclo de pobreza y desigualdad que Salta no merece.
La falta de políticas públicas que protejan a los más vulnerables y la ausencia de una distribución equitativa de los recursos son factores que agravan aún más esta situación. Salta, una tierra rica en recursos, se ha convertido en un ejemplo claro de cómo la mala administración y la falta de sensibilidad social pueden condenar a una provincia a la pobreza extrema. La explotación de gas, que debería ser un motor de desarrollo, parece haberse convertido en una maldición para los salteños, quienes ven cómo los beneficios de este recurso se escapan de sus manos mientras ellos continúan sumidos en la pobreza.
En respuesta a la reciente liberación de precios autorizada por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución 216/2024, el gobierno provincial intentó limitar el impacto de esta medida. El secretario de Participación Ciudadana, Iván Mizzau, destacó que el convenio logrado limita el aumento de precios al 35%. Este acuerdo, que será formalizado con la firma del ministro Ricardo Villada, busca proporcionar a los salteños la tranquilidad de planificar sus gastos sin temor a nuevas subas de precios hasta finales de octubre. Además, la garrafa social será incorporada al programa provincial "Garrafa Federal", garantizando la continuidad de los puntos de distribución existentes.
Sin embargo, aunque este acuerdo podría ofrecer cierto alivio temporal, la realidad es que sigue siendo un golpe fuerte para los bolsillos de quienes ya están luchando por sobrevivir. El nuevo precio de la garrafa se ubicará en $13.500 a partir del próximo lunes, una cifra que para muchas familias será inalcanzable. Es importante destacar que en la reunión en la que se concretó el acuerdo participaron también el subsecretario Santiago Alurralde, el director de Programas César Segura, y representantes de las empresas distribuidoras.
Este aumento de la garrafa de gas no es solo un golpe al bolsillo de los salteños, sino un reflejo de un sistema que sigue fallando a los que más lo necesitan. Salta, una provincia rica en recursos, merece un futuro mejor, donde su gente no tenga que sufrir las consecuencias de decisiones que solo benefician a unos pocos. La dignidad de los salteños no puede seguir siendo pisoteada por intereses económicos que no consideran el bienestar de la población. Por Marco Antonio Díaz Muñoz. Director Agencia de Noticias Copenoa.
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