Argentina retrocede en varios indicadores internacionales vinculados con la transparencia y la corrupción

Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analiza los desempeños de cada gobierno desde el 2012, a partir de los resultados de varios indicadores de percepción de la corrupción en la gestión gubernamental, Ellos son el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por la ONG Transparencia Internacional y los indicadores del Estado de Derecho, a nivel global, y el factor de “ausencia de corrupción en el gobierno” de la organización World Justice Project. En todos los indicadores se verifica un claro descenso marcando hitos históricos o volviendo a niveles de hace 10 años.

A partir de estos datos comparables desde 2012, este análisis examina la evolución de los distintos ciclos presidenciales y permite observar que, lejos de consolidarse una mejora sostenida, la Argentina atraviesa una nueva fase de estancamiento e involución en su lucha contra la corrupción.

Transparencia Internacional

Cómo lo hace desde 2012, la ONG Transparencia Internacional, con sede en Berlín, difundió hoy un nuevo ranking del Índice de Percepción de la Corrupción. En ese marco, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analiza sus resultados y los compara con los obtenidos en los ciclos presidenciales previos:

• “Argentina no sólo vuelve a ser desplazada en la lucha contra la corrupción, sino que muestra una peligrosa involución que enciende luces amarillas de alerta a mitad del mandato presidencial de Javier Milei, que aunque prometió ser diferente, acentúa su parecido -en cuanto a resultados- con las administraciones filo-kirchneristas”.

• “El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional (TI), expone con preocupación que la cruzada contra ese azote no ha evidenciado progreso alguno durante los dos primeros años de gestión del presidente Javier Milei, a punto tal que ha perforado el peor indicador de la gestión del ex presidente Alberto Fernández -acontecido en el último año de su presidencia-, de apenas 37/100 (IPC 2023). Con este nuevo declive, Javier Milei lleva al país a 36/100 y del puesto 99° al 104°, entre 182 países”.-*

• “Argentina se mantiene rezagada en puntaje y posiciones, mezclada entre el conjunto de los países más postergados, muchos de ellos pertenecientes a Latinoamérica como Colombia 37/100 (-2), Brasil 35/100 (+1), Ecuador 33/100 (+1), Perú 30/100 (-2), Bolivia 28/100 (=), México 27/100 (+1), Paraguay 24/100 (=) y Venezuela que cierra el lote con apenas 10/100 (=)”.

• “Sin embargo, se ubica muy por debajo de los líderes indiscutibles de la transparencia regional, que siguen siendo Uruguay que -pese a retroceder- se mantiene entre los primeros 20 países con una puntuación de 73/100 (puesto 17°), y Chile con 63/100 (puesto 31°).”

• “América se muestra con corrupción extendida, polarizaciones exacerbadas, giros ideológicos, experimentos populistas y deterioros institucionales, que han provocado que el promedio del continente vuelva a estancarse en 42/100 (tras descender levemente el año anterior), valores que de todos modos superan cómodamente la débil performance argentina del 2025.

• “Las puntuaciones del Índice de Percepción de la Corrupción, sólo pueden confrontarse de manera confiable a partir de 2012 -tras un cambio metodológico de Transparencia Internacional- lo que permite desde allí hacer comparaciones entre los distintos países y para un mismo país -año tras año-. Esa medición para el caso argentino arranca con el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y resulta el primero en considerarse si uno hace una comparación retrospectiva”.

• “La ex mandataria arrancó su último gobierno con 35/100 ubicando al país en el puesto 102°, mientras que su segundo año -de esa gestión- mostró el descenso de un punto (34/100) llevando a la Argentina al lugar 106°. Comparativamente, resulta ser la misma pérdida de puntaje en la materia que hoy muestra el presidente Javier Milei de un año a otro (de 37/100 a 36/100) y una ubicación similar en el ranking con aquella, para un segundo año de gestión (posición 104°). Ambos Presidentes son los únicos que descendieron a la Argentina más allá del puesto 100°.

• “La ex Presidenta se despidió de la gestión con un pobrísimo 32/100 que se constituye en el puntaje más bajo de la serie argentina hasta el presente. Es decir que su administración perdió entre 2012/2015, en su desempeño nodal, 3 puntos en el indicador global y cayó del puesto 102° al 106°”.

• “El ex presidente Mauricio Macri fue el único mandatario que elevó las marcas del indicador de Transparencia internacional, año tras año, hasta mejorar 13 puntos en su periodo central de gobierno (2016-2019) desde los 32/100 de puntuación heredados de Cristina Fernández de Kirchner, a los 45/100 con que cerrara su gestión (el más alto de la serie). En su mandato la Argentina escaló del puesto 106° al 66° subiendo 40 lugares, obteniendo un conveniente aprobado que logró sacar a la Argentina de la constante y vergonzante desaprobación. Buena parte de esa mejora se debió al efecto OCDE y a las exigencias y presiones de aquella organización de cooperación internacional para que Argentina sancionara una batería de leyes imprescindibles para cumplir con la aspiración del país a ingresar a ese organismo internacional. En su segundo año de gobierno Mauricio Macri mejoró su marca inicial de 36 a 39, y las posiciones al escalar del puesto 95° al 85°.”

