La Justicia tucumana investiga si fue un hecho con intereses políticos.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue víctima del robo de su celular mientras encabezaba un acto público en el municipio de La Cocha. Gracias a una fotografía capturada en el momento del hecho, la Policía pudo identificar y detener a la presunta autora, vinculada al oficialismo de Alberdi, municipio recientemente intervenido por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El incidente ocurrió ayer miércoles por la tarde, cuando Jaldo y parte de su gabinete estaban en el sur tucumano para participar de actividades oficiales. Luego de su discurso ante militantes y vecinos de La Cocha y alrededores, el mandatario fue abordado por personas que se acercaron a saludarlo. En ese momento, alguien sustrajo su teléfono móvil de uno de sus bolsillos.
Al subir a su camioneta, Jaldo notó la ausencia del dispositivo y de inmediato el personal de seguridad y efectivos policiales comenzaron una búsqueda entre los presentes. Revisando imágenes tomadas por un fotógrafo, detectaron a una mujer que aparentemente cometía el hurto
Las autoridades, con apoyo de dirigentes locales, acudieron a la vivienda de la sospechosa en Los Pizarro, a unos siete kilómetros de La Cocha, donde recuperaron el celular del gobernador. La mujer quedó aprehendida en la comisaría local. Según fuentes policiales y periodísticas, la detenida no tiene antecedentes penales y podría ser puntera del oficialismo en el municipio de Alberdi.
El fiscal Fabián Assad confirmó la aprehensión y está a cargo de la investigación que se tramita en el Centro Judicial de Concepción. Se espera que en las próximas horas se formalicen cargos.
Este episodio genera dudas en el entorno del mandatario, en especial por la cercanía geográfica con Alberdi, municipio intervenido hace diez días por Jaldo luego de denuncias sobre presuntos vínculos entre funcionarios y el narcotráfico. Entre los investigados están el ex intendente Luis Campos, su esposa y legisladora Sandra Figueroa, y otros funcionarios.
Por ahora, la Justicia avanza para determinar si el robo fue un hecho de inseguridad común o si tuvo una motivación política detrás, tal como sospechan algunos sectores. (Inforama)
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