Fue rechazada una demanda de Cristina Fernández contra el periodista Eduardo Feinmann

Se trata de un fallo que considera que las declaraciones del conductor de América contra la vicepresidenta están amparados por los principios de la “libertad de expresión” y la “libertad de prensa”.

Los hechos que motivaron la demanda iniciada por la vicepresidenta Cristina Fernández ocurrieron en el programa Animales Sueltos conducido por Alejandro Fantino, en el que Eduardo Feinmann era panelista.

El periodista lanzó en varias oportunidades una serie de epítetos y apreciaciones agraviantes contra Cristina Fernández, refiriéndose a ella como “coimera”, que quería ver presa a Cristina “tanto como cualquier delincuente común, porque lo es, su hijo Máximo, y toda la caterva”. También la calificó como “cretina”.

La expresidenta lo denunció por haber provocado daños en su honor con sus intervenciones en al menos ocho programas. Se refirió a “comentarios hirientes y ofensivos” en “forma sistemática, constante e infundada” que ofendieron su “honra, buen nombre e imagen”. Esto promovió por parte de Fernández una demanda por daños y perjuicios y lo demandó con una indemnización de un millón de pesos.

Entre las frases que la vicepresidenta citó en su demanda, está la siguiente: “Cristina no le daba plata a López en eso no miente. Claro, era López el que le llevaba la plata a Cristina y a Néstor. Toda la que recaudaba se la llevaba en bolsones, él, Jaime y compañía. Se la llevaban directamente a Cristina. Ella tiene una responsabilidad funcional. Ella no se puede hacer la idiota, era cómplice… por descuidada. Era la presidente de la república”.

Previo al fallo, se realizó una serie de audiencias de mediación que resultaron infructuosas.

El juez Ricardo Agugliaro, titular del juzgado civil 110, consideró, al rechazar la demanda de Cristina Fernández: “Quiero desde ya aclarar que no se encuentra en discusión el lugar que ocupa la garantía constitucional de la libertad de publicar las ideas por la prensa en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, ello no implica que el periodismo quede relevado del deber de reparar los daños causados por la difusión de noticias falsas o erróneas, o bien que invadan la privacidad, pues dicha libertad no significa impunidad, debiendo en consecuencia responderse por los daños que se pudieran haber ocasionado en ejercicio de la libertad de prensa, pues no se trata de un derecho absoluto”.

Luego de relatar que no tiene “dudas que las calificaciones realizadas por el demandado pudieron y pueden haberle molestado profundamente, no puedo dejar de mencionar que se trata de una de las personalidades públicas y políticas más importantes del país, que entre otras cosas ocupó en dos oportunidades la primera magistratura y que en la actualidad se desempeña como Vicepresidente de la Nación”, Agugliaro señaló también que “en todas las manifestaciones antes mencionadas, considero, siguiendo también un precedente de la Corte Suprema de Justicia, que con las expresiones de deseo de querer ver presa a la accionante a las afirmaciones sobre si es o no necia no acarrean ningún hecho ilícito concreto contra ella, y por lo tanto, no deben someterse a un test de veracidad, por cuanto se limitan a adjudicarle una determinada forma de actuar”.

"No cabe lugar a dudas que existe en la sociedad interés respecto del desarrollo de los procesos judiciales que le fueron iniciados a la accionante. (…) Las afirmaciones realizadas por el demandado constituyen a la postre afirmaciones dogmáticas que deben ser discutidas, pero de modo alguno es competencia del tribunal calificarlas como ofensivas en sí mismas", subrayó el juez.

Finalmente, el juez Agugliaro indicó que "uno de los problemas vivos de nuestro tiempo es la colisión que suele presentarse entre el derecho a la intimidad y el honor de las personas y la libertad de prensa. (…) El excesivo rigor y la intolerancia llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes".

El fallo fue apelado por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner y se encuentra en la Cámara Civil a la espera de resolución. (LID)