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Menem lo hizo: el indulto de 1989 a los genocidas

El gobierno de Carlos Menem es recordado por ser el mejor alumno del imperialismo. Remató las empresas de servicios esenciales que quedaron en manos extranjeras. Se perdieron millones de empleos e históricas conquistas de derechos laborales.

21 de marzo| Rosa D´Alesio |

Otro gran logro burgués del gobierno de Menem fue, luego de distintos levantamientos carapintadas que tuvo en vilo al país, subordinar a las fuerzas armadas y liquidar los restos del partido militar. Dividió a las dos alas que hasta semana Santa actuaron como una corporación: a los “nacionalistas” y los pro imperialistas. Derrotó militarmente a la primera y fortaleció a la segunda para recomponerlas y hacerlas confiables para el imperialismo (luego de la Guerra de Malvinas) poniéndolas al servicio de las Naciones Unidas.

Desfinanció a las fuerzas castrenses y privatizó la mayoría de las industrias militares. Impedidos de usar a los militares en la represión interior, dictaron las leyes de la “democracia”, que implícitamente reconocía esa debilidad del Estado.

Debido a esto fortaleció en número y equipamiento a la Gendarmería, Prefectura, policías provinciales y los cuerpos antimotines de élite, que bajo el menemismo se convirtieron en las fuerzas de choque del Estado burgués. El pedido de perdón del General Balza, en nombre del “nuevo ejército democrático”, no logró reconciliar a la sociedad con las Fuerzas Armadas. Juicio y castigo continúa siendo una consigna que moviliza.

Carapintadas e indulto
El 8 de julio de 1989 asumió Carlos Menem la presidencia. El conflicto con los militares persistía y para subordinarlas políticamente negoció con las cúpulas, a cambio de lealtad sanciona las leyes de impunidad.

Entre el 7 de octubre de 1989 y el 29 de diciembre de 1990 firmó los decretos de indultos a los condenados por terrorismo de estado, que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Satisfaciendo en los hechos la principal demanda política que dio origen al levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987. Además, indultó a los partícipes de las rebeliones militares durante el gobierno de Alfonsín; a militantes de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), procesados en el gobierno de Alfonsín bajo la nefasta teoría de los dos demonios; y a los ex-miembros de la Junta de Comandantes, condenados por los delitos cometidos en la Guerra de Malvinas.

Pero antes que fueran firmados estos decretos, en las calles de todo el país se expresó el repudio. El 9 de septiembre de 1989 se realizó en Capital Federal una inmensa movilización de los organismos de derechos humanos, sectores populares y la izquierda. Menem pidió perdón a las Fuerzas Armadas y sostuvo: “Ha llegado el momento de pacificar los espíritus y de proceder con valentía para que se instale la reconciliación en la Argentina” (Clarín, 24/08/89).

Pasó a retiro a los coroneles Mohamed Alí Seineldín y Aldo Rico junto con 19 oficiales del Ejército que se habían sublevado durante el gobierno de Alfonsín, y destituye de los mandos a quienes simpatizaban con ellos.

Mientras que Rico fundaba el partido político MODIN, Seineldín (que había sido asesor de Menem) dejaba el diálogo con el gobierno. El 3 de diciembre de 1990 lideró un nuevo levantamiento contra Menem y la cúpula militar, y ante la inminente llegada del presidente de los Estados Unidos, George Bush, denunció a Menem de proimperialista por apoyar las misiones de la ONU.

El levantamiento militar fue rápidamente reprimido, con un saldo de 14 muertes entre civiles y militares y decenas de heridas como consecuencia de los enfrentamientos. A diferencia de lo que había ocurrido en los levantamientos de Semana Santa de 1987, en esta ocasión las fuerzas leales al gobierno cumplieron las órdenes de reprimir a los carapintadas, recomponiendo la cadena de mandos. Seineldín fue sometido a juicio por el alzamiento y estuvo preso hasta que fue indultado por el presidente Eduardo Duhalde en 2003.

Si bien Seineldín se presentó como un militar nacionalista, fue el mismo que después de haber combatido en Tucumán contra el ERP en el “Operativo Independencia” en épocas de Isabel Perón y en la guerra de Malvinas, se dedicó a instruir a grupos contrarrevolucionarios en Centroamérica. Esta vez bajo el mando de la CIA, y luego ante la Guardia Nacional Panameña en tiempos de Noriega.