• “El mandato del ex presidente Alberto Fernández se constituye en el de mayor caída en el Indicador de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, perdiendo 8 puntos en sus cuatro años de gobierno (2020-2023) pasando de 45/100 a 37/100 y llevando al país durante su presidencia del puesto 66° al puesto 98°, licuando los leves y progresivos esfuerzos de la administración anterior. En su segundo año de gestión mostró una pérdida de cuatro puntos (de 42 a 38) respecto de su comienzo y un descenso abrupto de 18 lugares (del puesto 78° al 96°).

• En síntesis, Cristina Fernández de Kirchner ostenta el peor indicador con 32/100 al cierre de su mandato final, Alberto Fernández la mayor caída en el índice con un descenso de 8 puntos, y Mauricio Macri resulta -por el momento- el único ex presidente en mejorar año a año y ostentar el mayor ascenso en el indicador con una suba de 13 puntos de punta a punta de su mandato y en relación a lo heredado. Javier Milei con su performance 2024 y 2025 obtiene estancamientos y retrocesos que lo emparentan a la efectividad de los gobiernos filo kircheneristas en su lucha contra la corrupción.

• Los recientes eventos vinculados a las renuncias en la UIF, al escándalo del INDEC, y la creación de la Oficina de Respuesta Oficial -para “desmentir operaciones de los medios y la casta”-, son síntomas de que el clima institucional construido se ahondará, mientras se ratifica una visión de hacer las cosas.

• Lo cierto es que a mitad del mandato de Javier Milei la Argentina se mantiene en materia de lucha contra la corrupción en los valores de más de una década atrás, sosteniendo su paupérrimo promedio histórico en la batalla contra la corrupción -que para este indicador- se sitúa en 37,35/100”.

• “En síntesis, el promedio alcanzado durante los dos primeros años de la gestión libertaria (36.5/100), no dista mucho del que obtuviera Cristina Fernández de Kirchner en el mismo período de su segunda gestión (34.5/100).”

World Justice Project

El indicador de Transparencia Internacional no es el único que revela el deterioro de la lucha contra la corrupción en tiempos de Milei. Así el indicador a nivel global del estado de derecho de World Justice Project, muestra un descenso en la puntuación general de Argentina, obteniendo para 2025 a nivel general 0,54 versus los 0,55 del 2024 (en una escala que va de 0 a 1). Lo mismo sucede con el factor específico referido a la “ausencia de corrupción en el gobierno” que también desciende en 2025 a 0.45 versus los 0.46 alcanzados en 2024.

Análisis general

Parece sorpresivo, pero el aplazo en la materia era completamente previsible. Desde el inicio de la gestión del actual mandatario, se evidencia un deterioro de la calidad institucional, una pérdida de la transparencia, resistencia a la rendición de cuentas y una nula política de lucha contra la corrupción. A lo que se han sumado escándalos propios de corrupción -bajo investigación-, surgidos durante su administración (bastan recordar el caso Libra, el caso Andis -Spagnuolo- y el caso Espert, entre los más destacados).

El entramado de decisiones negativas vinculadas a la institucionalidad que se fuera cimentando a lo largo de su gestión incluye: restricciones al acceso a la información pública; falta de articulación, independencia y autonomía de los organismos de control; modificaciones del funcionamiento de los servicios de inteligencia con potestades discutibles y posiblemente inconstitucionales; ataques a periodistas y medios que podrían interpretarse como frenos a la libertad de expresión; retiro del Estado como querellante de múltiples causas judiciales; promoción a jueces federales cuestionados; alteración de los procedimientos previstos para el nombramiento de jueces en la Corte Suprema de Justicia; ausencia de un presupuesto nacional (2024/2025) que permita el control de gastos y facilite la rendición de cuentas, demoras en las propuestas de designación de miembros del poder judicial, la permanencia de operadores judiciales, así como retrasos inexplicables y conductas erráticas en la frustrada sanción de la ley de ficha limpia, entre otras.

Paradójicamente, el presidente Milei no ha sabido sacar provecho, para relanzar la lucha contra la corrupción, del clima creado por la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner (primer presidente en serlo), cuya investigación judicial fuera realizada en tiempos de Mauricio Macri, defendida por el ministerio público fiscal durante la presidencia de Alberto Fernández y obtuviera condena judicial -con posterior detención domiciliaria- en tiempos de su actual gestión

Argentina sigue careciendo de una política pública anticorrupción visible, potente, perdurable y eficaz que dé respuestas de manera sistemática y transversal a un problema de esta magnitud. Evidencia de ello sigue siendo el desteñido rol de la Oficina Anticorrupción (OA), que en la práctica sigue sin dar señales de independencia, neutralidad y continuidad jurídica, constituyéndose en querellante -o dejando de hacerlo- en las causas judiciales más emblemáticas en la materia, según el color y humor político de turno y las órdenes emanadas por el poder ejecutivo.

