Milei dijo que vetará la ley que busca limitar los DNU: ¿qué cambios le preocupan?

La Cámara de Diputados comenzó a debatir la modificación de la Ley que regula los decretos presidenciales que pasan por encima del Congreso. Javier Milei dijo que piensa vetarla por considerar que “están tratando de hacer un golpe de Estado

Las paradojas de una ley impulsada por Cristina Fernández que reforzó los rasgos autoritarios y es defendida por Milei. Este miércoles continúa el tratamiento en comisión.

Javier Milei se cruza otra vez con el Congreso, pero no es por ninguna ley que pueda amenazar su ajuste con “déficit cero”. No hay recursos en juego. Lo que no quiere el presidente libertariano es que limiten su posibilidad de gobernar por decreto pasando por encima del Congreso. Es que en apenas 10 meses ya emitió al menos 42 DNU. El más problemático fue el megadecreto 70/2023 que sigue afectando negativamente a quienes alquilan, pagan (o pagaban) una prepaga, a quienes necesitan medicamentos, entre muchos otros problemas que trajo para las mayorías. Todavía sigue vigente: a pesar de que el Senado lo rechazó, el silencio de la Cámara de Diputados que no lo trató le alcanza para que se mantenga. Este es uno de los puntos que facilita gobernar por decreto, gracias a la ley 26.122 que los regula, y que ahora está en cuestión por varios bloques opositores.

¿Por qué Milei defiende la ley de Cristina Fernández?
Javier Milei prefiere la ley de Cristina Fernández que regula actualmente los DNU. Por eso anunció que, si el Congreso quiere cambiarla, va a vetarla. “Lo que están tratando de hacer es un golpe de estado” dijo la semana pasada al finalizar su discurso frente a empresarios en el Coloquio de Idea. Curioso argumento cuando quienes han gobernado por decreto han sido especialmente las dictaduras militares. No fue casual el escenario que eligió para lanzar su amenaza: el mega DNU 70/2023 que dictó al inicio de su gobierno fue festejado por el poder económico, pero está flojo de papeles. Milei necesita permanentemente dar muestras de una fortaleza que no tiene para hacer guiños al empresariado que le reclama “previsibilidad” y “perdurabilidad” de los cambios. Con menos aliados en el Congreso que al inicio de su mandato o más condicionado por los bloques colaboracionistas, el presidente libertariano depende mucho más de herramientas autoritarias como el veto y los DNU.

En esta nueva cruzada lo acompaña el PRO abiertamente, aunque han sido críticos de la ley cuando les tocó ser oposición y hasta tienen proyectos entre los 16 que hay en total para modificarla. “Si se trata de limitar la gobernabilidad estaríamos en el retorno a esas tiranías de la mayoría” dijo Silvana Giudici del PRO para intentar justificarse. “Chipi” Castillo le salió al cruce: “habla de la tiranía de la mayoría, pero defiende la tiranía de la minoría. Es muy gracioso si no fuera jorobado para la mayoría de la población”. Carbajal de la UCR también cuestionó el argumento de sus ex socios en Juntos por el Cambio: le contestó a Giudici que ahora no quiere cambiar la ley porque está en el ejercicio del poder.

En esta nueva cruzada lo acompaña el PRO abiertamente, aunque han sido críticos de la ley cuando les tocó ser oposición y hasta tienen proyectos entre los 16 que hay en total para modificarla. “Si se trata de limitar la gobernabilidad estaríamos en el retorno a esas tiranías de la mayoría” dijo Silvana Giudici del PRO para intentar justificarse. “Chipi” Castillo le salió al cruce: “habla de la tiranía de la mayoría, pero defiende la tiranía de la minoría. Es muy gracioso si no fuera jorobado para la mayoría de la población”. Carbajal de la UCR también cuestionó el argumento de sus ex socios en Juntos por el Cambio: le contestó a Giudici que ahora no quiere cambiar la ley porque está en el ejercicio del poder.

El único diputado de La Libertad Avanza que se pronunció fue Lisandro Almirón, que reivindicó tanto el veto como los DNU como “herramientas que dan gobernabilidad”. Comparó a su gobierno con dos momentos complicados de nuestro país: “imagínense tener que lidiar en la crisis del 2001 y 2002 sin DNU, o el traspaso del gobierno de Alfonsín al de Menem”. ¿Un sincericidio de que el oficialismo presiente que se le vienen crisis de esa envergadura?

Las contradicciones de opositores

Del lado opositor también hay curiosidades. Aunque el debate es impulsado por bloques como la UCR, el de Pichetto y la Coalición Cívica, son los mismos que, en su mayoría, se vienen negando a tratar el DNU 70/2023 favoreciendo al gobierno de La Libertad Avanza. Quieren cambiar la legislación hacia adelante, pero con su silencio sobre el megadecreto permiten que siga rigiendo a pesar de los amplios cuestionamientos por inconstitucional y con partes frenadas por la justicia. Agost Carreño, de Encuentro Federal que lidera Pichetto, dijo que considera positivos muchos de los cambios que contiene, y focalizó su preocupación en que sean duraderos para que no venga otro gobierno y los derogue. Juan Manuel López de la Coalición Cívica también dijo que coincide “en su inmensa mayoría con el contenido pero no con la herramienta”. Son esas coincidencias con Milei las que terminan pesando a la hora de sostener el DNU 70.

