Una médica de PAMI debería atender a 3.333 jubilados para alcanzar el sueldo de Adorni

Jubilados, médicos y trabajadores enfrentan el ajuste en la obra social: recortes en medicamentos, deudas con prestadores, salarios de miseria, amenazas sobre hospitales y policlínicos y una resistencia que crece.

El contraste resume una política: ajuste para jubilados y trabajadores, privilegios para los funcionarios del gobierno.

Uno de los ataques más brutales se da sobre el acceso a los medicamentos. En los últimos meses se eliminó el programa de medicamentos esenciales gratuitos, que garantizaba la cobertura del 100% con la sola receta del médico. Muchos de esos medicamentos pasaron a tener coberturas parciales del 50 al 80%, trasladando costos a jubilados que ya no llegan a fin de mes.

Otros quedaron sujetos al llamado subsidio social, mediante un sistema cargado de requisitos restrictivos. Quienes perciban más de 1,5 haberes mínimos —hoy $570.429— quedan excluidos de la cobertura total. El cuadro es brutal si se lo compara con la realidad material que viven los adultos mayores. La jubilación mínima apenas alcanza los $380.286, a lo que se suma un bono congelado de $70.000, mientras la Canasta Básica de la Tercera Edad ya trepó a $1.824.682. Cada vez más jubilados deben elegir entre comer o comprar remedios.

Pero el ajuste no se limita a los medicamentos. También avanzaron recortes sobre otras prestaciones esenciales, como la internación domiciliaria, con la eliminación del módulo de cuidador a domicilio, descargando tareas de cuidado sobre familias que muchas veces no pueden sostenerlas.

Ataque a médicos y trabajadores del PAMI
Una nueva crisis explotó con el conflicto de los médicos de cabecera. La Resolución 1107/2026 modificó el esquema de honorarios y, según denuncian los profesionales, implica una reducción de más del 50%.

Este nuevo esquema, aplicado de forma retroactiva a todo el mes de abril, establece el pago en $2.100 mensuales por afiliado en todo concepto. La medida provocó un paro de 72 horas impulsado por médicos de cabecera por ser una cifra incompatible con cualquier atención de calidad, una muestra del nivel del ajuste con una lógica de abaratamiento de la salud que golpea al mismo tiempo a médicos y jubilados, en un deterioro deliberado del sistema de atención

Salarios de miseria para quienes sostienen tareas esenciales
En ese marco, los reclamos por el pase a planta permanente de todos los contratados y salarios acordes a la canasta, cobran una importancia central. La precarización no es una abstracción. En el Hospital César Milstein, profesionales contratados denuncian cobrar alrededor de $7.000 por hora y trabajadores administrativos apenas $5.000. Es decir, una trabajadora administrativa con una jornada de 35 horas semanales percibe unos $850.000 mensuales, pero tras descontar monotributo e ingresos brutos, le quedan alrededor de $750.000 de bolsillo, un ingreso que ni siquiera alcanza a cubrir una canasta familiar.

A esto se suma el cuadro de desfinanciamiento del sistema prestacional. Prestadores denuncian deudas millonarias del PAMI con clínicas, sanatorios y proveedores, mientras continúan problemas en insumos, prestaciones y crecen las alertas por amenazas de cierre o vaciamiento de establecimientos, hospitales y policlínicos del PAMI, como ocurre en Rosario y Hurlingham.

En paralelo, el propio Ministro de Salud, Mario Lugones llegó a decir que el problema con la obra social es que las personas “viven más”, resumiendo una política que trata la longevidad como un costo y no como un derecho. Todo forma parte de una misma orientación: descargar el ajuste sobre jubilados, trabajadores de la salud y usuarios.

Bajo esa misma lógica también se profundiza el ajuste sobre discapacidad. No es casual que se incumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y persistan recortes, demoras y desfinanciamiento sobre prestaciones fundamentales. Esto alcanza también al propio PAMI, donde miles de afiliados con discapacidad dependen de coberturas específicas, apoyos y programas. También allí el ajuste se traduce en vulneración de derechos. (L.I.D)