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Deuda.La “letra chica” del acuerdo con el FMI: ajuste por inflación, extractivismo y posible reforma previsional

La información que se conoce del Memorando de política económica y financiera evidencia que vendrán nuevos ataques sobre las grandes mayorías populares. Muy lejos de un acuerdo sin condiciones como habían anunciando el presidente y el ministro Guzmán.

22 de febrero

Este fin de semana se empezaron a conocer los detalles del Memorando de política económica y financiera que se discute entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno argentino. Lo que se dio en llamar “la letra chica” del acuerdo que, todavía, debe pasar por el Congreso de la Nación para ser aprobado. La información conocida -que circuló ampliamente en diversos medios de comunicación, tanto oficialistas como opositores- confirma por primera vez los condicionamientos graves para las mayorías populares que traerá aparejado el acuerdo. El mismo implicará una suerte de co-gobierno entre la administración nacional y el FMI.

Las fuentes a las que tuvo acceso La Izquierda Diario indicaron que el documento en cuestión mantiene una serie de indefiniciones en diversas áreas y aspectos. Sin embargo, su tónica general marca un rumbo de ajuste que incluiría evaluar aspectos del sistema previsional; las implicancias del uso “racional” del gasto público, incluido un encorsetamiento del salario estatal; la injerencia del Fondo en el plan de desarme de subsidios energéticos; los “consejos” sobre el tipo de cambio y las metas de (bajo) crecimiento y reservas, entre otros puntos.

A continuación, se repasan algunos de los puntos que estarían incluidos en el Memorando.

Bajo crecimiento, ajuste y dólar competitivo

Con el anuncio de los lineamientos generales del preacuerdo empezó a ser evidente que, lejos de lo publicitado durante meses, el acuerdo con el FMI implicará un ajuste sobre las condiciones de vida de las mayorías. Intentando negarlo, el oficialismo presentó un horizonte donde la reducción del déficit fiscal exigida por el organismo internacional, se alcanzaría a partir de sostener el crecimiento en los próximos años.

Sin embargo, la información que se conoció sobre el borrador de acuerdo muestra un camino de “aterrizaje suave” de la economía. El crecimiento directamente queda sacrificado. La pauta de crecimiento establecida para la economía argentina (PBI) para los próximos años se ubica en 3,5%-4,5% (2022); 2,5%-3,5% (2023) y 2,5%-3,0% (2024). Es decir, un camino que es el opuesto al crecimiento.

Pero si la tasa de crecimiento es descendente ¿cómo se llegarían a recuperar los ingresos públicos para alcanzar los objetivos fiscales sin que esto afecte las partidas presupuestarias en términos reales?

La respuesta está en otro lado. Evidenciando la mecánica central del ajuste, los cálculos inflacionarios adelantan una persistencia de ese fenómeno. Las previsiones la ubican en un rango de entre 38,0 %- 48,0 %; (2022); 34,0 % -42,0%; (2023) y 29,0% -37,0% (2024). Sin embargo, para este año, la inflación estimada por consultoras privadas y economistas se encuentra en alrededor del 55 %. Si se compara contra el dato oficial, la cifra está entre 17 y 7 puntos de diferencia. Queda en evidencia que la licuación inflacionaria será la vía para atacar (ajustar) partidas presupuestarias y los ingresos populares.

Respecto al dólar oficial, el Fondo aconseja que se mantenga un tipo de cambio competitivo, sin especificar niveles ni mecanismos de actualización. Esto podría implicar una devaluación progresiva, administrada y sin sobresaltos. Es decir, nuevos golpes al bolsillo popular. Según diversas fuentes, el preacuerdo, además, propone mantener el control de cambios, lo que en los hechos implica continuar con medidas como el “cepo” que opera sobre la compra de dólares, así como las distintas medidas adoptadas sobre las transacciones de divisas. Sin embargo, el dato esencial aquí reside en que las medidas podrían irse reevaluando en función de una estrategia delineada conjuntamente con los enviados del FMI.

¿Reforma jubilatoria en puerta?

El documento delineado con el lápiz del FMI parece confirmar la pérdida de poder adquisitivo que jubilaciones y pensiones sufrieron de los últimos años, dado que no prevé mecanismos para revertir este robo. Se mantendrá vigente la movilidad previsional actual, sancionada en 2020.

Al mismo tiempo, según pudo confirmar LID por diversas fuentes, el documento contiene lo que podrían convertirse en pilares de una reforma previsional: 1) Deja abierta la posibilidad de modificar los regímenes especiales previsionales. Los mismos incluyen regímenes de privilegios -como el de jueces y diplomáticos-, pero también alcanza las jubilaciones docentes y de otros sectores de la clase trabajadora. 2) Se evaluarán mecanismos que favorezcan “la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”. Esto podría terminar en una suba encubierta de la edad jubilatoria.

Este medio logró confirmar que el texto incluye una frase en la que se explicita que se harán estudios que describan “opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”. Los mismos deberían presentarse hacia finales de septiembre de 2022.

