Argentina es el único país que votó en contra de los derechos de los pueblos indígenas

En la asamblea de la ONU, el nuevo responsable de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein quiso dar la nota con una posición ultra reaccionaria. Ni los países con los que quiere congraciarse fueron tan lejos: Estados Unidos votó a favor e Israel se ausentó.

En la Asamblea de la Naciones Unidas del 11 de noviembre, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución en favor de los derechos de los pueblos indígenas presentada por Bolivia, Venezuela, Dominica, Ecuador, Liberia, México y Paraguay el 22 de octubre.

Es la primera votación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein, luego del desplazamiento de Diana Mondino por votar en contra del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. El ex embajador en Estados Unidos quiso dejar claro el cambio en la política exterior del gobierno de Javier Milei con una posición racista y colonialista, que fue incluso más lejos que los países con los que quiere congraciarse. Estados Unidos votó a favor de la resolución e Israel estuvo ausente. Otros seis países se abstuvieron: Francia, Lao, Lituania, Mali, Rumania y Eslovaquia.

El documento no estipula nuevos alcances en materia de derecho para los pueblos indígenas sino que reafirma derechos concedidos y reconocidos hasta el momento en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e insta a los Estados a cumplirlos, reconociendo implícitamente el avasallamiento sobre los pueblos originarios.

En particular se hace énfasis en el reconocimiento del “Consentimiento Libre, Previo e Informado”, en la “protección contra el Desplazamiento Forzoso”, en la “participación en proyectos de desarrollo” y en la “toma de decisiones”. Sin embargo, se establece que estos derechos e pueden cumplir de la mano de las mismas empresas que avasallan los territorios de las comunidades indígenas. Contra el desplazamiento forzoso, se sugiere una “ indemnización justa y equitativa”, y la opción de regresar, como si comunidades y empresas negociaran en igualdad de condiciones. Así también se destaca la “participación plena, igualitaria y significativa” de las comunidades sin dar cuenta de las relaciones asimétricas de poder.

Respecto al “desarrollo”, se alienta a los estados y al sector privada a “garantizar prácticas empresariales sostenibles y responsables que aborden el impacto ambiental adverso de ciertas actividades en las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas”, los mismos sectores que solo priorizan su rentabilidad por sobre cualquier otra valoración socioambiental.
(L.I.D)