En el caso de Unión por la Patria, fueron señalados por el cambio repentino de opinión: como oficialistas impulsaron la ley que ahora también pretenden modificar. Sus diputados la defendieron y sostienen que hay que entenderla “en cada contexto”. “Sería un error no reconocer que la herramienta constitucional no es lo mismo que esté en manos de un presidente o de otro” dijo Germán Martínez, presidente del bloque, para explicar por qué ahora sí están dispuestos a cambiarla. Otros, como Carolina Gaillard, se excusaron en que la experiencia de su vigencia amerita hacerle modificaciones.

Los cambios que Milei no quiere

Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) fueron incorporados formalmente a la Constitución recién en 1994 como una facultad del poder ejecutivo, aunque se utilizaron desde antes, por dictaduras y también por gobiernos constitucionales. Recién 12 años después de la reforma constitucional, se sancionó la ley en cuestión para reglamentarlos y establecer el rol del Congreso para su validación o rechazo. Una ley polémica, impulsada por Cristina Fernández, que reforzó la autoridad presidencial para legislar mediante estos decretos, y diseñada para que sea muy difícil que sean rechazados. Los sucesivos gobiernos supieron aprovechar sus ventajas: el Congreso no está obligado a pronunciarse, y el silencio es igual a validarlos. La ley establece que con la aceptación de una de las Cámaras alcanza para que un DNU se sostenga, pero para su rechazo exige que lo hagan las dos. Es decir, es más fácil que se valide un decreto presidencial que sancionar una ley del Congreso. Porque para que una ley salga necesita sí o sí de la aprobación tanto de Diputados como del Senado. Por eso, en los 18 años que tiene vigencia la ley que regula los DNU, solo uno cayó por el rechazo del Congreso: el de los fondos reservados para los espías de la SIDE de Javier Milei.

Hay dos puntos en los que buena parte de los opositores tienen acuerdos de la dirección de los cambios de la ley que regula los DNU y otros decretos presidenciales. Que el silencio del Congreso para validarlos debe terminar y establecer plazos para que deba pronunciarse.

Varios diputados tomaron como ejemplo el “modelo de Brasil”: si en 120 días el Congreso no se pronuncia, el decreto cae. Todo lo contrario a lo que ocurre en la actualidad con la ley de Cristina Fernández y que ahora defiende Milei. Sin embargo hay matices de cuál debe ser ese plazo: los proyectos proponen un degradé entre 30 y 90 días. De aprobarse, puede complicar al presidente de La Libertad Avanza ya que el Congreso tendría otro protagonismo, donde el oficialismo es minoría y no se necesita ninguna mayoría especial para rechazar un DNU, con la mitad más uno alcanza.

También hay algunas diferencias respecto a cómo debe funcionar la bicameralidad. Si bien habría acuerdo en que para validar un DNU las dos Cámaras deberían expedirse en ese sentido (tal como ocurre con una ley), no es el caso para el rechazo. Incluso dentro de la UCR hay diferencias: Carla Carrizo sostuvo que deben rechazarlo las dos Cámaras, mientras que Carbajal polemizó con su colega sosteniendo que con el rechazo en una sola de las Cámaras debería alcanzar para dejar un DNU sin efecto (tal como ocurre con una ley). Agost Carreño de Encuentro Federal propone los mismos requisitos que Carbajal.

En Unión por la Patria se expresaron solo para los casos de validación. El diputado Giuliano hizo una enfática defensa de la bicameralidad “es imprescindible la doble representación del pueblo y las provincias”. El santafesino omitió hablar de los requisitos para que sean rechazados.

Algunos diputados proponen otros cambios. Por ejemplo, aumentar la cantidad de integrantes de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene a su cargo la evaluación técnica de los DNU y es quien emite dictamen si se cumplen los plazos (una vez cumplidos los plazos, se pueden tratar directamente en el recinto). Actualmente la Comisión Bicameral tiene 16 integrantes: 8 Diputados y 8 Senadores. Agost Carreño propone que pase a tener 24 miembros “para que tengan expresión las minorías”, y Juliano de la UCR propone que sea de 20

En algunos casos, los proyectos piden que el Congreso tenga la potestad de hacer modificaciones a los DNU presidenciales, como el de Agost Carreño del bloque de Pichetto y Mónica Litza de Unión por la Patria. Otros, como Carla Carrizo del radicalismo, hicieron foco en la necesidad de limitar los temas que pueda abordar un DNU. “Ese es el aprendizaje del DNU 70, no puede ser que tenga más de 9, 10 áreas (...) tiene que ser una materia por vez” dijo

Este miércoles desde las 17 horas la Cámara de Diputados va a retomar el debate con invitados. Por el emplazamiento votado en la ultima sesión, se estableció que debe emitirse un dictamen antes del 30 de octubre. Falta una semana. La Libertad Avanza y el PRO intentarán dilatar cualquier modificación a la ley que regula los DNU, para que Milei gane tiempo. Buscan que el tema pase para el año próximo. Los bloques opositores no quieren dilatarlo pero están a contrarreloj para llegar a un acuerdo que quede plasmado en un dictamen común.(L.I.D)