El gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto que declara la Emergencia Ígnea y la zona de desastre en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Presentado como una respuesta frente a los incendios que arrasan territorios, viviendas, fuentes de trabajo y ecosistemas, el decreto no otorga ninguna partida presupuestaria extraordinaria, ni refuerza los recursos existentes. No es más que un conjunto de generalidades que no modifican en nada la capacidad real de prevención y combate del fuego.
El texto se limita a enumerar acciones ya previstas en la legislación y decretos vigentes —prevención, combate, asistencia y restauración— y a encomendar su coordinación a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), sin asignar fondos específicos ni recomponer las partidas recortadas. ¿La “emergencia” dónde queda?
Lo que muestran los números: ejecución mínima y ajuste al combate del fuego
Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) revela la falta de ejecución de partidas para el combate del fuego. Durante los primeros 28 días del año, el Estado nacional destinó $544,43 millones para atender la situación generada por los incendios, todos fondos ya contemplados en el Presupuesto 2026 y sin ningún tipo de ampliación presupuestaria, pero además la subejecución es generalizada:
Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF): ejecutó apenas $207,55 millones sobre $20.130,71 millones disponibles, es decir, solo el 1%.
Asistencia a Bomberos Voluntarios: se ejecutaron $16,96 millones sobre $129.584,99 millones, un 0,1%.
Manejo del Fuego en Parques Nacionales (APN): $221,11 millones ejecutados de $6.805,18 millones, apenas 3,25%.
En el área de emergencias y gestión del riesgo, la situación no es mucho mejor:
Apoyo Federal a Emergencias: $70,97 millones ejecutados sobre $1.652,52 millones (4,29%).
Acciones del SINAGIR: $5,1 millones sobre $92,52 millones (5,5%).
Programación Federal de la Seguridad: 0% de ejecución.
Atención de Emergencias por Desastres Naturales y de la Salud Pública: 0% de ejecución.
Estos datos desmienten cualquier relato de “respuesta histórica” como dice Milei en las redes. La sobreactuación del gobierno es solo discursiva, pero la indignación frente a la entrega de la Patagonia sigue creciendo.
Bomberos voluntarios: un anuncio rimbombante para cumplir —tarde— con la ley
En paralelo, el gobierno anunció un giro de $100.000 millones para los bomberos voluntarios, presentado como un hecho excepcional. Sin embargo, esos fondos están contemplados en la Ley de Bomberos Voluntarios N.º 25.054 y no constituyen ninguna ampliación extraordinaria. Lejos de ser un logro, el anuncio intenta tapar que durante 2025 hubo reclamos por demoras en la transferencia de esos recursos, afectando la capacidad operativa de los cuarteles en plena temporada de incendios.
Se festeja así el cumplimiento parcial y tardío de una obligación legal básica, mientras se mantiene el desfinanciamiento estructural del sistema.
¿Dónde está la plata para el combate del fuego?
Pero si para el combate del fuego el presupuesto se "ahorra", hay otras áreas que cuentan siempre con una canilla abierta. En enero, el gobierno destinó 5.000 millones de dólares al pago de deuda, de los cuales casi 2.000 millones correspondieron solo a intereses. En febrero, vence un pago al FMI de 898 millones de dólares, equivalentes a unos $619.000 millones es decir, seis veces más que lo anunciado para 1.062 dotaciones bomberos voluntarios en todo el país.
A esto se suman los beneficios a los sectores concentrados. La eliminación de las retenciones al campo tuvo un costo estimado de1.500 millones de dólares, mientras que la reforma laboral tiene un título con beneficios impositivos a grandes empresarios del orden del 1,2% al 1,3% del PBI, una transferencia de aproximadamente 7.500 millones de dólares desde el Estado hacia las empresas.
Presupuesto ya para apagar los fuegos
La emergencia ígnea publicada en el Boletín Oficial no apaga incendios, no fortalece brigadas ni previene nuevas catástrofes. Es un gesto vacío en un contexto donde el gobierno prioriza el pago de la deuda y los beneficios empresarios, mientras recorta y subejecuta las políticas ambientales y de protección civil.
Frente a un ecocidio en curso, la respuesta oficial vuelve a ser la misma: emergencia sin presupuesto, propaganda sin recursos y un Estado que ajusta donde más se lo necesita, mientras mantiene abierta, sin límites, la canilla de la deuda y los privilegios de los sectores concentrados.
La única respuesta llega desde los territorios con la organización desde abajo entre las y los brigadistas precarizados, bomberos voluntarios, comunidades y redes de solidaridad. No hay ninguna confianza en los gobernadores que piden la emergencia mientras sus legisladores firman contra la Ley de Glaciares, votaron el presupuesto que recorta un 70 % el Servicio de Manejo de Fuego y negocian la reforma laboral que profundiza la precarización.
No hay combate real al fuego sin agua protegida, sin derechos laborales, sin posibilidad de organizarnos. Frente a este plan de saqueo y entrega de Milei y los gobiernos provinciales, se vuelve urgente coordinar todas las luchas: por presupuesto ya, contra el extractivismo, contra el ajuste y contra una política que prende fuego hoy y prepara catástrofes aún peores mañana. (LID) Por Lihuen Eugenia Antonelli
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