Entrevista a Éric Toussaint: “Argentina tiene la facultad de rechazar el pago de la deuda”

Fundó el Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM). Es una de las personas que más estudió sobre el endeudamiento de los países en todo el mundo. A continuación reproducimos una entrevista publicada en la Revista Mugica.

Éric Toussaint nació en Bélgica. Es historiador, doctor en Ciencias Políticas y activista político. Fundó el Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM). Es una de las personas que más estudió sobre el endeudamiento de los países en todo el mundo. A continuación reproducimos una entrevista publicada en la Revista Mugica.

Revista Mugica: Alexander Sack, en 1927, afirmaba que para determinar una deuda odiosa resulta indiferente la naturaleza del régimen, es decir, resulta indiferente si se trata de una dictadura o una democracia, ya que lo que es verdaderamente determinante es si esa deuda ha servido, o no, al pueblo. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? ¿No resulta demasiado ambiguo el concepto de “servir al pueblo”?

Éric Toussaint: Es totalmente claro que según la doctrina de Alexander Sack la naturaleza del gobierno no es el criterio para determinar el carácter odioso de una deuda. Él sostiene que un gobierno regular, es decir, el poder que gobierna, cualquiera sea, puede contratar una deuda odiosa. En relación al tema de “contraria al Pueblo”, en la doctrina hay tres términos que se refieren a esa contradicción: se habla de una deuda contratada contra el interés de la Nación, contratada contra el Pueblo y contra el interés del Estado. Depende de la ciudadanía, del Derecho interno y de la jurisprudencia internacional decir lo que es contrario al interés del Pueblo, de la Nación o del Estado. Entonces eso es parte de un debate democrático y para mí en cada circunstancia es necesario una auditoría, concluir sobre el carácter odioso, legítimo o no, legal o ilegal, de la deuda reclamada al país.

Si aplicamos la doctrina al caso concreto de Argentina, diría que la deuda contratada por Mauricio Macri con el FMI, tratándose de un gobierno regular y no de una dictadura, al recibir 44 mil millones de dólares para el uso que hizo Macri de ese dinero y que desembocó en una profundización de la crisis, es claramente contrario al interés del Estado, de la Nación y del Pueblo argentino.

Tanto Sack como ustedes en el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, hacen énfasis en la complicidad de los acreedores para determinar si una deuda es odiosa ¿Qué herramientas se podrían utilizar para establecer criterios objetivos en torno a cómo comprobar que los acreedores son cómplices?

Éric Toussaint: Se necesita una auditoría con participación de la ciudadanía del país pero me parece también muy claro que la complicidad implica el conocimiento del uso que se hace de parte de los prestamistas, ya sea una institución multilateral como el FMI, tenedores de bonos o bancos que otorgaron crédito al país. En el caso del FMI es indudable que este organismo dicta condiciones, así que conoce el uso de manera evidente. No solo lo conoce sino que participa del uso que se hará del dinero otorgado, se pone de acuerdo con el gobierno que pide prestado. De hecho hay una Carta de Intención que es negociada entre el FMI y el gobierno, sea el de Macri u otros, incluso con gobiernos dictatoriales. Respecto a los demás prestamistas, diría que hay una obligación de analizar de parte de un banco o un fondo de inversión, por ejemplo, la solvencia de la persona o del país que le está pidiendo dinero; eso ocurre en general, incluso cuando un banco otorga un crédito a una empresa o una familia tiene la obligación de averiguar la solvencia y discutir las condiciones entre otros aspectos. Entonces, en el caso de bonos, el gobierno emite un prospectus explicando la situación económica, en qué condición está contratando la deuda, y el fondo de inversión tiene la obligación de analizar la veracidad de ese prospectus. Es evidente que quienes compraron bonos centenarios emitidos por el gobierno de Macri no hicieron un análisis serio para prestarle a la Argentina dinero a cien años, tomando en cuenta las condiciones en las cuales se encontraba la economía; lo hicieron porque el rendimiento era casi del 8 % cuando los bonos soberanos de EE. UU. eran pagados al 2 %. Entonces los bancos norteamericanos buscan una ganancia mayor pero saben perfectamente que si el país propone casi 8 % quiere decir que hay un riesgo. Por ejemplo, países como Alemania, Francia o EE. UU. piden dinero prestado a tasa negativa o alrededor de menos de 1 %, como máximo 2 %. Por lo tanto, un país que pide prestado al 8 % deja en evidencia que hay un riesgo. En consecuencia, los prestamistas tienen que asumir el riesgo que tomaron comprando el bono y, si se demuestra que aceptaron explicaciones mentirosas de parte del gobierno sobre la situación real, entonces hay una falta, una culpa de los tenedores de bonos. Es fundamental para un Estado poner ante su responsabilidad, la responsabilidad del inversionista que compra bonos.

