La intervención estatal en el SOMU: lejos de la transparencia y cerca de los negociados

La actual senadora Gladys González fue presentada como emblema de pelea contra “las mafias”. Hoy está acusada de estafa, defraudación y malversación de los fondos del sindicato.

El escándalo que golpea a Jorge Triaca puso en el tapete, además del maltrato laboral y la utilización del trabajo en negro por parte del ministro de Trabajo (es decir el funcionario que debería combatirlo), otro tema que no ha tenido la misma trascendencia en los medios. Y es la utilización en beneficio propio, y de los intereses de quienes representan, por parte de funcionarios políticos de una organización sindical.

Entre una de las irregularidades cometidas por el ministro de Trabajo se encuentra la de haber designado como empleada del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), filial San Fernando, a Sandra Heredia, la empleada en negro que trabajaba como casera en la quinta familiar. Dato no menor, porque su designación se produce luego de que el sindicato fuera intervenido por el Poder Judicial, con el aval del Gobierno nacional, y con el Ministerio de Trabajo formando parte del proceso de intervención, a través de un veedor.

"Soy delegada en el SOMU. Él (en referencia a Triaca) me coloca ahí. Tengo contrato hasta el 12 de febrero. Él me dijo que mi prioridad era la quinta. Si yo estaba en el SOMU y había un evento tenía que irme volando para la quinta”, declaró Heredia en una entrevista realizada en Radio Con Vos. Desde la defensa de Heredia argumentan que su sueldo real en el sindicato era mucho menor a los $ 28 mil que afirman fuentes cercanas al gobierno y que fue la respuesta ante su reclamo por las condiciones laborales.

Las afirmaciones de Heredia dan cuenta de un accionar por parte de los funcionarios oficiales que dista mucho del que quieren mostrar. Un repaso breve por estos casi dos años de intervención en el SOMU, que el Gobierno pretende presentar como un ícono de su lucha contra las “mafias sindicales”, lo demuestra.

Desde un primer momento quisieron utilizar dicha intervención en pos de propagandizar un modelo que buscaba “llevar transparencia” desde el Estado a los sindicatos. Sin embargo, poco y nada de esto sucedió. Su ex interventora, la actual senadora de Cambiemos, Gladys González, acumula denuncias judiciales por causas similares a las que llevaron al apartamiento del ex titular del gremio, Omar “Caballo” Suárez y su posterior encarcelamiento.

La intervención

En febrero del 2016, el juez Rodolfo Canicoba Corral dictó la intervención del SOMU, dirigido hasta ese momento por Suárez. La intervención fue a raíz de una denuncia del 2014 contra el dirigente sindical, a quien se lo señaló como el jefe de una asociación ilícita que extorsionaba empresas navieras y obstaculizaba el tráfico marítimo y fluvial. La acusación se extendía a otros directivos del sindicato. Por esa misma causa, unos meses después de la intervención, Suárez terminó detenido, condición en la que continúa actualmente.

Tres personas integraron la Comisión Interventora del sindicato. Santiago Viola, designado por el juez, Jorge Alonso, nombrado por el Ministerio de Trabajo, y Gladys González, propuesta por el Poder Ejecutivo, que en ese momento era diputada.

González está lejos de ser la figura mediática que el Gobierno intentó montar y con la que buscaban, además, destacar la imagen de una mujer enfrentando un mundo de hombres y mafias como la burocracia sindical. Lejos de combatir los métodos de estos sectores, su accionar se asemejó bastante a esos modos.

La actual senadora nacional enfrenta dos causas judiciales. La primera es por cobrar en simultáneo dos salarios: uno en tanto diputada nacional, y otro por su cargo en la intervención por una suma de $ 59 mil. La segunda causa es por estafa, defraudación y malversación de los fondos del sindicato. González fue denunciada por un funcionario del PRO, Daniel García, y por un periodista y marino mercante, Fernando Morales, de cobrar un “diezmo” a cambio de cargos políticos.

Según Morales, "González montó una estructura política en el sindicato SOMU. Lo inundó de personal militante, gente de su confianza, con sueldos muy altos. Esa gente le significaba al gremio $ 2 millones al mes (más de $ 20 millones durante el paso de González). Es decir, los pagaban los afiliados". Por su parte, García afirmó que González designaba “personas en cargos provinciales, los cuales deben imperativamente donar el 10 % de su salario a una fundación desconocida”. Las sospechas son que el dinero del “diezmo” iba a parar a la Fundación Pensar, uno de los “think tank” (o laboratorio de ideas) vinculados al macrismo, donde supieron trabajar además de González otros funcionarios como Hernán Lombardi, secretario de Medios de la Nación, Francisco Cabrera, ministro de Producción, y el propio Triaca. Esta fundación y alguno de sus integrantes, como Lombardi, están siendo investigados por el manejo de sus fondos y los montos de dinero recibidos.

Trabajadores portuarios denuncian, además, la pérdida de más de 2.500 puestos de trabajo, el ataque a algunos de sus derechos laborales y la falta de cobertura médica para algunos afiliados desde la asunción de la Comisión Interventora.

Como si nada hubiera cambiado

La intervención tuvo el objetivo de limar el poder de Suárez, quien dirigía este estratégico sindicato desde 1989. De pasado peronista, supo tener una estrecha relación con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Hace años, un importante dirigente sindical explicó la razón de su raro apodo: “A Suárez le dicen el “Caballo” porque primero atropella, y después habla”. Antes de la intervención había acumulado una serie de denuncias en su contra que incluía irregularidades en los manejos de los fondos del sindicato y la obra social, el pago de sobreprecios y la utilización de fondos sindicales en beneficio propio.

Las denuncias en su contra ilustran el perfil de un auténtico burócrata sindical devenido en empresario, ya que es dueño de varias empresas ligadas a la actividad marítima, por la cuales también tiene causas en su contra. Típico exponente de una camarilla que utiliza su rol en los sindicatos, en función de sus propios intereses y que, a partir de prebendas con el Estado y empresarios, logra acrecentar sus beneficios políticos y económicos.

Pero, como ya vimos. González, lejos de ser la funcionaria estatal encargada de llevar transparencia, comandó la gestión del sindicato con nefastas consecuencias para los trabajadores, y también en beneficio propio y de los intereses de quienes representaba.

El caso del SOMU demuestra que la gestión del sindicato, primero por parte de la burocracia sindical y luego por parte de funcionarios estatales tuvo idénticas consecuencias: el enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría, los trabajadores.