Se establecerá que no será necesaria la autorización judicial en los casos en los que el aborto es legal.
Esto es cuando está en peligro la madre o cuando se trata de la violación de mujeres con discapacidad mental.
La coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Valeria Isla, explicó que “el objetivo es generar un marco de seguridad a los profesionales de la salud”.
También manifestó que la idea es “especificar sus obligaciones ante pedidos de interrupción de un embarazo que encuadren en los supuestos contemplados en el Código Penal”.
Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz
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