Transnacionales españolas en Bolivia: crónica de un saqueo

La llegada de las empresas transnacionales españolas a Bolivia
a partir de la década de los noventa se orientó, esencialmente, hacia los sectores estratégicos de su economía y la compra, total o parcial, de las empresas públicas que operaban en los mismos. Unos sectores en los que la capacidad instalada era suficiente como para no requerir de unos
excesivos niveles de inversión de cara a la continuidad de la provisión del bien o servicio público en cuestión y que, al eliminarse la regulación sobre los precios públicos, ofrecían perspectivas de obtención de una elevada rentabilidad. Pero, además, esa inversión también se orientó hacia otro tipo de sector estratégico: el de la producción/extracción de las abundantes materias primas que posee Bolivia, especialmente
hidrocarburos.

En este sector concreto, las elevadas tasas de rentabilidad
dependían de una demanda internacional en continua expansión y con
expectativas de precios al alza; de una reducida fiscalidad,
excesivamente generosa en su intento por atraer inversión
exterior; y de su posición estratégica en el centro del continente
y, consiguientemente, de la facilidad para la exportación, sobre
todo de energía, tanto hacia los miembros del MERCOSUR como de la
Comunidad Andina de Naciones.

En este artículo se hará un breve repaso de cuáles son los
intereses de las empresas transnacionales de capital
mayoritariamente español en Bolivia y de algunas de sus oprobiosas
actuaciones que, sin lugar a duda, han repercutido negativamente
sobre el bienestar del pueblo boliviano.

LOS APAGONES DEL SECTOR ELÉCTRICO

Una de las primeras transnacionales españolas en llegar a Bolivia
fue Unión Fenosa ACEX con su entrada en el sector del transporte
eléctrico de alta tensión al comprar, junto a una empresa
estadounidense, la empresa pública Transportadora de Electricidad
(TDE) en 1997 por 39,9 millones de dólares a pesar de que TDE
tenía entonces en el país activos fijos por valor de 124 millones
de dólares. De esa forma, y gracias a las presiones de las
empresas privadas que entraron en los sectores de generación y
distribución de electricidad, Unión Fenosa pudo adquirir el 69%
del capital de TDE, mientras que el Banco Central Hispano compró
otro 10%. Varios años después, en 2002, la participación de Unión
Fenosa se había revalorizado a tal nivel que pudo venderla a otra
transnacional española, Red Eléctrica Internacional, filial del
Grupo Red Eléctrica de España, por 90 millones de euros, lo que la
convierte en su principal accionista.

Lo sorprendente es que esa revalorización no se justificaba en
ningún caso por el nivel de inversión realizado, con sólo 11
millones de dólares invertidos en todo el sector de transporte
eléctrico hasta el año 2003. De hecho, es esa falta de inversión
la razón que subyace tras los graves apagones que, en julio de
2003, dejaron sin electricidad a La Paz , El Alto, Cochabamba,
Oruro, Sucre y Potosí y que, a pesar de que TDE lo calificó como
una "simple falla", pudo ser demostrada su responsabilidad y se le
impuso una multa de 360.000 dólares. Una sanción que, en cualquier
caso, no provocó los efectos deseados en términos de solución de
los problemas por parte de la empresa porque los apagones
volvieron a sucederse en esas mismas ciudades en septiembre de
2005.

Por otro lado, las transnacionales españolas también intervienen
en el sector de distribución eléctrica al por menor con la
presencia mayoritaria del Grupo Iberdrola en dos importantes
empresas distribuidoras como son Electropaz -que suministra
electricidad a La Paz- y Elfeo -que lo hace a Oruro-. Ambas
compañías, cuyas participaciones fueron adquiridas por un monto de
poco más de 65 millones de dólares a finales de 1995, surten
actualmente de energía eléctrica, según consta en la memoria del
grupo empresarial, a más de 400.000 bolivianos, lo que supone un
37% de la energía distribuida en el país y su facturación en 2005
fue de 65 millones de euros. Lo que no consta en esa memoria es
que la empresa Electropaz tuvo que devolver en 2005 más de 22,5
millones de bolivianos a diferentes municipios de la zona de La
Paz , por los importes cobrados en exceso en el consumo de
electricidad para alumbrado público.