Vale como demostración la reciente orden del gobierno impartida a la Unidad de Información Financiera (UIF) de retirarse de todas las causas judiciales en que dichos organismos se habían constituido en parte querellante por delitos cometidos en perjuicio del Estado, poniendo incluso en riesgo la continuidad de algunos procesos”.

“La Oficina Anticorrupción es una institución directamente vinculada al poder de turno y paradójicamente dependiente de quienes debería controlar, limitándose en la práctica a funcionar como una oficina de recomendaciones, muchas de las cuales faltan o llegan a destiempo. No existe un organismo independiente que pueda monitorear la corrupción gubernamental en tiempo real. Los escándalos de corrupción más importantes alumbrados durante la era Milei fueron revelados por filtraciones e investigaciones de prensa.”

“La calidad institucional ha profundizado su deterioro cumplida la primera mitad de la gestión de Javier Milei. No puede dejar de señalarse que entre las leyes prioritarias del gobierno, no existe referencia alguna a un proyecto que promueva el dictado de una nueva ley de ética pública, algo que tampoco hicieron prioritario sus predecesores Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández. La vieja ley vigente ha demostrado ser completamente ineficiente para regular -de manera efectiva y punitiva- las conductas reprochables de los funcionarios públicos, o impedir los conflictos de intereses, o disuadir la tentación de hacer negocios con empresarios amigos. No resulta casual que estemos frente a uno de los gobiernos con mayores casos de conflictos de intereses, que abarcan áreas tan diversas como salud, minería, petróleo y gas, entre otras. En síntesis, no se ha impulsado una ley de ética pública que regule conductas y obstruya la captura del Estado por grupos poderosos con capacidad de producir normas jurídicas favorables a sus intereses”.

“El proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación, máximo contralor instituido por la Constitución reformada de 1994 y que se encuentra vacante hace más de 16 años (desde 2009), ha comenzado a desarrollarse a partir de una intimación de la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la Nación, y no porque el actual gobierno lo haya tenido entre sus prioridades.

“Entre las claves del estancamiento de la lucha contra la corrupción, bajo la nueva conducción de Milei, resaltan las restricciones impuestas a la Ley 27.275 de acceso a la información pública (y a su decreto reglamentario) establecidas por el decreto 780/2024, que incorpora numerosas excepciones al principio general de máxima publicidad, las que por su amplitud y generalidad podrían facilitar a los funcionarios incumplir con su obligación de proveer información. Esta peligrosa regulación sucede -llamativamente- en medio de un gobierno que se jacta de blandir la bandera de la desregulación. En palabras de Transparencia Internacional del IPC 2024: “Las crecientes restricciones a la información y participación pública son uno de los obstáculos más importantes en toda la región. En Argentina, un nuevo decreto definió los conceptos de información pública y privada, limitando el acceso de la gente a la información, mientras que la cantidad y calidad de las respuestas del poder ejecutivo a las solicitudes de información disminuyó”.

La responsabilidad de esta debilidad construida no es únicamente del poder ejecutivo. Cada uno de los otros poderes conlleva su peso en el resultado frustrante de la lucha contra la corrupción El parlamento argentino, con su nueva composición tiene el desafío de demostrar interés y compromiso por rescatar los temas de la transparencia, ponerlos en debate y generar nuevas normas que propicien una tarea de prevención y combate a la corrupción de forma sistémica. Por otra parte, la ausencia de información sobre buena parte de las decisiones administrativas y las disposiciones firmadas por las presidencias en ambas Cámaras, no hacen sino sumar oscurantismo. Por su parte; el poder judicial (especialmente la justicia federal) continúa con sus idas y vueltas, su morosidad, y su evidente actitud pendular. La condena a varios jueces federales por corrupción, entre ellas la acontecida recientemente contra el ex magistrado Walter Bento (cuya defensa inicial estuviera a cargo del actual Ministro de Justicia), dan un poco de oxígeno a un fuero que avanza con parsimonia a la hora de condenar a ex funcionarios, y disuadir con ello conductas similares de aquellos que detentan el poder”.

• “Las acciones y omisiones del gobierno de Javier Milei, imponen advertencias para el 2026, ante lo que podría constituirse en un creciente deterioro institucional.”

(Fuentes: Rule of Law Index World Justice Project, Estado de Derecho y Ausencia de Corrupción 2025

worldjusticeproject.org/rule-of-law-index

Argentina https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025/Argentina)