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Jujuy: Luego del inicio de clases denuncian que fallecen dos docentes por covid-19

Este fin de semana se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de dos docentes por COVID. Se trata de las profesoras María Angélica Leaño y Betty Greach. Estas muertes se dan en el marco de la vuelta a clases presenciales sin garantías sanitarias impuestas por los gobiernos nacional y provincial. También durante el fin de semana se conocieron casos de más escuelas que deben cerrar por los crecientes contagios.

1ro de marzo de 2021

Durante el último fin de semana se conoció la lamentable noticia que consterna a toda la comunidad educativa, del fallecimiento de las docentes María Angélica Leaño y Betty Greach. Estas muertes se dan a dos semanas del regreso a clases presenciales impuesto desde el Gobierno de Morales y que se da a partir de hoy en todo el país con el aval del presidente Alberto Fernández y el ministro Nicolás Trotta.

Un regreso a clases presenciales que se impone sin que desde el Estado se garanticen los recursos necesarios en cuanto a elementos de bioseguridad, infraestructura escolar, higiene, tecnología y transporte. Sólo con discursos de campaña no se puede volver a la presencialidad ya que no están los recursos necesarios.

Además, este regreso se lleva adelante sin tener en cuenta la opinión de la comunidad educativa: trabajadorxs de la educación, familias y estudiantes. Son ellxs quienes deben decidir si se vuelve o no, cómo, cuándo y en qué condiciones, por lo que es más necesario que nunca la organización desde debajo de comisiones de seguridad e higiene desde cada escuela y localidad.

Por su parte, las conducciones sindicales en todo el país, empezando por la CTERA no sólo arreglan a espaldas de la docencia un salario por debajo de la inflación que mantiene la pérdida del poder adquisitivo que se produce desde el 2015; sino que, más grave aún abandona a docentes, familias y estudiantes a una vuelta completamente insegura sin convocar a asambleas en todo el país para organizar la fuerza de los más del millón de docentes de todo el país en un plan de lucha unificado junto a la comunidad por condiciones seguras en las escuelas, un salario igual a la canasta familias y por terminar con la precarización creciente en las condiciones laborales que se profundizó en el marco de la pandemia.

Crecen los casos y cierres de escuelas

Durante el fin de semana también se conocieron más escuelas que deben suspender las actividades presenciales por casos de COVID confirmados en la comunidad educativa. Por ejemplo, El COEM de Santa Catalina resolvió suspender las clases presenciales por siete días en toda la localidad. En San Pedro, el JIN N°6 también tuvo que suspender actividades para proceder a la desinfección debido a que una docente presentó síntomas compatibles con COVID. Mientras que en el Colegio Secundario N° 64 de Perico se suspendieron las clases sólo el día lunes por un caso confirmado de un docente. Parte de la comunidad reclama que se suspendan las clases por más tiempo debido a que hubo reuniones institucionales en las que se tuvo contacto estrecho con el profesor contagiado. Sin embargo, desde las autoridades ministeriales no lo autorizaron poniendo en riesgo a toda la comunidad de ese Colegio. También se suspendieron las clases durante esta semana en el Colegio Polimodal N°2 de Abra Pampa. Estos casos del fin de semana se suma a un listado de alrededor de 35 establecimientos que tuvieron que suspender total o parcialmente las actividades desde que se volvió a la presencialidad.

Estos datos son recabados a través de la propia docencia y redes sociales ya que desde el Ministerio de Educación o el Gobierno provincial no se brinda ningún tipo de información oficial sobre la cantidad de casos sospechosos o positivos y las medidas que se toman en cada escuela. Lo que constituye una política consciente de ocultar información para mantener una vuelta a la presencialidad de manera completamente insegura e irresponsable.

Las familias comienzan a organizarse

Hoy se conoció un comunicado de familias de la localidad de Tilcara que se están organizando y señalan que “frente al peor momento epidemiológico desde el comienzo de la pandemia, solicitamos la suspensión de la presencialidad y el dictado de clases virtuales hasta tanto la situación este controlada”. También describen que su localidad “cuenta hoy con más de 50 casos activos con diagnósticos PCR y múltiples casos con cuadro clínico u otros tipos de test. Entre los contagiados hay muchos que pertenecen a la comunidad educativa: docentes, personal escolar, alumnos y familiares de los mismos”.

A su vez las familias denuncian que “después de un año sin uso de los edificios escolares, éstos se encuentran en las mismas o peores condiciones (…) Justifica también nuestro pedido la falta de elementos de limpieza y condiciones para garantizar la eficiencia de los protocolos de bioseguridad”. Por último exigen que teniendo en cuenta “la experiencia del año pasado, sostenida por la descomunal labor docente, nos lleva a solicitar que el Ministerio de Educación (…) garantice la conectividad y el correspondiente soporte tecnológico para las familias que menos tienen con el objetivo de que más chicos puedan sostener su trayectoria educativa”.
Hay que recordar que en la localidad de Tilcara desde la Intendencia se solicitó autorización para desinfectar los establecimientos educativos los tres primeros días de la semana pasada, pero desde Ministerio de Educación no dieron el permiso para hacerlo.

La necesidad de organizarse desde abajo para imponerle un plan de lucha a las conducciones gremiales

Desde la agrupación docente 9 de abril señalaron que “venimos alertando sobre qué los gobiernos no garantizan condiciones seguras para la vuelta a clases y eso está trayendo ya consecuencias trágicas como el fallecimiento de dos colegas. Nos solidarizamos con su familia y compañeros/as de trabajo. Lo que hay detrás de este regreso irresponsable es responder a los intereses de los empresarios y la derecha, que exigen una apertura total de la economía y buscan recortar licencias a las familias que tengan hijos en edad escolar. En esto no hay grieta. Para gobiernos y patronales las escuelas son depósitos de niños y adolescentes para que sus padres y madres vayan a trabajar. Seguimos exigiendo la inversión necesaria en elementos sanitarios, de higiene, tecnológicos, en infraestructura escolar como también en transporte seguro. Desde abajo, con comisiones de seguridad e higiene, los trabajadores de la educación junto a familias y estudiantes, nos tenemos que organizar para imponer a las directivas gremiales un plan de lucha por todos nuestros derechos y por una vuelta segura. Somos la comunidad educativa quienes debemos resolver si se deben suspender las actividades presenciales y para eso tenemos que organizarnos”. (LID) Por Andrés García

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