Y es que el dominio de estas y otras empresas transnacionales
sobre el sector eléctrico en sus ramas de generación, transporte y
distribución, buscando la máxima rentabilidad obvia la
consideración del acceso a la electricidad como un derecho
esencial de todos los bolivianos. Y, así, se da la triste paradoja
de que a pesar de que Bolivia cuenta con una capacidad de
generación eléctrica de 1.371 millones de watts anuales, casi el
doble de un pobre consumo máximo nacional que no supera los 750
millones, sin embargo, el país cuenta con el índice más bajo de
Sudamérica de instalación eléctrica en los hogares: la cobertura
nacional no llegaba en 2003 al 65% de la población, reduciéndose
dramáticamente hasta un 28,3% en las áreas rurales.

Y todo ello en un contexto marcado por unas tarifas que, tras la
privatización, fueron indexadas al dólar; en donde la mayor parte
de los ingresos de las empresas posee una cláusula de
mantenimiento del valor; y en donde se descartan proyectos de
electrificación que no son rentables, a pesar de la existencia de
demanda social al respecto.

NI AL AGUA TIENEN DERECHO

La conversión del agua en un bien económico susceptible de
apropiación privada y mercantilización pero, además, de decisiva
influencia en la geopolítica del futuro, han acrecentado el
interés de las grandes corporaciones por acceder cuanto antes al
control de los recursos hídricos de Bolivia. Ese interés obedece a
que, por ejemplo, en 2001, la industria que proporciona servicios
de agua alcanzó unos beneficios cercanos al billón de dólares,
sensiblemente superiores a los de la industria farmacéutica y casi
el 40% de los que se obtienen de la industria del petróleo y que,
por su parte, Bolivia es el quinto del mundo en volumen de
reservas de agua declaradas y protegidas, con importantísimos
potenciales si se tienen en cuenta sus aguas subterráneas.

Así, a instancias del Banco Mundial y bajo su consideración de que
la forma de aumentar la disponibilidad de agua es tratándola como
un recurso más y no como un bien común cuyo acceso en las mejores
condiciones posibles es un derecho humano esencial, se procedió a
entregar la concesión para la distribución del agua potable de la
ciudad de Cochabamba durante 40 años a la firma Aguas del Tunari,
en régimen de monopolio. El capital de esta empresa correspondía
en un 80% a la empresa Bechtel y en algo menos del 20% a una
empresa española del sector, Abengoa.

Las consecuencias sobre las tarifas fueron inmediatas: se
incrementaron en algunos casos en un 200%; se ajustaron a la
evolución del dólar y se transfirieron hacia los usuarios los
gastos de instalación de las conexiones [4]. Ese aumento golpeó
duramente las economías domésticas de la zona que vieron como su
factura de agua llegaba a suponer en torno al 22% de los menos de
$100 al mes que cobra un trabajador medio y provocó una revuelta
popular, la denominada "guerra del agua", que acabó con la
rescisión de la concesión a Aguas del Tunari tras varios meses de
lucha y un joven de 17 años muerto por un disparo de bala.

Al producirse la rescisión del contrato, Aguas del Tunari demandó
al Estado una indemnización de 50 millones de dólares, que
posteriormente redujo a la mitad y, ante la negativa del gobierno
boliviano a satisfacerla, lo ha demandado ante los tribunales de
arbitraje del Banco Mundial.

De esta forma, ahora se produce la paradoja de que resulta que la
institución que promovió la privatización del servicio, el Banco
Mundial, es la que debe resolver el conflicto entre la empresa y
el Estado. Y también resulta muy revelador saber que la empresa en cuestión ha podido acudir a esa instancia de arbitraje internacional porque cambió su domicilio fiscal inicial en las Islas Caimán, esto es,
uno de los principales paraísos fiscales del Caribe a Holanda.
Este país sí tiene un acuerdo bilateral de protección de
inversiones con Bolivia y, por lo tanto, permitía que la empresa
pudiera acogerse al tribunal de arbitrajes del Banco Mundial tal y
como efectivamente ha hecho.

