Inundaciones. Los ríos crecen, las comunidades se hunden: el negocio del agua en el norte argentino

En Salta, Chaco y Formosa se vivieron inundaciones con miles de afectados. Los gobiernos, a pesar de tener sistemas de alertas tempranas de varios días de antelación, no se armaron para afrontar las crecidas del Pilcomayo y Bermejo. El agua como bien común en disputa, la dinámica de la deforestación y el agronegocio como trasfondo de este crimen social.

Las inundaciones en el norte de la Argentina están golpeando con fuerza a las comunidades de la región. Los ríos en esta época del año bajan con una fuerza enorme y un caudal que cuadruplica el normal llevándose todo por delante. Es un fenómeno que se repite periódicamente, sin que se implementen medidas contundentes por parte de los gobiernos en favor de las poblaciones. Por el contrario, las obras y la planificación están en función del agronegocio e intereses capitalistas.

Las provincias más afectadas son Salta, Formosa y Chaco. En medio del desastre, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz (ligado a Sergio Massa), viajó a Buenos Aires, mostrando su apoyo a Milei y convalidando el DNU del acuerdo por más deuda y sometimiento al FMI. Las prioridades quedan claras y solo pueden profundizar las desigualdades estructurales.

En estas breves líneas veremos algunas aristas de la problemática, ligada al comportamiento de los ríos que atraviesan este territorio, que deja a miles de personas a la deriva y en una situación de emergencia absoluta.

El Pilcomayo y el Bermejo son ríos en constante cambio. En invierno sus caudales disminuyen debido a la escasa precipitación en las cuencas altas de Bolivia, pero durante el verano, con la llegada de las lluvias las crecidas son intensas. Ambos ríos nacen en la Cordillera de los Andes boliviana, a unos 4500 metros sobre el nivel del mar, e ingresan a la Argentina ya como ríos de llanura, con alturas que no superan los 600 metros. En ese trayecto van acumulando sedimentos.

Se trata de cursos de agua que arrastran una enorme cantidad de tierra, al punto que se estima que son de los ríos con mayor carga sedimentaria del mundo: cerca de 125 millones de toneladas por año, cada uno. Esta situación genera múltiples consecuencias: el agua no es apta para el consumo sin tratamiento previo, es como tomar barro; los cauces están en constante cambio porque el propio barro del río tapona sus cauces, lo que pone en riesgo a comunidades ribereñas ya que el agua tiene que salir para algún lugar; y las obras hidráulicas resultan difíciles de mantener, ya que los sedimentos y las crecidas violentas pueden destruirlas si no cuentan con una planificación adecuada.

Sin embargo, la planificación actual responde más a intereses económicos que a las necesidades de las comunidades locales, compuestas en su mayoría por pueblos originarios.

La planificación en función del agronegocio

“¡Abran las compuertas!”, reclaman vecinos que viven cerca del bañado La Estrella, el segundo humedal más grande del país. En Formosa, sobre el cauce de El Salado —parte del abanico fluvial del Bermejo— se construyó una compuerta para contener agua durante las sequías, pero está inhabilitada desde 2018. Otra compuerta similar, sobre la Ruta Provincial Nº28, también está fuera de funcionamiento, y una tercera, ubicada en el kilómetro 37 de la misma ruta, está en manos de un terrateniente, que solo la abre cuando necesita agua para su cosecha. El resto del tiempo permanece cerrada, lo que impide el drenaje natural en momentos de crecida. Estas obras hidráulicas están construidas para las cosechas y para sostener el bañado como paisaje para el turismo, pero no para las verdaderas necesidades de la población local.

Situaciones como estas —con sus particularidades— se repiten en otros territorios, como sucedió en Bahía Blanca, donde los vecinos del barrio White denunciaron que las compuertas del barrio Bulevar no se abrieron, lo que agravó los efectos de la inundación.

En Chaco y Salta se registran casos similares. El agronegocio —basado en el cultivo de soja, maíz y algodón transgénico, además de la ganadería en feedlots— concentra los esfuerzos estatales a nivel económico y de planificación. Para el resto de la población, en cambio, apenas se construyen defensas precarias que no resisten el embate del agua y el barro, como sucedió en esta oportunidad, que las defensas desarrolladas en conjunto con el gobierno de Bolivia no resistieron y el agua ingresó con más fuerza en ambos lados del límite, dejando pueblos enteros bajo el agua.

