La crisis en el Hospital Joaquín Castellanos de la localidad de Gral. Güemes, alcanzó un punto crítico tras el violento accionar del empresario de seguridad privada Oscar “Lino” Rojas, propietario de la empresa Centinela.
En medio de un paro por tiempo indeterminado impulsado por el Sindicato de Custodios y la Agrupación Nacional 9 de Julio, Rojas irrumpió en el hospital acompañado de tres personas foráneas, intentando tomar por la fuerza los puestos de trabajo de los empleados en huelga.
Este hecho desató un escándalo que incluye amenazas a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Salud, así como al personal y delegados gremiales, quienes ya presentaron una denuncia penal contra el empresario.
El conflicto pone en evidencia las condiciones laborales indignas en el sector de la seguridad privada en Salta.
Según denunció el dirigente nacional Christian López, presidente de la Asociación Mutual Custodios de la Seguridad Privada, los trabajadores de Centinela perciben salarios de $200.000 por más de 250 horas mensuales.
Esta cifra, además, están lejos de cubrir la línea de pobreza publicada por el INDEC, que en abril de 2025 situó el umbral para una familia tipo en $980.657, evidenciando un modelo de precarización extrema.
Rojas, exsindicalista y fundador del sindicato de vigiladores SEVIPSA, es señalado como un “empresario explotador” que opera con impunidad, amparado por contactos políticos.
“Este personaje, que pasó de sindicalista a patrón, representa la traición a los trabajadores. Sus prácticas violan el Convenio Colectivo, las leyes laborales y de seguridad privada”, afirmó López.
Junto a Silvia Diez, Secretaria General del Sindicato de Custodios, evalúan extender el conflicto con movilizaciones en la Casa de Salta en Buenos Aires y medidas de fuerza en la provincia si el gobierno local no interviene.
“Exigimos salarios dignos y condiciones laborales justas. No toleraremos más explotación ni mafias laborales. Si el Estado provincial sigue mirando para otro lado, llevaremos nuestra lucha a todo el país”, advirtió López.
Los trabajadores denuncian, además, la falta de uniformes y el incumplimiento sistemático de derechos laborales, en un contexto donde el abandono del sindicato patronal UPSRA lleva 45 años perpetuando injusticias.
Christian López anunció que intensificará las denuncias públicas y judiciales, exigiendo que el gobierno de Salta actúe con firmeza. “No puede haber alambre en las fronteras y anarquía en los hospitales”, sentenciaron (H.S.N.)
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