Asimismo, otro avance del gobierno menemista sobre los militares fue la reconversión de las Fuerzas Armadas: redujo el presupuesto castrense, liquidó la casi totalidad de la industria militar que provocó el deterioro del poder logístico de estos; usó el odio social que provocó la muerte de un conscripto para anular el servicio militar obligatorio, y avanzó en formar fuerzas armadas profesionales, garantizando el monopolio de las armas y del conocimiento de cómo utilizarlas en manos de la casta de oficiales genocidas. Una política a la medida del imperialismo, que junto al envío de tropas a conflictos bélicos como la Guerra del Golfo y la colaboración en misiones “humanitarias” (política que lleva casi tres décadas), subordina a las fuerzas castrenses a los dictámenes de las demandas de las Naciones Unidas.

En ese marco, potenciado por las constantes muestras de aprobación de los Estados Unidos, nombraran a la Argentina aliada “extra OTAN”. Según Menem, mediante estas misiones “humanitarias”, el país expresaba su compromiso por lograr la “armonía internacional”. Cuando el objetivo era mostrar, después del aventurismo militar en Malvinas, que éstas FF.AA. podían volver a ser confiables para el imperialismo.

Además, sancionaron la ley 24.059 (1991) de Seguridad Interior, en la que se prohíbe que las FF.AA. actúen en dispositivos de seguridad interior y los retiró de la dirección del Ministerio de Defensa.

El pedido de “perdón” de Balza
Después que el genocida Adolfo Scilingo confesará los atroces crímenes cometidos por la dictadura que bendijo la Iglesia Católica, se abrió un amplio debate social que promovió a que el 25 de abril de 1995 el entonces jefe del Ejército, general Martín Balza, hiciera pública una “autocrítica” en la que reconoció el terrorismo de Estado e instó a sus miembros a aportar datos que pudieran contribuir a esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos.

En este discurso estuvieron ausentes los culpables. Con el objetivo de reconciliar a la sociedad con las FF.AA, Balza dirá que "no hay un solo culpable", sino que "somos casi todos culpables por acción u omisión".

Pero este intento de reconciliación fracasó. El 24 de marzo de 1996 una multitud en Plaza de Mayo continuó exigiendo juicio y castigo a los culpables sosteniendo que “no perdonamos, no nos reconciliamos”.

Juicios por la Verdad y escraches
Los Juicios por la Verdad comenzaron a mediados de 1998, cuando todavía estaba vigente el reclamo de la derogación de las leyes de impunidad por parte de los organismos de derechos humanos. El Estado Argentino tuvo que aceptar la disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sostuvo que la legislación local no podía prevalecer sobre las obligaciones internacionales.

La Corte Suprema falló a favor de que las Cámaras Federales llevaran adelante los Juicios por la Verdad. Aunque sin consecuencias punitivas, fue a partir de estos juicios que se pudo conocer parte de los crímenes cometido por los dictadores.
Algunos de estos testimonios permitieron, después de la anulación de las leyes de impunidad, que se procesara a genocidas como el capellán Christian Von Wernich y al ex jefe de la Bonaerense Miguel Etchecolatz, condenados por crímenes de lesa humanidad.

En los Juicios por la Verdad declararon civiles, como los gerentes de la fábrica Ford, por la desaparición de obreros y dirigentes sindicales.

Menem intentó, a través de reparaciones económicas a familiares y víctimas del genocidio, acallar el reclamo de justicia. Los organismos de derechos humanos se dividieron entre los que estaban a favor y los que se opusieron. A pesar de estas diferencias profundas no bajaron las banderas de juicio y castigo.

Pero a los militares les esperaba el escarnio público. En 1998 la organización H.I.J.O.S, que reúne a los hijos de desaparecidos, comenzó a realizar escraches a los genocidas. Una política para mantener la memoria viva y repudiar la decisión del gobierno de sostener las leyes de impunidad. Estos escraches llevaban al enfrentamiento contra la policía que acudía al resguardo de los represores.

Centenares de jóvenes se sumaron al reclamo de H.I.J.O.S por el juicio y castigo a los genocidas. Este movimiento democrático juvenil fue más allá. En los “levantamientos del hambre” se movilizó contra las represiones que en algunos casos, como en el Cutralcazo, se cobraba la vida de una trabajadora, Teresa Rodríguez.

Los logros del gobierno de Menem no alcanzaron para recomponer a las Fuerzas Armadas. A 43 años del golpe, el reclamo de juicio y castigo a los culpables continúa vigente. (LID)

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