POLÍTICA Y NEGOCIOS La guerra sucia: de Panama Papers a Lázaro Báez

La detención del empresario kirchnerista fue el “contraataque” oficial por el escándalo de las empresas offshore que involucra a más funcionarios de Cambiemos. Una guerra donde nadie es “inocente”.

Las acusaciones cruzadas entre el macrismo y el kirchnerismo trasladaron la discusión política al pantano de la corrupción donde todos están embarrados.

Mientras crece el escándalo por las filtraciones de los Panamá Papers que involucran a cada vez más funcionarios y referentes de Cambiemos, el “contraataque” vino a través de la casta judicial. El juez Sebastián Casanello -hasta ayer "kichnerista", hoy en tránsito hacia el nuevo oficialismo-, resolvió la sorpresiva detención de Lázaro Báez, el empresario cercano al kirchnerismo. Báez se suma al exfuncionario Ricardo Jaime, en prisión desde la semana pasada.

Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, ordenó en la tarde de ayer la repentina y espectacular detención de Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín.

Ambos debían declarar en estos días en la causa por presunto lavado de dinero que habrían realizado a través de la financiera ex SGI, conocida como La Rosadita, cuyas oficinas estaban en un lujoso edificio de Puerto Madero.

La resolución urgente de Casanello sentencia en tan sólo tres carillas: “(...) hágase saber que el hecho que se le atribuye es el haber ingresado, a través de su hijo Martín Báez, el día 02/11/2012 y en otra fecha aún no determinada, pero presumiblemente en los últimos meses del año 2012, dinero por una suma total aproximada de U$S 5.100.000 (cinco millones cien mil dólares estadounidenses) en la sociedad denominada ‘SGI Argentina S.A.’” El juez agrega que “dada su participación accionaria en Austral Construcciones SA -95 %- y la relación familiar que lo une con Martín Antonio Báez -quien posee el 5 % restante- , se presume que dichos fondos provienen de una ganancia ilícita (...).” Finalmente, Casanello describe su presunción: “La sospecha de origen ilícito se deduce también de la importantísima cantidad de dinero, la forma de traslado y disposición -en efectivo-, la vigencia del régimen creado a partir de la Resolución General de AFIP 3210/11 y conexas -de fecha 31 de octubre de 2011-, comúnmente denominado ‘cepo cambiario’, y el lugar escogido para ocultarlo y disimularlo, es decir, sociedades que realizan actividades de intermediación financiera y cambiaria no autorizada (coloquialmente conocidas como ‘cuevas’)”.

Casanello sospecha que ese dinero provendría de sub o sobrefacturaciones de Austral Construcciones, la empresa que monopolizó durante muchos años la obra pública en Santa Cruz.

El juez ordenó la indagatoria luego de que hace un par de semanas se difundiera el video que mostraba a Martín Báez y otros imputados contando fajos de dinero en la financiera ex SGI.

Lázaron Báez hizo uso de un avión particular y el magistrado consideró que había peligro de fuga, por eso ordenó la inmediata detención que fue transmitida por la cadena nacional de medios oficialistas.

Para hoy también están citados a ampliar su indagatoria Federico Elaskar y Leonardo Fariña, respectivamente, quienes ya están procesados en la causa por "lavado de activos".

La resurrección de Lázaro

Lázaro Báez conformó junto a Cristóbal López el dúo de empresarios que más creció al amparo del kirchnerismo desde los tiempos en que gobernaban Santa Cruz.

Báez comenzó su carrera como contador del Banco de Santa Cruz, institución en la que ascendió hasta la gerencia cuando Néstor Kirchner llegó a la gobernación en 1991. Al poco tiempo se privatizó el banco, pero Báez ya había trabado buenas relaciones con el gobernador. Luego se integró al directorio de Austral Construcciones S.A., que poco a poco se fue quedando con la mayoría de los contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Papeles amarillos en Panamá

La detención de Lázaro Báez se produjo cuando el escándalo internacional por la filtración de los Panamá Papers involucraba a más referentes y funcionarios macristas.

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y amigo íntimo del presidente, figura en los documentos filtrados como uno de los directores de la firma Corbalan Services Inc, registrada en Panamá desde 2004. Angelici fue señalado por la diputada oficialista Elisa Carrió como el "operador" de Macri en la Justicia.