Dejando de lado por un momento la responsabilidad de los acreedores ¿Qué responsabilidades le cabe al Gobierno local y desde qué lugar podría ser juzgado? ¿Hay algún tipo de organismo internacional que debiera intervenir?

Éric Toussaint: La doctrina de la Deuda Odiosa dice que, al cambiar el gobierno, el nuevo gobierno puede negarse a asumir la deuda contratada por el anterior argumentando que no han sido ellos quienes han firmado ese contrato y que los acreedores compraron los bonos ayudando al gobierno saliente aun sabiendo que era muy riesgoso. También el nuevo gobierno puede hablar del uso del dinero si se demuestra que el gobierno anterior acumuló deuda para mantenerse al poder, por ejemplo, para intentar, como en el caso de Mauricio Macri, mantenerse en el poder en las elecciones siguientes, aunque finalmente no haya funcionado porque la crisis se profundizó. Con el gobierno Macri, en 2016 ya había empezado a aumentar la deuda y en 2017 se emitió el bono a cien años lo que era una locura. En 2018, hubo un aumento acelerado con el préstamo del FMI de cara a las elecciones. Entonces eso se puede analizar desde la perspectiva de que acumuló deuda en su propio interés para ganar las elecciones sin respetar el interés de la Nación.

No hay ningún Tribunal Internacional sobre las deudas. Es un tema que lleva ya más de un siglo y que tiene que ver con toda la historia de Argentina. Al final del siglo XIX e inicios del siglo XX, dos grandes políticos y juristas, un argentino y un uruguayo, Luis María Drago y Carlos Calvo, pelearon contra ese tema, incluso sobre el uso que hacían de su posición de acreedor los prestamistas como Inglaterra, EE. UU. y Francia. Y hubo una negociación en La Haya. Fue la Primera Conferencia Internacional de La Haya y el tema era la deuda. Nació la Corte Permanente de Arbitraje. Este Tribunal sigue existiendo pero no tiene competencia en el tema deuda, excepto si se trata de una deuda entre dos Estados. Lo concreto es que ya en las negociaciones entre Drago, en representación de Argentina y EE. UU. en La Haya, en 1906 y 1907, se discutía constituir un Tribunal Internacional y no se logró. Con la crisis de los años ‘30 hubo, nuevamente, una discusión sobre un organismo internacional pero no llegó a nada y después de la crisis de Argentina en el año 2001, la directora del FMI, Anne O. Krueger, del lado de EE. UU., también habló de un mecanismo multilateral de negociación pero no desembocó en ninguna decisión. Por lo tanto, no hay Tribunal Internacional que sea competente para sentenciar sobre la deuda de un país con un organismo multilateral o acreedores privados. Por eso la solución es el ejercicio de la soberanía, es decir, un gobierno que se basa en la jurisprudencia, el derecho internacional, el derecho interno, su Constitución interna, y toma una decisión justificada de manera soberana.

En contextos donde las deudas están “financiarizadas” y su lógica es la de renovación automática, dispersada en una multiplicidad de acreedores, que ya ni siquiera se saben quiénes son ¿cómo se podría determinar qué parte de esa deuda es odiosa y qué acreedores son cómplices?

