El dato surge de un documento publicado por la Anses sobre los que cobraron la primera ronda del plan el año pasado. Mientras la pobreza supera el 42 %, el Gobierno prioriza seguir ajustando el presupuesto a pedido del FMI.
La Anses publicó un documento con datos sobre los beneficiarios de la primera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se abonó a principios del 2020, allí resaltan los altos porcentajes de desempleo y trabajo informal. Sobre el total de solicitantes aceptados, casi 8,9 millones de personas (más de 4 millones fueron rechazados), 5,6 millones (61,7%) corresponden a trabajadores/as informales o desocupados/as sin seguro por desempleo. Además de reflejar la alta precariedad del trabajo en el país, muestra que son millones los que se quedaron sin ayuda alguna por parte del Estado desde la eliminación del IFE hasta la actualidad.
El informe detalla que además de los ya nombrados: “Al desagregar la modalidad / situación laboral de las/os beneficiarias/os del IFE, se observa que 2,4 millones (27,0%) corresponden a beneficiarios/as de la AUH/AUE, 0,7 millones (7,8%) a monotributistas (categorías A, B o monotributo social), 0,18 millones (2,1%) a trabajadores/as de Casas Particulares, y 0,12 millones (1,4%) a beneficiarios/as del programa PROGRESAR.” Aquellas cobran la AUH (en su gran mayoría son mujeres) también se vieron perjudicadas al perder IFE y quedarse sólo con la asignación que apenas superaba los $ 3.000.
Recordemos que el IFE terminó implicando sólo $ 30.000 a lo largo de 6 meses y se mostró insuficiente para detener el avance de la pobreza que alcanzó a más del 42 % de la población. Con la crisis económica abierta, la inflación sin freno y la desocupación en aumento, es todavía más necesario implementar un IFE de $ 40.000 para todos aquellos que lo soliciten. Alberto Fernández anunció sólo un subsidio extraordinario de $ 15.000 para un millón de personas en el AMBA (las que ya cobran la AUH o son monotributistas de categorías bajas). Planes como el Potenciar trabajo o la tarjeta alimentar (que siguen vigentes) alcanzan sólo a algunos cientos de miles de personas.
Como afirman los autores del informe: “Este escenario es verdaderamente alarmante si consideramos que sus causas no obedecen exclusivamente a la situación extraordinaria de la pandemia mundial, sino que presenta rasgos estructurales.” Sólo 826.195 beneficiarios/as (9,3%) tuvieron al menos un mes de trabajo en relación de dependencia formal en el período febrero 2019 a enero 2020 y menos del 5% del total trabajó de forma registrada por al menos 10 años. Una estructura laboral que es consecuencia de décadas de neoliberalismo, desde la dictadura militar hasta el gobierno actual, pasando por el menemismo y el macrismo.
Para combatir el desempleo y la precarización laboral el Estado debería llevar adelante un plan de obras públicas con trabajo registrado y salarios que al menos cubran la canasta básica familiar. Pero el Gobierno prioriza ajustar el gasto para cumplir con las exigencias del FMI. (LID) Por Matías Hof
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