La Justicia Federal ordenó proteger a los trabajadores y a las instituciones destinadas a combatir la violencia de género ante el ajuste estatal

En un fallo clave, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 dictó una medida cautelar que obliga al Estado Nacional a mantener recursos humanos e infraestructura para la protección contra la violencia de género, en medio del desfinanciamiento y la reorganización de políticas públicas en una dirección reaccionaria. La resolución desestima, sin embargo, el pedido de reincorporación de trabajadores despedidos, argumentando que ello requeriría analizar cada situación contractual en particular.

El Poder Judicial intervino para garantizar la continuidad de las políticas de género en el país, tras múltiples denuncias de desmantelamiento institucional. La resolución judicial ordena al Estado abstenerse de reducir los recursos humanos y la infraestructura de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). También exige que se sostenga la producción y publicación de estadísticas y evidencias que respalden las políticas públicas vigentes.

La medida cautelar surge en respuesta a un reclamo presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y otras organizaciones, que alertaron sobre el riesgo de regresión en los derechos consagrados por las leyes 26.485, 27.499 y 27.210, pilares en la protección contra la violencia de género en Argentina. Según la denuncia, los recortes en personal, el cierre de centros y el desfinanciamiento comprometen el acceso a la justicia y la asistencia para mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El fallo reconoce el principio de progresividad de derechos y subraya la obligación estatal de garantizar un umbral mínimo de protección. La resolución desestima, sin embargo, el pedido de reincorporación de trabajadores despedidos, argumentando que ello excede el objeto de la causa y requeriría analizar cada situación contractual en particular.

La sentencia se produce en un contexto de incertidumbre respecto al futuro de programas clave, como el Programa Acompañar y la Línea 144, que han sufrido una reducción drástica de presupuesto y alcance en 2024. Además, de los 109 Centros de Acceso a la Justicia operativos en 2023, solo 77 permanecen activos según datos recientes. La Justicia consideró que el Gobierno no presentó pruebas suficientes para demostrar cómo la reorganización garantizaría los derechos del colectivo afectado.

El fallo marca un precedente importante en la defensa de los derechos de las mujeres y niños, reforzando la obligación del Estado de priorizar su protección, incluso en el marco de ajustes o reorganizaciones administrativas. (Infogremiales)