Éric Toussaint: Un fondo de inversión que compra deuda en el mercado secundario tiene que analizar también la situación en la cual se encuentra el país. El comprador de bonos sobre el mercado secundario no puede afirmar “no sé nada de la situación del país, compré ese bono y deben pagármelo”. Sabemos que ellos analizan la situación y por eso nos referimos a los “fondos buitre”, es decir, fondos que compran bonos con la mega intención de enjuiciar al país, sabiendo perfectamente que el país se encuentra en una situación económica muy mala que hace que los bonos se vendan al 10 o 20 % del valor nominal. La estrategia de los fondos buitre es esperar un mejoramiento de la situación, como ocurrió con Argentina después de 2005, para enjuiciar al país. Creo que una solución reside en que un gobierno legítimo puede exigir un registro de los acreedores, en un momento dado, para negociar solo con los tenedores de bonos que se declaren ante la autoridad. Tienen que registrarse ante el Consulado de Argentina en E.E.U.U., Italia o donde reside el tenedor, y así es posible un control internacional. Hay una jurisprudencia en relación a esto y es el caso de México contra sus acreedores, principalmente norteamericanos en los años ‘20, ‘30 del siglo pasado. México llegó a un acuerdo con el cártel de acreedores que estaba presidido por el banco JP Morgan y en esa oportunidad quedó estipulado que todos los tenedores tienen que registrarse, presentar sus bonos, para que el consulado pueda estampillarlos y entonces el bono no puede cambiar más de mano, ya que el bono es “al portador” y no aparece el nombre del comprador. Para determinar la parte odiosa, o no, entra en juego el tema de la re-estructuración de la deuda: o es una re-estructuración de alguna manera negociada, interminable, o un Estado soberano, con un gobierno legítimo, puede presentar sus argumentos, propuestas y la fecha final para entregar los bonos. Todo esto implica construir una argumentación fuerte y una correlación de fuerzas en favor del deudor frente a los acreedores.

En 2015, a partir de una decisión del Parlamento, usted comandó el Comité para la Verdad de la Deuda Pública Griega ¿Qué resultado arrojó ese informe y cómo fue tomado por el gobierno?

Éric Toussaint: La verdad pura es que el gobierno griego realmente no hizo caso a la Comisión de auditoría y a la decisión de la presidencia del parlamento. Oficialmente, y ante el pueblo griego, el gobierno apoyaba; el primer Ministro vino a la inauguración de la auditoria el 4 de abril de 2015 y asistió también a la presentación de las conclusiones pero estaba con otra lógica real de negociación y fue un desastre para Grecia. Para mí el caso griego es el ejemplo de un gobierno que no tiene el coraje de enfrentarse realmente a los acreedores. Y la consecuencia actual es que, en Grecia, la relación de la deuda pública con el Producto Interno Bruto es de casi el 200 %. La situación es absolutamente tremenda, no hubo ninguna reducción de deuda entre 2015 y 2020. Es un desastre lo de Grecia, hay una desilusión y desmoralización en la población. El ejemplo positivo es Ecuador en 2007/2008 o Islandia en 2008 y un ejemplo muy triste es lo de Grecia en 2015.

En base a lo explicado anteriormente, usted entiende que la deuda argentina puede ser pensada como “odiosa” ¿Considera entonces que estaríamos facultados a rechazar el pago de la misma?

Éric Toussaint: Sí, estoy convencido que sí y que solamente frente a una decisión muy fuerte, basada en argumentos de Derecho internacional y de Derecho interno, un país puede tener esa fuerza. Por eso es muy importante para mí la auditoría, haber informado como gobierno a la ciudadanía, haberla asociado al análisis de las deudas reclamadas para tener legitimidad en la decisión y el apoyo popular. Implementar una decisión implica, por supuesto, confrontación con los acreedores pero la relación entre potencias de dinero y de gobierno no es una historia de una negociación amable y tranquila: es también un juego de fuerzas. Y lo digo francamente. No se logra solamente con el apoyo moral del Papa Francisco, o el gesto amistoso de otros gobiernos que hacen declaraciones. El gobierno de un país endeudado, si está convencido que tiene el derecho de negarse a pagar, tiene que tomar una decisión fuerte para construir la correlación de fuerzas frente a los acreedores.

Teniendo en cuenta la situación de la pandemia y las herramientas legales que permitirían a un Estado decidir el cese de los pagos por razones de necesidad, cambio en las circunstancias o fuerza mayor ¿Cree que Argentina perdió una oportunidad para rechazar el pago de la deuda?

Éric Toussaint: Sí, se perdió una oportunidad pero se puede retomar la iniciativa porque el argumento puede ser que el país había esperado la comprensión pero que ahora se encuentra enfrentando una segunda ola de la epidemia a nivel de las Américas. En estas circunstancias el gobierno necesita tomar medidas de urgencia, comprar equipos para enfrentar la situación y priorizar la salud del pueblo; entonces, tal decisión de impago es independiente de la naturaleza odiosa o no de la deuda. Es el tema de estado de necesidad, fuerza mayor y cambio fundamental de circunstancias.

