Ley de Hidrocarburos: Una traición al país

Dura crítica a la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por el kirchnerismo y que buscará aprobarse en Diputados. Escribe: Fernando "Pino" Solanas, senador nacional de Proyecto Sur.

El modelo neoliberal y su tela de araña neocolonial no termina de morir: la contradicción principal de la Argentina se plantea entre la pobreza y enajenación de sus recursos o la defensa de sus bienes y capacidades soberanas. El conflicto se da hoy entre la recuperación de la renta petrolera o profundizar su entrega a las transnacionales, como propone el proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319 impulsado por el gobierno. Pretenden prorrogar sin licitación y sin pago de canon alguno, concesiones a perpetuidad, hasta la extinción total de los yacimientos. Ni Menem se animó a tanto. Su objetivo es explotar Vaca Muerta con fraking, aunque destruya el subsuelo y contamine el agua.

Estamos ante otra impostura: mientras la Presidenta denuncia a los fondos buitres, se promueve una ley que traspasa el 84% de la renta a las petroleras, quedándole a la YPF argentina solo el 16% del mercado, y de ella, se ceden partes a nuevos socios como Chevron. Con un millón de jóvenes que no trabajan ni estudian; con 5 millones de jubilados que cobran la mitad de la canasta básica; con un tercio de la población en la pobreza y miles de trabajadores amenazados con perder su empelo, la nueva ley será una provocación.

A un año de la finalización de su mandato, el oficialismo entrega millonarios recursos que pertenecen a dos o tres generaciones. Se trata de una transferencia a las transnacionales -a lo largo de las concesiones y a precio de hoy- de más de u$s 270.000 millones. No es el primer regalo: en estos años el gobierno liberó el precio del barril cuyo costo es de 13 a 15 dólares: subió de 45 a 80 dólares. Con una producción de 200 millones de barriles anuales, los consumidores están financiando a las petroleras por más de 7.000 millones de dólares por año, mientras Chevron invierte en la quimera de Vaca Muerta solo u$s 1.200 millones y se dice que no hay capital nacional.

¿No fue la privatización de YPF y Gas del Estado uno de los mayores fracasos del país ? ¿Por qué insistir en los errores? Lejos de multiplicar los yacimientos, las empresas los vaciaron sin reponer las reservas. El proyecto del gobierno está a contramano de la tendencia mundial: de las 20 mayores petroleras del mundo, 17 son estatales o públicas. El modelo de las concesiones queda para países neocoloniales con funcionarios al servicio de las corporaciones. La ley que se pretende votar es una condena para el país. Si nos miramos en el espejo de nuestros vecinos, Brasil no sería hoy la 8ª potencia mundial sin el aporte de Petrobras, ni Bolivia hubiera acabado con el analfabetismo, ni tendría en su banco central el doble de las reservas de nuestro país. Ninguna petrolera se fue de Bolivia, aun pagando el 50% de regalías.

Necesitamos un debate mayor: ampliar la mirada hacia nuestro potencial en energías renovables, eólica y solar. Además, el 80% de las cuencas sedimentarias estan sin explorar. El proyecto de ley que impulsamos desde el interbloque de senadores FAUNEN, retoma los aportes que realizamos con G. Callejas, F. Herrero y J. Rigane desde el Movimiento MORENO, continuando la política de Estado que, desde 1908, desarrollaran los gobiernos de Figueroa Alcorta, Yrigoyen, Alvear, Perón, IIlia, y Alfonsín. Aseguraba soberanía energética y una renta petrolera que se invertía en ciudades, represas, rutas y hospitales.

Asimismo, el proyecto se plantea una YPF 100% estatal, recuperar el autoabastecimiento y diversificar la matriz energética con fuentes renovables; prohíbe la exportación petrolera y estipula reservas estratégicas de crudo; crea un Consejo Nacional de Hidrocarburos con representantes del gobierno, las provincias y los trabajadores; elimina el sistema de concesiones y las transforma en contratos de servicios; garantiza a las provincias petroleras una participación del 20% del producido y a las restantes un 10%; crea un impuesto al crudo del 12% para el desarrollo de las energías renovables, la reparación ambiental y la reconstrucción del sistema ferroviario. Establece normas de protección ambiental, el principio precautorio y la licencia social de las poblaciones; prohíbe la explotación de recursos fósiles no convencionales mediante la fractura hidráulica; indemniza a los trabajadores de YPF a quienes estafaron con las acciones que les pertenecían; fija una auditoria periódica de los yacimientos y el control de la AGN.

Es hora de tener grandeza. El proyecto que impulsa la Presidenta es una traición al pueblo argentino y un gravoso legado para la juventud.

Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur. Autor del proyecto alternativo -dictamen de minoría- de Ley de Hidrocarburos, acompañado por los senadores Ruben Giustiniani (PS); Jaime Linares (Gen); Luis Juez, Norma Morandini (Frente Cívico de Córdoba); y Magdalena Odarda (C.C. ARI)