La otra empresa con capital español también presente en el sector
hidrológico en Bolivia es Aguas de Barcelona (Agbar). Esta empresa
es propiedad del grupo francés Suez, que controla el 51% del
capital de Agbar, y del grupo financiero catalán La Caixa.

El grupo Suez es la transnacional del agua dominante en América
Latina en donde controla cientos de empresas relacionadas con la
gestión del agua. En Bolivia, participan con una filial, Aguas de
Illimani, a quien se le otorgó en 1997 la concesión de los
servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La
Paz y El Alto. Desde ese momento, los vecinos han denunciado el
constante deterioro de la calidad del servicio, la continua
elevación de las facturas, la desidia en el mantenimiento de las
instalaciones, el aumento de los costes de conexión y, sobre todo,
el incumplimiento de sus compromisos de ampliación del servicio a
los hogares pobres de El Alto como parte de la política pública
estatal en materia de agua.

Ante este último incumplimiento, la argumentación que ofrecía la
empresa era que esos consumidores no eran clientes rentables
porque consumían muy poco dado que "acostumbrados a la vida
campesina andina, eran extremadamente cuidadosos con el agua, sin
desperdiciar nunca una gota y, así siguieron después de que se
instalaron las llaves de agua en sus casas. Era bueno para
conservar el recurso, pero malo para el saldo de Suez, y la
compañía se sintió decepcionada por los rendimientos de la
inversión" [5].

Todo ello generó que la Federación de Juntas Vecinales de El Alto
(FEJUVE) iniciara una serie de protestas sociales a partir de 2004
solicitando la revisión del contrato y, posteriormente, su
expulsión. Las movilizaciones de enero de 2005, motivaron que el
presidente boliviano, Carlos Mesa, acabara firmando un decreto de
suspensión negociada del contrato. Sin embargo, las presiones de
organizaciones internacionales -entre las que destacó las que
realizó la agencia de cooperación técnica alemana GTZ- para que el
agua fuera gestionada, en el peor de los casos, por una empresa
mixta, provocaron que Mesa incumpliera su compromiso. La
resultante, junto a la defensa de Mesa del papel de las
transnacionales del sector de hidrocarburos, fueron nuevas
movilizaciones que determinaron la renuncia de Mesa. Su sucesor,
Eduardo Rodríguez, solicitó una auditoría integral de la compañía
que abarcara tanto el nivel de inversiones realizadas como la
calidad del servicio que aún no ha concluido.

Con la llegada a la presidencia de Evo Morales, la situación
parece haber dado un giro radical; síntoma inequívoco de que,
hasta ese momento, la resolución del problema dependía de una
voluntad política que había sido secuestrada por las empresas
transnacionales del sector. Y, así, Bolivia ha iniciado el proceso para retirar sus compromisos de servicios en materia de agua de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y ha exigido la retirada de todos los servicios de agua de dichos acuerdos. Pero, además, se ha iniciado el proceso para que Aguas de Illimani deje de administrar el servicio de agua potable en La Paz y El Alto y sea sustituida por una empresa pública en donde Estado y organizaciones sociales participen en la definición de las políticas del sector, la toma
de decisiones y la fiscalización de la actividad.

EL SANGRANTE EXPOLIO DEL GAS

En cualquier caso, la ominosa presencia de las transnacionales
españolas en Bolivia tiene un nombre propio vinculado al sector de
los hidrocarburos: Repsol-YPF [7]. La transnacional tiene
presencia en el país desde 1995, cuando firmó un contrato de
riesgo compartido con YPFB para la explotación del Bloque Securé.
Le siguió la asociación con Pérez Companc, Petrobras y Pluspetrol
 asociaciones, con estas dos últimas, que sigue manteniendo- para
la explotación de nuevos bloques gasíferos.

Posteriormente, con la adquisición de YPF a principios de 1999,
también pasaba a poseer el 100% de Maxus Bolivia Inc. Pero, la
joya de la corona de Repsol-YPF en Bolivia es la compañía ANDINA
S.A. Esta compañía fue creada con la capitalización de una de las
dos unidades de producción de YPFB y adquirida inicialmente por
tres empresas argentinas: YPF, Pluspetrol y Pérez Companc. En
2001, y tras la absorción de YPF, Repsol adquiriría sus
participaciones a las otras dos compañías y pasaría a controlar el
50% del capital y su consejo de administración.

