La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tomó la medida en un total de 546 hectáreas aduciendo irregularidades en siete departamentos. Al mismo tiempo, continúan avanzando los desmontes y proyectos inmobiliarios.
Desde el comienzo del año, el Gobierno de Gustavo Sáenz inició 36 sumarios administrativos sobre un total de 564 hectáreas desmontadas ubicadas en los departamentos de Anta, La Candelaria, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y San Martín. Dictó la paralización inmediata de la actividad y se impondrían sanciones económicas a los infractores.
De 564 hectáreas desmontadas, 62,27 has están categorizadas como de alto valor de conservación (en rojo), 140,5 has en la categoría II de mediano valor de conservación (en amarillo) y 343,5 has son de categoría III de bajo valor de conservación.
Las topadoras no se toman cuarentena
Según el monitoreo de deforestación que lleva adelante Greenpeace en el norte del país, desde el 15 de marzo y el 31 de agosto de este año en Salta se deforestaron 9.079 hectáreas de bosque nativo, una suma considerablemente superior a las hectáreas sumariadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Es decir que ni siquiera en plena pandemia las topadoras dejaron de arrasar el bosque nativo.
Por otro lado, en la localidad de San Lorenzo, la familia Patrón Costas, símbolo de la oligarquía provincial, pretende avanzar con un desarrollo urbanístico, el loteo “Los Maitenes”. La finca tiene un total de 2300 hectáreas, pero para el proyecto serían desmontadas 125 hectáreas que van desde la Quebrada hasta la Ruta 28. Dentro de este loteo hay matriculas clasificadas en amarillo, es decir en nivel dos de preservación, que no permite el desmonte, según la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Hasta el momento, el Gobierno ha dejado la decisión de permitir este desmonte en manos del municipio de San Lorenzo, cuando es la provincia la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. (LID)
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