Otro de los funcionarios macristas involucrado es el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a quien se le adjudicó la dirección de la empresa Kalushy, según consta en el Registro Público de Panamá. El funcionario explicó que nunca tuvo sociedades offshore y aclaró que figura en una "sociedad anónima" de Panamá debido a su paso por ese país cuando trabajaba en la organización judía B’nai B’rith.

El inefable Darío Lopérfido, ministro de Cultura de Horacio Rodríguez Larreta, figura como director de Supernova Productions, inscripta en el paraíso fiscal de Panamá. El funcionario porteño comparte la dirección de la firma con Antonio, el hijo nada más y nada menos que del ex presidente Fernando De la Rúa.

También se conoció que el hermano del presidente, Gianfranco Macri, participa en ocho compañías en Panamá que aún están activas. El grueso de las empresas se creó dos días después de que Mauricio asumiera como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El titular de la AFI (ex-SIDE), Gustavo Arribas, que antes de ser el jefe de inteligencia se dedicaba a la compra-venta de jugadores, también figura con la firma La Veneziana Corp., que figura en los registros del Departamento de Estado de Nueva York. La empresa se creó en de abril de 2009 y posee su sede en el Bronx.

En en el festival de globos de ensayo offshore de los referentes del macrismo no podía faltar Nicolás Caputo. El empresario amigo del Presidente posee una firma que fue creada en 2014, se llama MB 2014 LLC y está radicada en Florida, Estados Unidos.

Estos funcionarios y familiares se suman a los intendentes de Cambiemos Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús) que también aparecieron como responsables de empresas offshore. Grindetti es titular, además, de una cuenta en Suiza.

Corruptos por naturaleza

La guerra que enfrenta a la casta política del gobierno anterior y a la nueva camarilla macrista, con sus correspondientes empresarios amigos (Lázaro Báez o Nicolás Caputo), tiene como “efecto no deseado” sacar a la luz los métodos que rigen en la política burguesa.

La difusa frontera entre las operaciones “legales” que permiten la evasión o el lavado de dinero en paraísos fiscales o las “ilegales” que habilitan el enriquecimiento de empresarios por el favoritismo estatal; se borra cuando se descubre que los favorecidos son los sospechosos de siempre. Los bancos, los empresarios y los funcionarios enriquecidos son los que se benefician de todas estas prácticas.

El saliente gobierno “nacional y popular” aparece favoreciendo a inescrupulosos empresarios amigos contra quienes la Justicia nunca avanzó mientras gozaban de la protección política.

La nueva administración amarilla que se jactaba de su presunto “honestismo”, está colmada de gerentes que además se dan el lujo de fundar empresas en plataformas offshore y responden que esos "emprendicmientos" son lo más natural del mundo. Y efectivamente es lo más natural del mundo... empresario y sus representantes políticos.

Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria en las últimas elecciones y parte de la flamante fórmula de unidad del PJ, intentó cerrar la “grieta” y salió a respaldar a Mauricio Macri.

El vergonzoso espectáculo se desarrolla en las alturas mientras la mayoría de la población trabajadora está sufriendo las consecuencias de un ajuste que incluye recesión, despidos, inflación y tarifazos con un duro ataque al bolsillo popular. El macrismo activó a fondo las investigaciones sobre los actos de corrupción del kirchnerismo para intentar ganar y fortalecer una base política que compense la pérdida de base social en declive producto del ajuste. Como sinceró el columnista oficialista Julio Blanck: si no hay pan, que haya circo.

Terminar con los secretos comerciales que legalizan el ocultamiento de los empresarios, nacionalizar la banca y crear una banca estatal única controlada por los trabajadores que acabe con los banqueros usureros, principales fugadores e intermediarios para la evasión y la estafa (mediante la creación de empresas offshore), son medidas elementales para ponerle fin a estos negociados.

Pero además, frente al rechazo que genera el patético espectáculo de corrupción que deja en evidencia todo el personal político que gobierna para los empresarios, es necesario levantar la demanda de que todos los funcionarios o legisladores ganen como una maestra y sean revocables, para terminar con la casta de privilegiados.