El agua como bien común en disputa

El acceso al agua potable también refleja las desigualdades estructurales de la región. Una investigación reciente del CONICET, de Schimidt Mariana Andrea y Castilla Malena, expone esta brecha: mientras las comunidades locales dependen de pozos comunitarios, agua de lluvia o canillas en escuelas y centros de salud, los grandes emprendimientos agroindustriales cuentan con infraestructura de avanzada.

Al respecto, las autoras nos dicen que “en Salta, también es posible encontrar sectores concentrados del agronegocio regional que cuentan con obras hídricas a gran escala. Desdelsur SA, principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina y uno de los mayores exportadores de novillos del noroeste argentino emplazada en el departamento de San Martín, en 2019 recibió un crédito de U$S 30 millones para la ampliación de su feedlot y la sistematización y conducción de agua a nivel de parcela. Por su parte, Cresud, integrante del grupo IRSA y una de las compañías agropecuarias líderes en la región, tiene casi el 70 % de sus campos propios y/o concesionados en Salta y cuenta con sistema de riego subterráneo por goteo. Por último, La Moraleja es una empresa especializada en la producción e industrialización de limones ubicada en Luis Burela (Anta) que posee dos represas con un almacenamiento de más de 11.500.000 m3 de agua y un sistema de riego de más de 14.000 km de tuberías de goteo”.

Para graficar la situación, veamos los contrastes, la empresa La Moraleja S.A posee una gran infraestructura de manejo del agua (además de las miles de hectáreas de tierra), mientras que el acceso al agua de los pueblos de la zona es totalmente precario, agua que no es del todo potable y en condiciones de vida totalmente inhumanas.

Sistema de riego de la empresa La Moraleja S.A.

Pozo de agua que construyen las comunidades para recolectar agua.

En esta situación, los pueblos originarios y las comunidades locales tienen que proveerse de agua a través de la recolección de agua de lluvia o de los pozos comunitarios, de canillas en las escuelas o salitas de salud que las construyen para los vecinos.

Como se puede ver en el mapa a continuación desarrollado por la investigación citada, la disponibilidad de agua para consumo humano es muy precaria tanto en el sector este de la provincia de Salta como en Chaco en su totalidad. Como dijimos, no se puede tomar desde los propios cursos de agua, ya que cada metro cúbico de agua posee cerca de 15 kilos de tierra disuelta. Hay que tener en cuenta que un río “normal” arrastra entre 0.1 a 1 kilo de tierra disuelta por cada metro cúbico de agua. Pero la obra pública para que los hogares tengan agua potable sigue siendo una gran falta en todo el territorio.

Hogares con acceso a agua de red en las provincias de Chaco y Salta (2010). Elaboración de Schmidt y Castilla.

Lo que se observa en blanco en el mapa son sectores con disponibilidad de agua muy acotada, con menos del 50% de la población con acceso. El color celeste está entre el 51 y 75% de acceso y el color azul oscuro se encuentra en el rango del 76 al 100%, color minoritario en el mapa (representa parte de la provincia de Chaco y Salta, dicha muestra es lo suficientemente representativa para entender la dinámica del conjunto del territorio). El agua es un bien preciado, al que sólo las grandes empresas pueden acceder fácilmente con inversiones enormes amparadas por los gobiernos provinciales.

A partir de estos elementos, las autoras plantean que “las ya estructurales problemáticas hídricas regionales se exacerban en el marco del progresivo cercamiento y privatización de los territorios. Las actividades desplegadas por los emprendimientos productivos limitan cada vez más el acceso al recurso hídrico a poblaciones indígenas y campesinas. [...] En el Chaco salteño el acaparamiento de tierras ha funcionado como un mecanismo de apropiación y exportación del agua dulce disponible en la región. Estos procesos no se llevan adelante (no solamente, agregaríamos) por medio del saqueo explícito y/o violento, sino a través de la adquisición del derecho sobre el uso de la tierra, que permite el control de otros bienes asociados, como los bosques y el agua. Asimismo, es de destacar que dicho control está garantizado en gran medida a partir de la intervención y ejecución de políticas gubernamentales. Acueductos, sistemas de riego y plantas potabilizadoras —muchas de las cuales se abastecen con agua del río Bermejo—, son algunas de las infraestructuras que se despliegan en la región, irrigando agua en los campos del agro y secando y desabasteciendo a las comunidades locales”.