ANDINA es la empresa más importante de exploración y producción de
hidrocarburos en Bolivia, alcanzando un 32% de la producción de
petróleo y un 43% de la de gas natural del país, mayoritariamente
exportado a Brasil. Sus reservas probadas de gas natural, al 31 de
diciembre de 2005, son de 665,7 millones de barriles equivalentes
de petróleo, explota un total de 22 bloques petroleros que abarcan
un total de 4.973.511 hectáreas .

Pero, además, Repsol-YPF también está presente en el sector de la
comercialización del gas licuado en el mercado interno a través de
la empresa Repsol-YPF Gas de Bolivia SA, de la que controla el 51%
de su capital. Esa empresa produce el 45% de la producción total
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del país, con la que abastece el
40% del mercado doméstico de GLP envasado y el 60% de GLP a
granel. De lo anterior, cabe deducir intuitivamente que la
presencia de Repsol-YPF en Bolivia es muy elevada, no sólo por su
implantación en sectores claves para su economía y el bienestar de
su pueblo -el de la producción de hidrocarburos, por un lado, y el
de la comercialización de una de sus principales fuentes de
energía doméstica, por otro- sino también por la magnitud de los
recursos que controla.

Desde esa posición de predominio, Repsol-YPF podría haber optado
por una estrategia de explotación de los recursos que hubiera
repercutido directamente sobre el desarrollo del país y el
bienestar de su población, legal y legítima propietaria de los
recursos que constituyen la fuente del negocio de dicha compañía.
Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta y, avalada por el
hecho incontrastable de que el valor de capitalización bursátil de
la compañía es equivalente al doble del PIB boliviano -lo que, a
su entender, es ya de por sí un factor capaz de legitimar
cualquier actuación- y de que los anteriores gobiernos de Bolivia
han favorecido la explotación irrestricta de los recursos aún a
costa de la destrucción del medio ambiente y en menoscabo de los
modos de vida y de la propia supervivencia de los pueblos
originarios, la compañía emprendió, desde su aparición en el país,
una estrategia expoliadora que en nada desmerece la de nuestros
insignes conquistadores del siglo XVI o la de sus herederos. Las
tropelías, desmanes y abusos de Repsol-YPF han afectado a
diferentes ámbitos de la realidad física y social boliviana y se
encuentran ampliamente documentadas en numerosos informes y
publicaciones.

Sin ánimo de ser exhaustivos, dado lo limitado del espacio, pero
con clara intención ejemplificadora, se exponen a continuación
algunas de las denuncias y consecuencias de las actuaciones de
esta compañía en Bolivia. Así, aprovechando que los estándares
sociales y medioambientales bolivianos se encuentran por debajo de
los reconocidos internacionalmente -producto, por otra parte, de
la presión a la que se han visto sometidos sus gobiernos por las
mismas transnacionales cuya actividad debía ser objeto de
regulación- Repsol-YPF ha podido explotar bloques gasíferos en
territorios indígenas (las denominadas Tierras Comunitarias de
Origen en 17 de las cuales posee explotaciones) y en espacios que,
necesariamente, deberían encontrarse protegidos por su inestimable
riqueza ecológica [8].

La actividad que Repsol-YPF tiene en esos territorios atenta
contra los derechos humanos y colectivos de los pueblos
originarios que han habitado milenariamente esas zonas y está
causando un impacto cultural devastador, imponiendo su lógica
cultural y afectando a las tradiciones ancestrales de esos
pueblos. Un comportamiento que puede calificarse casi de
etnocidio. Pero, además, vulnera la legislación boliviana sobre
cuál debe ser su comportamiento en tales territorios; no respeta
su obligación de consulta a dichos pueblos sobre las tareas de
exploración y explotación que realiza en ellos (protegida por
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo); e
incumple la obligatoriedad de realizar análisis de impacto
medioambiental y, cuando los efectúa, desatiende los compromisos
adquiridos en los mismos, siendo múltiples las denuncias de
contaminación de ríos, bosques y cultivos o la tala masiva de
árboles [9].

