El dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que más de 1.200 jubilados en la Región Sur de Río Negro estarían sin calefacción en pleno invierno por la desaparición de fondos destinados a la compra de leña. Acusa al PAMI provincial de malversación y advierte sobre un posible desvío con fines electorales.
Rodolfo Aguiar, dirigente nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), denunció públicamente a través de sus redes sociales la presunta desaparición de $364 millones de pesos que estaban destinados a la compra de leña para calefaccionar los hogares de jubilados en la Región Sur de Río Negro.
Según Aguiar, los fondos fueron enviados al PAMI provincial hace más de tres meses, pero hasta la fecha no se habría registrado la entrega del recurso. “Desaparecieron $364 millones destinados a leña para los jubilados. En la zona sur el frío es devastador y los abuelos se van a morir”, expresó con preocupación en su cuenta de X (antes Twitter).
La situación se torna aún más grave al considerar que 44 millones de esos fondos estaban específicamente dirigidos a la localidad de Maquinchao, que recientemente fue registrada como la ciudad más fría del país con una temperatura de -16,2°C. Se estima que más de 1.200 afiliados del PAMI serían los afectados por la presunta malversación.
El dirigente sindical no solo denunció la desaparición del dinero, sino que también apuntó contra la posibilidad de que estos fondos públicos hayan sido desviados con fines partidarios de cara a la campaña electoral de octubre.
Aguiar finalizó su mensaje con una dura crítica al trato que reciben las personas mayores en el país: “Haberes de hambre, sin medicamentos, les pegan, los gasean y ahora en el sur los dejan a la intemperie condenándolos a morir de frío”.
Hasta el momento, el PAMI no ha emitido una respuesta oficial ante la denuncia. Desde ATE se exige una investigación urgente y transparencia sobre el destino de los recursos públicos enviados para atender a los adultos mayores en una de las regiones más frías del país.
Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz
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