“Gasto” eficiente: salarios por detrás de la inflación
El documento de la negociación se referiría a la inflación como un fenómeno multicausal. Sin embargo, dentro de las herramientas destinadas a enfrentar ese problema parecería primar un enfoque monetarista: aumento de tasas de interés en consonancia con los pedidos del FMI; mejora de los mecanismos de transmisión de la política del Banco Central; progresivo desarme de las Leliq en favor de financiamiento de los bancos comerciales al Tesoro, para cubrir déficit. Con medidas se ese tipo se estaría favoreciendo los negocios de la gran banca privada, al tiempo que se limita el financiamiento desde el BCRA.

En el texto también se apuntará a otros mecanismos en función de contener la inflación. Diversas fuentes confirmaron a La Izquierda Diario que un apartado del Memorando afirma “nuestras políticas de ingresos y precios se ajustarán en función de las circunstancias cambiantes para atacar la inercia y orientar las opiniones sobre la dinámica de la inflación futura”. La definición, ambigua en sí misma, abre la posibilidad que la política de ingresos se utilizada para atacar la inflación. En ese marco no pueden descartarse, por ejemplo, opciones como el congelamiento o la reducción salarial, tanto en el ámbito privado como público.

En este terreno, el documento también dedicaría un punto a la administración de la masa salarial del sector público. Según confirmó este medio, un apartado del texto apuntaría a “administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con el crecimiento de la economía”. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado podría despedir, congelar salarios estatales o reducirlos si eso no fuera acorde al crecimiento general.

En la misma tónica, en función de “racionalizar” el gasto, el Memorando habilitaría a limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales. Otro mecanismo de ajuste.

Sin límites para el ajuste, en cuanto al gasto social se lee que el “programa establecerá una base de gasto en nuestros programas emblemáticos de apoyo - AUH, Tarjeta Alimentar, Progresar- con mejoras en su cobertura en caso de deterioro de las condiciones sociales”. El FMI que no cambió, propone “reorientar el gasto hacia programas de capacitación y empleo, y desarrollar sistemas presupuestarios para asegurar que el gasto aborde inequidades de género”. El broche de oro es que trabajarán en conjunto con bancos de desarrollo para avanzar en esta focalización del apoyo social y en una revisión integral de los programas de apoyo social y su estrategia, que podría ser publicada hacia finales de diciembre de 2022.

La batalla de las tarifas

El texto también contiene diversos puntos alrededor de las tarifas y de los subsidios destinadas a las mismas. Según diversas fuentes, un párrafo indica explícitamente “desarrollaremos, con el apoyo de la asistencia técnica del Banco Mundial y el FMI, un plan a mediano plazo para reducir de forma constante y paulatina los subsidios a la energía y mejorar la eficiencia del sector, anclado en nuestro objetivo de recuperar costos”.

Este plan debería ver la luz a fines de septiembre de 2022. El objetivo central, según lo indica el mismo borrador, es garantizar el logro de la reducción del 0,6 % del PIB en subsidios a la energía durante el año en curso. Esto, como ya es público, implicará nuevas subas en las tarifas, que impactarán retroalimentando la dinámica inflacionaria, concretando nuevos golpes al bolsillo de los trabajadores.

Las puertas abiertas a reformas estructurales
A contramano de lo que sostuvo Martín Guzmán cuando a finales de enero anunciaba el pre acuerdo con el FMI, en el borrador le abre las puertas a cambios estructurales en distintos aspectos de la economía, como el de las jubilaciones que repasamos más arriba.

Se pueden ver muchas “marcas estructurales” sobre reformas a implementar como la administración de los flujos de capitales con el exterior, plan para la AFIP, plan para reducir de forma constante y paulatina los subsidios a la energía, plan para focalizar los planes sociales, entre otros.

En todos los casos son planes con fechas de presentación definidas y serán parte de los objetivos a ser tratados en las revisiones trimestrales que quedan confirmadas. Bajo estas condiciones Guzmán y el staff del FMI delinearon un documento de entendimiento en el marco de alcanzar un programa de Facilidades Extendidas para pagar el acuerdo “stand by” del macrismo con un financiamiento neto adicional cuya cifra todavía es indefinida, pero sería probable que se acerque a las US$4.000 millones adicionales, similar a la recuperación de los DEG.

Más extractivismo

En el texto que se empezó a difundir en las últimas horas, un aparado haría referencia al desarrollo de “políticas ambientales” y al abordaje de “los desafíos del cambio climático”. Sin embargo, esas intenciones formales no parecen tener consecuencias.

Según confirmó este medio, el Memorando explicita la búsqueda de la “expansión de las exportaciones a través de incentivos para sectores estratégicos”. Esto incluye “la reglamentación para incentivar la inversión y las exportaciones en sectores estratégicos - incluyendo la economía del conocimiento (aprobada en 2020), los hidrocarburos, la minería, la agroindustria”. El extractivismo sigue estado en el centro de la agenda del oficialismo y de sus negociaciones con el FMI.

LID

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