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Impunidad.Genocidio: a 15 años del inicio de los juicios, casi la mitad de los imputados está libre

Son 1661 represores, el 47 % de los que están siendo investigados en causas de lesa humanidad. Así lo indica el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

11 de mayo

El organismo que dirige la fiscal Ángeles Ramos, informó que en la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia.

Desde la reapertura de los juicios, un total de 3490 personas fueron investigadas. Actualmente, 859 personas tienen algún tipo de medida privativa de la libertad; en su mayor parte, el 75 %, se encuentran en arresto domiciliario: se trata de 636 integrantes del estado genocida que cuentan con ese beneficio. “Esta modalidad de detención predomina desde 2016”, señala el informe.

Solamente 159 personas, el 18,5%, se encuentran detenidas en unidades del Servicio Penitenciario. El 7,5% que resta, se encuadra en la categoría “otras”, que incluye hospitales o dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

A esta cifra hay que agregar otra que da cuenta de la impunidad de la que gozan quienes están implicados en delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica: la enorme cantidad de imputados que están directamente libres. Se trata del 47 % de los que están siendo actualmente investigados: 1661 represores pasan sus días impunes y en libertad.

El informe de la Procuraduría señala también, que hay 21 juicios en curso y otros 73 aguardan fecha de inicio de debate.

Por otro lado, la Procuraduría estudió las demoras en la tramitación de las causas de lesa humanidad. Desde el momento en que se requiere la elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pasan en promedio 5 años y 2 meses. Sin embargo, la instancia de mayor demora se registra en la etapa recursiva, cuando se plantean los recursos de apelación.

Mientras tanto, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida. Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas. A lo largo de este tiempo fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia. La impunidad biológica ha hecho una gran tarea.

Con los datos estadísticos cerrados al 16 de marzo pasado, suman 1025 los condenados y condenadas por estos crímenes desde 2006 -cuando se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos tras la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida-, mientras que 165 personas fueron absueltas.

Resulta de interés comparar la cantidad de condenados con el número de centros clandestinos de detención que se estima que hubo durante la dictadura para dar cuenta de la ínfima cantidad de genocidas que está pagando por crímenes cometidos. Se calcula que funcionaron 500 centros de exterminio; y el último informe, 15 años después del inicio de los juicios, señala que se condenó a 1025 represores: es decir que apenas hay castigados dos por centro clandestino. Una vergüenza.

A quince años de la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, dos históricos reclamos de sobrevivientes, querellantes y organismos de derechos humanos siguen vigentes y se demuestran urgentes: por un lado, que se unifiquen las causas por circuito represivo y que se juzgue a todos los genocidas por todas las compañeras y todos los compañeros detenidos desaparecidos. De este modo se podría terminar con el desfile de víctimas por los Tribunales que tienen que relatar lo que ya contaron durante estos casi 40 años en diversas instancias, revictimizándose y volviendo a vivir el horror una y otra vez.

Por otro lado, la apertura de los archivos, la entrega de las nóminas de todos los que fueron parte del engranaje genocida para poder avanzar con los juicios y lograr el juicio y castigo en cárcel común es un derecho elemental para las víctimas y para las nuevas generaciones. Sin la apertura de los archivos es imposible llegar a juzgar a todos los responsables. Es también un reclamo elemental para conocer el destino de los cerca de 400 nietos que todavía falta encontrar y que no tienen su identidad robada. (LID) Por Gloria Pagés / Hermana de desaparecidos

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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