Contra los más pobres. Milei vetó la ley previsional y dijo que con él “voló el poder adquisitivo de los jubilados”

El Presidente publicó en el Boletín Oficial su decreto con el que intenta anular lo votado por amplia mayoría en ambas cámaras.

Tal como se anticipó el viernes por la noche, Javier Milei concretó el veto total a la nueva ley de movilidad jubilatoria votada recientemente en el Congreso por amplia mayoría en ambas cámaras. Fue a través del decreto 782/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La ley votada en el Parlamento dispone elevar el haber mínimo (en una módica suma de $ 17.000 pesos para la jubilación mínima) y fija una nueva fórmula de cálculo para próximos incrementos.

Unas horas antes de la publicación del Boletín Oficial, Milei dijo provocadoramente en una entrevista con su amigo Luis Majul en LN+ que, durante su gestión las jubilaciones se recuperaron, “en dólares”, fenomenalmente, voló el poder adquisitivo de los jubilados”.

El decreto lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete-ministro del Interior Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el ministro de Economía Luis Caputo, la canciller Diana Mondino, el ministro de Defensa Luis Petri, la de Seguridad Patricia Bullrich, el de Salud Mario Russo y el de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. Es decir que Milei procuró que todo su gabinete quede con las manos manchadas en este nuevo ataque a millones de jubiladas y jubilados.

El texto afirma que el proyecto de ley vetado es “manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente”, ya que según el Gobierno supuestamente “no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Para esos cálculos presidenciales, si la nueva ley finalmente se aplica, “implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente $ 6.160.000.000.000 para el año 2024” y de “$ 15.430.000.000.000 para el año 2025”. Vale decir que, en un cálculo propio de su mendacidad, Milei llegó a sentenciar, con descaro, que “a perpetuidad” (¿?) ese impacto sería de alrededor de U$S 370 mil millones.

Para el Presidente, darle $ 17.000 pesos más por mes a cada jubilada y jubilado que hoy cobra apenas $ 304.000 (bono incluído), “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.

Si ese pobre aumento para unos cinco millones de trabajadoras y trabajadores jubilados era “imprevisto” para La Libertad Avanza, queda más que claro que ese sector social nunca fue prioridad para quienes hoy gobiernan el país, más allá de las mentirosas promesas de campaña.

Pero además la afirmación oficial de que “no hay plata” para afrontar ese aumento es falsa. En un país donde las grandes patronales, lejos de estar en crisis, amasan fortunas (vía la inflación, la precarización del trabajo y los salarios, reformas impositivas, negociados con el Estado y demás ítems), el financiamiento de las jubilaciones y pensiones podría obtener recursos con la restitución de las contribuciones patronales al 33 %, tal como sucedía antes de la modificación de ese porcentaje que ejecutó Domingo Cavallo a principios de los años 90.

También eliminando todo tipo de exención a las contribuciones, restituyendo las retenciones a las exportaciones y beneficios impositivos de las empresas operados desde diciembre de 2015 y otras afectaciones a las ganancias empresarias y la especulación financiera.

Las fuerzas políticas que no son La Libertada Avanza y que votaron la nueva ley jubilatoria hace pocos días tienen la responsabilidad de sentarse nuevamente en sus bancas y ratificar su voto en ambas cámaras. Con dos tercios de los votos se puede torcer el veto presidencial. Quienes no lo hagan estarán (nuevamente) sumándose al ataque a las condiciones de vida de millones de adultas y adultos mayores, que llevan años sumidos en la pobreza. (L.I.D)