Todo ello se combina con un desprecio similar hacia las
instituciones públicas bolivianas si bien muchas de sus
actuaciones han pasado a ser objeto de investigación judicial.
Así, Repsol-YPF enfrenta acusaciones por falsedad contable y
fraude tras registrar en la Bolsa de Nueva York como propias el
total de las reservas de gas que explota en el país -esto es, casi
el 30% de las reservas totales de gas boliviano- sin que mediara
ningún contrato de venta del gas o existiera un mercado asegurado
para el mismo. Una decisión que tomó aun sabiendo que el art. 139
de la Constitución Boliviana atribuye taxativamente la propiedad
de los yacimientos de hidrocarburos al Estado y que la legislación
boliviana sólo permite la inscripción como propia de las reservas
cuando media un contrato de venta del gas o existe ya un mercado
asegurado.

Esa denuncia provocó que la empresa tuviera que reajustar sus
reservas mundiales en más de un 25%, de las cuales un 52% del
ajuste correspondía a las reservas declaradas en Bolivia, con el
consiguiente reajuste en su cotización bursátil (cercana al 8%).
Pero, además, que un grupo de accionistas que compraron sus
acciones entre el 28 de julio de 2005 y el 27 de enero de 2006,
cuando presuntamente realizaron esa inscripción, presentara una
demanda en Nueva York contra la compañía por ocultar información
adversa sobre sus actividades en Bolivia.

A ello se le suma el que la Aduana Nacional de Bolivia también
demandara a la empresa por un presunto delito de contrabando de
más de 230 mil barriles de crudo cuyo valor superaría los 9
millones de dólares hacia Chile y Argentina [10] . De hecho, el
presidente de la compañía, Antoni Brufau, llegó incluso a
reconocer que se habían cometido algunos "errores" en la
exportación de esos barriles. Un bonito eufemismo para ocultar lo
que siempre se ha denominado como contrabando.

Pero no todo ha sido moverse en el delicado ámbito de la presunta
ilegalidad, Repsol-YPF también ha utilizado todos los mecanismos
que le confería la debilidad del Estado boliviano en el marco de
globalización de las operaciones transnacionales para realizar
determinadas actividades más que reprobables. Y, así, no deja de
sorprender que en abril de 2004, el gobierno de Carlos Mesa
firmara un convenio de aumento del volumen de exportación de gas
hacia Argentina a un precio "solidario" (0,98$/Millones de pies
cuadrados) porque, presuntamente, el país vecino sufría de
desabastecimiento. Un débil argumento para reclamar una reducción
del precio si se tiene en cuenta que Argentina es la tercera
reserva gasífera de la región y posee un volumen de producción
efectiva superior al de Bolivia.

Ese acuerdo que, en principio, revestía la forma de una
transacción entre Estados encubría una vía para que las filiales
de Repsol-YPF y Petrobras en Bolivia pudieran transferir a muy
bajo costo un mayor volumen de sus reservas de gas boliviano a un
precio muy reducido a sus filiales en Argentina. Allí, el destino
del gas era doble. Por un lado, un mercado nacional mucho más
grande y con mayor capacidad adquisitiva; de tal suerte, el gas
que se transfería a 0,98$/Mpc se vendía al consumidor argentino a
7,55$/Mpc. Y, por otro lado, impedir que se interrumpieran las
exportaciones de gas hacia el mercado chileno, altamente
dependiente de dicho recurso energético.

La resultante era, como no es difícil deducir, un negocio
altamente lucrativo para las transnacionales que expoliaban a
precios irrisorios el gas boliviano para venderlo a terceros
países a precios internacionales. Y, por otro lado, una reducción
del valor de las exportaciones con lo que Bolivia, no sólo dejaba
de ingresar por el menor precio de venta, sino también por el
menor volumen de la recaudación impositiva fijada sobre dicho
valor.

