Xenofobia: el Gobierno apunta contra inmigrantes y plantea reformar la ley de migraciones

"Argentina tiene que cuidar sus fronteras, observar qué migrantes entran. A los extranjeros que cometan un delito hay que expulsarlos". "En los últimos 25 años ha habido un marco de políticas muy flexibles en materia migratoria. No queremos debatir este tema, no lo hagamos. Argentina seguirá yendo definitivamente a la decadencia". "Yo pensé que este gobierno tenía una orientación de derecha en materia de seguridad, lamentablemente no lo ha demostrado".

Las declaraciones no pertenecen a Micky Vainilla, el personaje de ficción de Peter Capusotto. Tampoco son propiedad de ningún funcionario de la administración de Cambiemos. El autor de estas palabras es ni más ni menos que el jefe de la bancada del FpV-PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Sin embargo, al igual que a principios de noviembre, sirven como antesala para una escalada xenófoba por parte del oficialismo que ahora pretende restringir el acceso de extranjeros al país y acortar los plazos para poder expulsarlos.

Durante el día de ayer Horacio García, director de Migraciones, aseguró que el Gobierno “quiere saber quién es el que viene” a la Argentina y anunció un convenio con Interpol como una de las medidas inmediatas por parte del Ejecutivo. “Expulsar personas del territorio no es una actitud xenófoba sino de seguridad. Nosotros no estamos combatiendo al inmigrante, sino al delincuente o al que viene con ese propósito de delinquir”. Por supuesto que el funcionario del macrismo no se refería a extranjeros como Lewis, el amigo del presidente, ni al multimillonario Benetton, famoso por usurpar las tierras a la comunidad Mapuche en la Patagonia. Pero por si quedara alguna duda sobre ello, García remató: "En 10 años solamente echamos a 30 personas, algo funcionó mal. Esto lo que ha hecho fue explotar una logística que se ha instalado en las villas".

El diario Clarín, uno de los grupos empresarios más mimados por el Gobierno, adelantó en su edición de ayer que los países que más preocupan al Gobierno son México, Colombia y Perú. Con la excusa del “combate al narcotráfico”, el macrismo busca fortalecer y legitimar su política represiva por un lado, y por el otro intenta asociar la idea del delito a los trabajadores inmigrantes que se radican en el país. En esa misma línea habían sido las declaraciones de Patricia Bullrich, quien días atrás afirmó: “Queremos tener una base de datos para poder analizar quién es el que llega, especialmente con aquellos países cuyo volumen de migración es importante. El delito migra -agregó- y cuando en un lugar no puede estar, se va para otro lado. Lo que queremos es impedir que esa inmigración sea para acá”.

Los últimos datos oficiales, elaborados por el Ministerio de Justicia de la Nación, aseguran que solamente el 6% de la población que compone el sistema penitenciario del país son extranjeros. Similar es el dato alrededor de los menores de edad que habitan las cárceles, quienes representan solamente el 4% del total. A pesar de ello, la baja de la edad de imputabilidad y el endurecimiento de la política migratoria ocupan un lugar privilegiado en materia de “seguridad” para la agenda gubernamental.

Con un panorama económico recesivo y un ajuste que se profundiza, el Gobierno apela a un mayor disciplinamiento social y necesita un discurso que lo legitime. La construcción de un enemigo “externo” y las apelaciones que exacerban los prejuicios xenófobos y de clase son imprescindibles para llevar adelante esa tarea.