CIUDAD MUNICIPAL: CRONICA DE UN FRAUDE.

El crédito de 35 millones de pesos que se gestiona para financiar la construcción del edificio de la Ciudad Municipal se encuentra demorado. Rumores que se acrecientan instalan la versión de que el Banco Patagonia habría informado el desistimiento de una oferta enmarcada en una secuencia sospechosa.

La decisión oficialista de construir un edificio que albergue todas las dependencias del municipio dio motivo a simuladas batallas electorales en las que los opositores -genuinos y simulados- pregonaron la necesidad de rechazar el proyecto y avanzar hacia la descentralización. La actual Ministro de Trabajo y Previsión Social –Nora Giménez- y los radicales estuvieron contestes con esta postura, mientras que el Partido Obrero y Movimiento Barrios de Pié denunciaron actos de corrupción y el novísimo Partido Propuesta Salteña (PPS) esgrimió que el empréstito no debía afectar las previsiones financieras ni superar los 12 millones.

Los resultados del 28 de Octubre pasado tuvieron efectos sorprendentes en algunos concejales. Los ediles del PJ, PV, PRS, Barrios de Pié y PPS aprobaron el contrato en la última sesión del año pasado. Quienes eran reticentes en septiembre, aceptaron los caprichos del Isa cuando Juan Manuel Urtubey cambió de criterio y consideró esta obra imprescindible. Lo animaba la necesidad de consolidar un eje partidario dentro del PJ, al cual regresó cual si se tratara del “hijo pródigo”.

Atrás quedaron los graves cuestionamientos referidos a la conveniencia económica de la permuta. El periodista Jorge Villazón, en plena campaña proselitista, había dado a conocer en un programa televisivo que la dimensión del inmueble que entregaba el empresario Roque Lozano no abarcaba –como hasta el más advertido creía- el desaparecido “Hiper Lozano”, sino solamente la parcela colindante de menor tamaño e inferior valor. La difusión inicial este contrato estuvo animada por operadores cómplices de una estafa?

El Tribunal de Cuentas Municipal, en un derrotero negligente que linda con el delito, dio luz verde a la operación con un híbrido dictamen en el que se abstuvo de expedirse sobre la conveniencia económica invocando la carencia de elementos. El filtro para evitar el asalto a la hacienda pública no hizo uso de las atribuciones que lo habilitaban a suspender el acto administrativo hasta que relevara eficientemente las consecuencias del convenio e imprimió velocidad inusitada a una intervención que no duró más que algunas horas.

En ese acotado marco de tiempo, al órgano de control dice haber analizado de manera responsable una operación que trocó un predio alejado del casco céntrico que se cotizó en $21,3 millones, por la actual sede de La Florida 62 valuadaen $8 millones –incluye $2 millones por diferencia de precio entre el Teatro Victoria y el Teatro Alberdi que cedió a la Provincia-; las instalaciones de La Florida 86 por $4 millones; los 8.500 m2 de San Luis y Santa Fe por $3 millones; la sede del Tribunal de Faltas en San Martín y Jujuy por $1 millón y los 814 m2 del inmueble de Irigoyen 353 por $500.000. Por si esto fuera poco debemos una diferencia de $6,8 millones en efectivo.

Ningún técnico de este tribunal controló la veracidad de las valuaciones, a pesar de que nadie lo había hecho en defensa de los intereses del Municipio y todo quedó en manos de una inmobiliaria privada. El pseudo órgano de control ni siquiera contó con las cédulas parcelarias que acreditaran la titularidad de los inmuebles en juego.

Es evidente que en la consumación del fraude concurren diversos factores. Funcionarios del Departamento Ejecutivo cebados en concretar el negocio a cualquier costo; un Tribunal de Cuentas intencionadamente estéril y un Concejo Deliberante maleable. Desde el 28 de Febrero pasado nos encontramos en la obligación de entregar la totalidad de los inmuebles en las que se prestan servicios públicos esenciales. Ni hablar de que sobre la rudimentaria base de un galpón debemos afrontar el costo del nuevo edificio que prevé 8.074,42 m2 para la planta baja; 5.272,13 m2 de un entrepiso y 632,55 m2 de un ala secundaria.

Una renegociación que tuvo alta cuota de clemencia ha permitido a las autoridades municipales disimular el pago de la multa por la demora en la entrega de $300.000, y dentro de poco tiempo estaremos nuevamente expuestos al pago de otras indemnizaciones por el incumplimiento de lo pactado. Isa ha comenzado a abrir el paraguas y ya alquiló un inmueble en calle Juramento al 300 donde funcionará el área de Obras Publicas.

La erección de la Ciudad Municipal no constituía una “cuestión de Estado” en un municipio que propende a la tercerización o privatización de servicios. La recolección de residuos, el transporte, la iluminación, el cobro de impuestos, la Terminal de Ómnibus, todos en manos de sociedades privadas o mixtas, permiten concluir que se ha desguasado la competencia originaria de la Intendencia Capitalina.

Otros pasos del Intendente y el Concejo Deliberante aportan al polémico proyecto. Mientras se ha expropiado otro inmueble y se planifica una rotonda que facilitará un “Acceso Sur” directo, hace más de una semana –casi en coincidencia con la fecha que originariamente se había previsto para el Centro Cívico- se ha inaugurado en la vecindad un hipermercado de la cadena Wall Mart que espera pacientemente que Isa y sus iluminados le entreguen la clientela en bandeja de plata.

Se animará el Concejo Deliberante a volver sobre sus pasos y condenar políticamente el desacierto? El Tribunal de Cuentas Municipal cumplirá con su deber de enjuiciar a los responsables? A muchos vecinos debe permitírsenos el derecho a dudar de quienes cotidianamente renuncian a ingresar en la despoblada categoría de los funcionarios honestos…