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Vivienda.Procrear 2022: el Gobierno dio inicio al plan Casa Propia ¿quiénes se pueden inscribir?

El Ministerio de Desarrollo Territorial lanzó este lunes la línea de créditos Casa Propia que incluye préstamos para la construcción de hogares y refacciones. Los requisitos y el cupo reducido para acceder limitan el beneficio a un sector reducido de la población, excluyendo a los trabajadores no registrados, a los desocupados y a los sectores de bajos ingresos; que a la vez son los que en peores condiciones habitacionales se encuentran.

4 de enero de 2022

Este lunes se abrió la inscripción para el otorgamiento de créditos de Procrear de la línea Casa Propia, destinados a construcción de viviendas en lote propio de hasta 60 metros cuadrados. También hay una línea de préstamos para realizar refacciones en viviendas ya construidas. Con este programa el Gobierno informa en su página web oficial que “se propone generar 264 mil soluciones habitacionales para todo el país” hasta el 2023. No detalla cuántas de estas “soluciones” corresponden a nuevas viviendas y cuántas a refacciones.

Según los últimos datos publicados por el Indec, correspondientes al primer semestre del 2020 el 4,2 % de las personas en los aglomerados urbanos viven en hacinamiento crítico, es decir, más de tres personas por cuarto. Si se proyecta a todo el país, serían 1,9 millones de personas. Además casi la mitad de las personas en las ciudades (49,1 %) no acceden a algún servicio o red pública (cloaca, red de gas o agua corriente). Si se proyecta a todo el país, serían alrededor de 22 millones de personas. Por lo tanto, la necesidad de mejorar su hogar o tener una vivienda es mucho más grande que los planes en curso por parte del Estado.

Quienes deseen aplicar a los créditos para la construcción de una vivienda familiar deben contar con una antigüedad laboral, en un empleo registrado, no menor a los 12 meses con ingresos de entre $53.500 y $175.000, no tener antecedentes financieros negativos en los últimos 9 meses y no encontrarse inhibidos. Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente. Además de tener un terreno propio, algo nada fácil en la Argentina.

Así quedan afuera un tercio de los trabajadores ocupados por tener empleos no registrados, los desocupados, las trabajadoras de casas particulares al tener ingresos muy por debajo de los requisitos, entre otros sectores.

Para aquellos que sí pueden acceder y salgan elegidos en el sorteo, deberán pagar una cuota que el Gobierno anuncia tendrá una tasa del 0 %, pero el crédito se actualiza mensualmente según el coeficiente Casa Propia que se ubicó por encima del 3 % mensual en los últimos meses. Este coeficiente (elaborado y publicado por el ministerio de Desarrollo territorial y hábitat) depende del promedio de la variación salarial del último año y del promedio de la inflación del mismo período.

Los montos que se otorgan para la reparación de viviendas van desde los $100.00 hasta $240.000 y se pueden devolver en hasta 36 cuotas. En tanto, los créditos para construcción son de hasta $4.000.000 a 30 años. Estos programas funcionarán mientras siguen vigentes los créditos UVA otorgados bajo el macrismo que Alberto Fernández, en campaña electoral, se había comprometido cambiarlos por otros cuyas cuotas no se vuelvan impagables.

Crisis habitacional

Según el Censo Nacional de 2010, el déficit habitacional alcanza 3,5 millones de viviendas: comprende a 1,3 millones de viviendas faltantes y 2,2 millones de viviendas que no proveen a quien la habita las condiciones mínimas para mantener un nivel de vida digno. Estos números son de hace más de una década, algunas estimaciones más recientes indican que no variaron mucho hasta 2018/2019. Pero, con la crisis social y sanitaria es probable que se hayan ampliado.

Programas como el Progresar o Casa Propia si bien le permiten a algunos miles mejorar su situación, dejan intactos los grandes negocios de las empresas constructoras, la especulación inmobiliaria y las ganancias de los bancos con las altas tasas de interés. Mientras millones continúan sin poder cumplir su sueño de tener una vivienda digna.

A aquellos que pelean por poder garantizarse un techo, como las familias de Guernica, del barrio la Nueva Unión (en la Matanza) y tantos otros, el Frente de Todos les responde con represión y amenazas de desalojo.

El Gobierno no busca soluciones de raíz para este grave problema, por el contrario privilegia seguir cumpliendo con el FMI, pagando los vencimientos de deuda y ajustando el gasto público. Desde la asunción de Alberto Fernández, se destinaron más de US$ 6.400 millones para el organismo internacional, una suma que equivale a la construcción de más de 180.000 viviendas.

Un plan de obras públicas, a gran escala, financiado en base al no pago de la fraudulenta deuda externa abriría la posibilidad de terminar con la crisis habitacional que lleva décadas provocando sufrimientos a millones de familias. (LID)
Por Matías Hof

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