Sin respuestas por las “escrituras mellizas” que involucra a la escribana de Gobierno de la provincia,

El barrio San Rafael, en San Lorenzo, se convirtió en epicentro de un escándalo que expone irregularidades en la venta de terrenos, desalojos injustos y un sistema judicial que parece favorecer a los responsables del fraude.

La joven Erica Mamani denuncio haber perdido su hogar debido a prácticas ilegales respaldadas por quienes debían garantizar la legalidad. Entre los involucrados, se señala a la escribana de Gobierno de la provincia, Graciela Galíndez, como pieza clave en la firma de transacciones que hoy se revelan fraudulentas. Una lucha desesperada por justicia Erica Mamani, de 30 años, relató entre lágrimas cómo su familia quedó despojada de su vivienda en diciembre pasado. “A mí nadie me va a pagar lo psicológico, nadie me va a devolver mi salud. Yo solo quiero mi casa, lo que construimos con sacrificio para tener un futuro tranquilo”, expresó

Según relató, su familia con mucho esfuerzo adquirió el terreno en 2008 mediante un boleto de compraventa avalado por la escribana Graciela Galíndez. Sin embargo, el lote fue vendido nuevamente a otros compradores, quienes presentaron documentación igualmente firmada por Galíndez. A pesar de tener las pruebas de su legítima propiedad, Erica fue desalojada en diciembre del año pasado junto a sus padres y esposo en un operativo cargado de abusos: “Me encadené porque era mi casa, no iba a entregarla. Nos llevaron detenidos a todos, incluso a mis padres, que ya son mayores. Fue una pesadilla”.

La impunidad detrás del fraude

En este relato, Mamaní apuntó a los hermanos Cardozo y Víctor Méndez como responsables de la venta reiterada de los terrenos.

En esa misma línea y en diálogo con este medio, el concejal Juan Pablo Dávalos denunció además que este patrón de fraude no es aislado: “Los terrenos en San Rafael han sido vendidos hasta tres veces a diferentes personas. Esto no es un error, es un sistema de abuso sostenido”. Dávalos también alertó sobre la situación comprometedora de la escribana Galíndez, quien habría firmado las escrituras sin verificar la legalidad de las transacciones: “Cuando confías en un escribano, esperas tranquilidad, pero aquí ocurrió todo lo contrario. Esto no pasó una sola vez, sino en múltiples ocasiones”, dijo y exigió la intervención de la colegiatura que nuclea a los notarios en la provincia.

El silencio de los principales protagonistas

Tras conocer la situación de las “escrituras mellizas en San Lorenzo”, además de hablar con las víctimas se buscó al otro lado de la historia, pero sin resultados.

Nuevo Diario intentó dialogar con todos los implicados en esta historia, obteniendo pocos resultados. En el caso de los hermanos Cardozo, se enviaron mensajes e hicieron reiteradas llamadas a su número de contacto, sin obtener respuesta. Lo mismo ocurrió con el procurador de San Lorenzo, Jorge San Miguel, quien estaría asesorando a Erica en los pasos legales a seguir, ya que la joven no cuenta con recursos para afrontar los gastos por su cuenta. Respecto a la escribana Galíndez, tampoco se pudo acceder a ningún tipo de contacto. Un sistema que perpetúa la injusticia. Erica denunció que incluso recibió ofertas económicas para guardar silencio. “Me ofrecieron dinero, pero yo no quiero plata, quiero mi casa. Todo lo que tengo está en el patio de mi hermana, expuesto a la lluvia. Es una burla”, expresó con indignación. Del mismo modo describió las instancias sistemáticas de convocatoria a mediación a las partes, las excusas absurdas, o bien la indiferencia total para el caso de Galíndez, frente a esta situación. “Lo que más duele es la indiferencia y el silencio”, sostuvo la joven. Por su parte, el concejal Dávalos fue enfático en la necesidad de una solución urgente: “Es hora de que la escribana de Gobierno y los responsables del desarrollo inmobiliario enfrenten las consecuencias. No podemos seguir permitiendo que las víctimas paguen por los errores de otros”. El caso de Erica Mamani no solo expone las grietas en la justicia y la necesidad de revisar los procesos de venta de terrenos y la regulación de los loteos privados en Salta, sino también el costo humano de un sistema que prioriza los intereses de unos pocos por sobre el derecho de muchos. Con la determinación de no rendirse, Erica planea llevar su caso a medios nacionales para visibilizar la situación: “Quiero que mi voz se escuche. Si el Gobernador tiene que intervenir, que lo haga. Esto no debería pasarle a nadie más”, concluyó. (n.d)