Se suele afirmar que, más allá de lo legal, en la práctica, negarse a pagar una deuda, aun cuando fuera odiosa, tendría un enorme costo para un país en lo que respecta al acceso al crédito para el sector público y privado ¿Cuál es su opinión al respecto?

Éric Toussaint: Hay muestras de varios estudios en relación a este tema, incluso de gente del Banco Interamericano de Desarrollo o antiguos altos funcionarios como Ugo Panizza, que ahora es profesor en Ginebra. Él escribió un estudio en 2011 diciendo que la suspensión de pago es el inicio de la recuperación económica y lo dice basándose en Argentina 2001/2005, Rusia 1998/2003 y otros casos.

En un artículo publicado por el Journal of Development Economics [1] titulado «The elusive costs of sovereign defaults», Eduardo Levy Yeyati y Ugo Panizza, dos economistas que trabajaron para el Banco Interamericano de Desarrollo presentan los resultados de sus minuciosas investigaciones sobre las cesaciones de pago correspondientes a unos cuarenta países. Una de sus conclusiones es la siguiente: «Los períodos de cesación de pagos marcan el comienzo de la recuperación económica». [2] No se puede explicar mejor.

En un libro colectivo publicado en 2010 por la Universidad de Oxford [3], Joseph Stiglitz afirma que Rusia en 1998 y Argentina durante los años 2000 ofrecieron la prueba de que una suspensión unilateral del reembolso de la deuda puede ser benéfica para los países que tomaran esa decisión: «Tanto la teoría como la práctica sugieren que la amenaza del cierre del grifo del crédito probablemente haya sido exagerada» (p. 48).

«En ese escenario, el número de empresas locales que quiebran disminuye porque los tipos de interés locales son más bajos que si el país hubiera continuado pagando su deuda , y al mismo tiempo porque la situación económica general del país mejora. Puesto que la economía se refuerza, la recaudación de impuestos aumenta lo que mejora el margen presupuestario del gobierno. […] Todo eso significa que la posición financiera del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos.» (p. 48). Y agrega: «Empíricamente, hay muy pocas pruebas que acrediten la idea de que una cesación de pagos conlleve un largo período de exclusión del acceso a los mercados financieros. Rusia pudo pedir prestado de nuevo en los mercados financieros dos años después de su cesación de pagos que había sido decretada unilateralmente, sin una consulta previa a los acreedores. […] Por lejos, en la práctica, la amenaza de ver el grifo del crédito cerrado no es real.» (p. 49).

Hay varios análisis que muestran que hay una competencia entre prestamistas. Entonces si un país impone a sus acreedores una quita muy fuerte, cuando mejora la situación económica, se presentan otros prestamistas potenciales, que incluso basan su decisión de otorgar crédito en que mejoró la situación del país, se redujo la deuda y aumentó, o volvió, el crecimiento económico. Entonces la idea de que un país que suspende el pago de esa deuda no logra volver a los mercados es una idea falsa.

¿Qué expectativas tiene en relación al escenario post-pandemia?

Éric Toussaint: En lo inmediato la situación será peor porque los Estados están aumentando muchísimo la deuda pública. En Europa esto es evidente. En mi país, Bélgica, el ratio deuda pública/PIB era del 100 % y oficialmente va a pasar a 120 % a fin de año, al igual que Francia. Por su parte, Italia va a llegar al 150 %, entonces la situación de países del sur como Argentina, Brasil o África del sur, está empeorando. Para enfrentar la crisis económica los Estados buscan nuevos créditos y en el norte ocurre lo mismo, así que mi impresión es que las crisis de deudas públicas van a agudizarse en los próximos 5 o 10 años y será un tema nuevamente muy central a nivel internacional. Países como Brasil, Sudáfrica y países del norte como la mayoría de los países europeos, van a encontrarse en una nueva situación muy difícil y con temas de suspensión de pagos posible, re-estructuración de deuda y negociaciones muy largas, entre otros aspectos.

Fuente: Revista Mugica

Notas

[1] Journal of Development Economics 94 (2011), p. 95-105

[2] «Default episodes mark the beginning of the economic recovery».

[3] Herman, Barry; Ocampo, José Antonio; Spiegel, Shari, 2010, Overcoming Developing Country Debt Crises, OUP Oxford, Oxford, ISBN: 9780191573699