Covid-19, represión y muerte: Argentina y otros países en la mira de Amnistía Internacional

Según un informe del organismo de derechos humanos, en unos 60 países “la actuación policial abusiva” en el marco de la pandemia “ha dado lugar a violaciones de derechos humanos y, en algunos casos, empeorado la crisis de salud”. El caso de Facundo Castro en Argentina.

Amnistía Internacional publicó este jueves el informe “Represión Covid-19 - Abuso policial y pandemia global”, en el que afirma que la “actuación policial abusiva” y la “excesiva dependencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley” para aplicar las medidas contra el coronavirus “han dado lugar a violaciones de derechos humanos y, en algunos casos, empeorado la crisis de salud”.

En el informe (que por el momento puede leerse en inglés) la organización documentó casos emblemáticos ocurridos en unos 60 países, donde las fuerzas policiales y de “seguridad” cometieron las más variadas violaciones a los derechos humanos “con el pretexto de hacer frente al virus”. Entre ellos, dice Amnistía, “hay casos de personas a quienes han matado o herido de gravedad por incumplir, presuntamente, las restricciones o por protestar contra las condiciones de reclusión”.

Uno de los casos mencionados por el informe es el de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que el 30 de abril salió de su casa de Pedro Luro con rumbo a Bahía Blanca y desapareció tras ser interceptado al menos tres veces por la Policía Bonaerense (y sancionado por no respetar la cuarentena obligatoria). Como se recordará, Amnistía organizó conferencias de prensa con la madre de Facundo y sus abogados, tomando el caso como un emblema de la represión en Argentina en el marco de la pandemia.

Pero como viene informando desde marzo La Izquierda Diario, los casos en Argentina se cuentan de cientos, con los más diversos métodos represivos y de parte de todas las fuerzas, sean federales o provinciales y municipales.

El informe releva hechos ocurridos en Francia, Italia, España, Reino Unido, Irán, Kenia, El Salvador, Sudáfrica, Turquía, Argentina y otros 50 países, distribuidos bajo los subtítulos “Violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía”, “Violaciones de otros actores estatales con rol de policía” y “Cuando la aplicación de la ley se convierte en discriminación”.

Amnistía afirma que “aunque quepa justificar la imposición de algunas restricciones” durante una pandemia “para proteger la salud pública”, las aplicadas por muchos gobiernos “no han sido en absoluto razonables ni justificadas”.

“En todo el mundo, las fuerzas de seguridad están violando ampliamente el derecho internacional durante la pandemia, al hacer uso excesivo e innecesario de la fuerza para hacer respetar los confinamientos y toques de queda. Entre los terribles casos de abusos cometidos con el pretexto de luchar contra el covid-19 figuran el de un adolescente a quien la Policía angoleña disparó en la cara por infringir presuntamente el toque de queda o el de un hombre a quien la policía salvadoreña disparó en las piernas cuando salió a comprar comida”, explica Patrick Wilcken, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“El uso excesivo de medidas coercitivas para hacer cumplir las restricciones de salud pública está empeorando las cosas”, agrega Wilcken. Es que en lugar de contener la propagación del virus, “la decisión de practicar detenciones, hacer uso de la fuerza y dispersar violentamente las reuniones ha aumentado el riesgo de contagio”.

Palizas y homicidios

Amnistía examina las leyes y las políticas aplicadas y los actos cometidos por la Policía y otros organismos estatales. Luego de ello muestra numerosos ejemplos de extralimitación y abuso de poder “justificados falsamente con el pretexto de proteger la salud pública”.

Así, el accionar policial relacionado con la pandemia causó “muertes y lesiones en muchos países, especialmente en el contexto de las medidas aplicadas por la Policía para hacer respetar los toques de queda y los confinamientos. En todas partes ha habido detenciones masivas, deportaciones ilegales, desalojos forzosos y agresivas operaciones de represión de protestas pacíficas, porque los gobiernos utilizan la pandemia como excusa para atentar contra los derechos humanos y reprimir la disidencia”, afirma el organismo.

Detenciones arbitrarias y discriminación

El informe hace también hincapié en las detenciones masivas y arbitrarias, documentando cómo la Policía detuvo a personas por no respetar las medidas de cuarentena, incumplir las restricciones de viaje, celebrar reuniones, participar en manifestaciones pacíficas o criticar públicamente al gobierno por su gestión de la pandemia.

A su vez en varios países las fuerzas represivas estatales desplegaron sus más enraizados prejuicios raciales y discriminación con la excusa de la pandemia. “Entre los grupos que se han visto especialmente afectados figuran las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, las personas LGBTI y que no se ajustan a las convenciones de género, las trabajadoras y trabajadores sexuales y las personas sin hogar o expuestas a perderlo”, dice el informe.

El informe reconoce que “de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cabe imponer determinadas restricciones del derecho a la libertad de reunión pacífica a fin de proteger la salud pública o por otros intereses legítimos”, pero que en este caso “se han impuesto restricciones excesivas, como prohibir en general las protestas, no autorizar o restringir manifestaciones cuando otras reuniones públicas de envergadura similar sí se permitían o hacer uso de la fuerza contra protestas pacíficas”.

“Es esencial que, en todo el mundo, las autoridades den prioridad a las buenas prácticas de salud pública sobre los enfoques coercitivos, que han resultado contraproducentes. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben dar a su personal órdenes e instrucciones claras para que ponga los derechos humanos por encima que cualquier otra consideración”, afirmó Anja Bienert, directora del Programa Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Países Bajos.

“Los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben rendir cuentas del ejercicio excesivo e ilegítimo de sus atribuciones. Sin rendición de cuentas se dará luz verde a nuevos abusos de poder”, puntualizó Bienert.

Pero en Argentina, uno de los países mencionados en el informe, el Gobierno de Alberto Fernández y los gobernadores como el bonaerense Axel Kicillof han manifestado reiteradamente que sus policías y demás fuerzas represivas han actuado siempre de forma “correcta” y hasta llegaron a ubicar en la categoría de “héroes esenciales” a las mismas instituciones armadas que acumulan denuncias por torturas, detenciones arbitrarias, hostigamientos, desapariciones forzadas y asesinatos de personas en todo el país. Obviamente en el resto de los países la cosa no es diferente. (LID) Por Daniel Satur