Esta dinámica trae violencia constante hacia las comunidades que defienden sus tierras frente a los grandes terratenientes que intentan avanzar sobre las comunidades para agrandar sus cosechas. Desalojos violentos, represiones, asesinatos por parte de la policía como el caso de Ivo Torres, jóven de 22 años asesinado por la gendarmería en La Quiaca, provincia de Jujuy, tierras que tienen dinámicas similares a las de Salta y Chaco.

La deforestación y las inundaciones

Como parte del análisis de las dinámicas territoriales, podemos observar una fuertísima deforestación en el territorio a partir del agronegocio. El recorte territorial que la investigación realiza expresa parte de Salta, Formosa, Chacho y Santiago del Estero, se observa a partir del coloreado negro superficie deforestada/desmonte.

Principales cuencas hídricas regionales y pérdida de bosques nativos (período 1998-2017). Elaboración de Schmidt y Castilla.

Este proceso causa múltiples problemas. El que tiene mayor impacto a partir de las crecidas de los ríos es el aumento del arrastre de los sedimentos del suelo y la mayor erosión de éste, con su consecuente pérdida de fertilidad. Otro elemento evidente es la pérdida de la biodiversidad y ecosistemas, desarrollando “desiertos verdes” de soja, algodón o maíz.

Todo este desarrollo del agro necesita del uso intensivo del agua, ya que si bien en verano hay lluvias que permiten la agricultura sin riego, en invierno sí o sí es necesario el cultivo bajo regadío por la temporada seca. Justamente para ello está orientada la planificación y gran parte de la infraestructura, al servicio del agronegocio y no de las necesidades de la población tan básicas como tener acceso al agua potable.

Panorama ante las inundaciones

En el marco de este proceso de décadas de desarrollo, que implica la responsabilidad de varios gobiernos peronistas y radicales, hoy tanto en Salta como en Chaco hay miles de evacuados y familias aisladas ante las inundaciones. Hubo alertas días antes de las crecidas de los ríos, ya que en Bolivia ya se habían producido desastres, alertas ignoradas por los gobiernos provinciales que no tomaron ningún recaudo. Insistimos: los ríos Bermejo y Pilcomayo tardan unos días en bajar desde la Cordillera en Bolivia hasta la Argentina, los gobernadores sabían por lo menos 36 horas antes de las crecidas que se venían y nada hicieron. Nada.

En este momento, la población que en su mayoría está sumida en una extrema pobreza, no tiene acceso a alimentos, ni medicamentos para poder afrontar las múltiples infecciones que se desarrollan en este tipo de situaciones. Las pocas pertenencias que poseían las perdieron y están sobreviviendo a partir del armado de espacios improvisados para poder refugiarse.

Es necesario un plan de obras públicas que realmente esté al servicio de las comunidades y el pueblo trabajador y no del agronegocio. Por el acceso al agua potable y servicios básicos como la luz, gas, internet, etc. Se necesitan subsidios para la reconstrucción de las casas de las comunidades y la recomposición de todo lo que perdieron, inclusive el ganado, animales y cultivos que son base material de vida de dichas comunidades. En este sentido, Alejandro Vilca, del PTS en el Frente de Izquierda, presentó un proyecto en el Congreso para que se declare la Emergencia.

También hay que parar el proceso de deforestación y el avance del agronegocio. Lejos de los manejos privados y estatales para los grandes negocios, la planificación tiene que tener en cuenta los diferentes pulsos que tienen los ríos Bermejo y Pilcomayo y sus períodos de crecidas. Basta de persecución a los pueblos originarios y a los trabajadores locales de la zona que resisten el intento constante de desalojo de sus tierras. (LID) Por Nehuen Brat