Pero, además, también constituye una absoluta aberración que el
gas que se comercializa a nivel interno se cotice según los
estándares internacionales y deba ser pagado a los mismos precios
que si en el país no hubiera un solo yacimiento de hidrocarburos.
En este caso, las consecuencias nuevamente recaen sobre el fisco
boliviano que tiene que subvencionar un precio más bajo para los
consumidores permitiendo que las empresas petroleras disminuyan
sus pagos a las arcas públicas y, por lo tanto, desviando esos
fondos de otros usos alternativos que podrían contribuir en mayor
medida a paliar la situación de miseria en la que vive la mayor
parte de la población.

Y todo ello en un país donde las empresas petroleras tienen los
costes de producción más bajos del mundo; no tuvieron que pagar
por las empresas que adquirieron sino que bastó, simplemente, con
unos compromisos de inversión que en numerosos casos no han
satisfecho; venían pagando impuestos casi simbólicos, los más
bajos de todo el continente; y venden su producción en los
mercados, interno e internacionales, a los precios de este último.
En definitiva, un negocio redondo para Repsol-YPF en Bolivia sobre
el que hay pocas cifras, gracias a la ímproba tarea de la compañía
por ocultar sus estados financieros, pero sobre el que sus
directivos, cuando se reúnen con sus colegas de gremio, no pueden
dejar de pavonearse [11].

En cualquier caso, parece que ahora, por fin, las cosas están
cambiando en Bolivia gracias a la decidida estrategia de
nacionalización de los hidrocarburos emprendida por el nuevo
gobierno y cuyos detalles escapan a la intención de este artículo.

CONCLUSIÓN

A modo de sintética conclusión general y tras esta revisión de
cuál ha sido el comportamiento de las empresas transnacionales de
capital mayoritariamente español en Bolivia, no es de extrañar que
desde aquel país se siga reivindicando el resarcimiento por los
siglos de colonización que vivió bajo el yugo del imperio español.
Para ellos, durante los últimos años, sólo han cambiado los
actores -ahora más difusos en cuanto a nacionalidad, pero
fácilmente identificables y asimilables en cuanto a rapacidad-,
porque las dinámicas siguen siendo las mismas y los resultados, la
miseria más atroz para la mayor parte de la población, casi
idénticos.

* Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.
Extractado de la revista Rebelión

NOTAS

[4] Hall y Lobina (2002)
[5] Hall y Lobina (2002).
[7] Para un análisis exhaustivo de la actividad de REPSOL-YPF en
Bolivia es imprescindible el libro de Marc Gavaldà (2003).
[8] Sirva como ejemplo el que Médicos Mundi realizó análisis de
muestras de agua en dos explotaciones petroleras de Repsol-YPF sin
que en ninguna de ellas se alcanzaran los límites mínimos de
potabilidad exigidos por la normativa española y europea. Sin
embargo, según la normativa boliviana, el 70% de esas muestras se
consideran aptas para su consumo y esta legislación, la que
Repsol-YPF aplica en sus campos. Un resumen detallado de los
efectos que la extracción de hidrocarburos tiene sobre la salud de
las comunidades vecinas puede encontrarse en el estudio de
Intermon-Oxfam (2004).
[9] "Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en
territorios indígenas de Bolivia", Monitoreo Indígena
Independiente - Asamblea del Pueblo Guaraní.
[10] Puede encontrarse más información al respecto en Montero
(2006).
[11] No otro puede ser el sentido de las palabras de Roberto
Mallea, uno de sus ejecutivos, en el III Congreso Latinoamericano
y del Caribe de Gas y Electricidad cuando afirmaba, sin ningún
pudor, que "la rentabilidad en la industria del gas en Bolivia es
sumamente alta; por cada dólar invertido, la empresa petrolera
gana 10 dólares. En el sector hidrocarburífero, la rentabilidad es
buena cuando es 3 a uno, qué decir entonces de una rentabilidad de
10 a uno dentro de la industria petrolera que se da en Bolivia" .
Intermon-Oxfam (2004, p.27).

Resumen: el artículo examina la expansión de las empresas españolas en Bolivia. Por razones de espacio hemos extractado estos apartados
que se refieren a la gestión de los recursos energéticos. Este articulo fue extraido del MORENO MOVIMIENTO POR LA RECUPERACION DE LA ENERGIA NACIONAL ORIENTADORA Boletín Nº 172