A la par del blanqueo de capitales y la baja en el impuesto a los bienes personales, beneficiando a los empresarios, el Gobierno restituye esta estafa que se estima afectará a 800.000 asalariados. El artículo del paquete fiscal presentado por el oficialismo y aprobado en el Congreso con los votos del peronismo, el PRO y la UCR, fue oficializado este lunes. El presidente que había hecho campaña electoral diciendo que no subiría ningún impuesto, vuelve a atacar los ingresos de las grandes mayorías.
A la par que los multimillonarios tendrán una rebaja del 5 al 0,45 % en lo que tributan por ser dueños de mansiones, yates y aviones privados, los trabajadores calificados que tienen ingresos por un poco más del costo de la canasta familiar volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias. Por más que ahora pase a llamarse “impuesto a los ingresos personales”, la reglamentación del artículo del paquete fiscal presentado por La Libertad Avanza, no es más que la restitución de una estafa a un sector de los asalariados. El mismo Milei había dicho durante la campaña electoral que “nos encontramos ante el delirio descomunal de tratar al salario como ganancia. Este impuesto es inmundo y tiene que ser eliminado”, para imponerlo nuevamente al asumir la presidencia.
A partir de julio, el nuevo régimen del Impuesto a las Ganancias establece que los trabajadores sin hijos con ingresos superiores a $1.800.000 brutos ($ 1.480.000 netos) y los que tienen dos hijos que perciban más de $ 2.100.000 (neto de $ 1.780.000) estarán obligados a pagar el impuesto. Las tasas impositivas varían del 5% al 35%, con actualizaciones trimestrales hasta fin de año y semestrales a partir de diciembre, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se estima que la restitución de la cuarta categoría afecta a cerca de 800.000 empleados en relación de dependencia.
El peronismo luego de haber afectado hasta el 20 % de los trabajadores con el impuesto a las ganancias, optó por casi eliminarlo para los asalariados bajo la gestión de Massa como un intento de sumar votos en las últimas elecciones. Su rol también fue importante para su restitución, ya que el paquete fiscal fue apoyado por los diputados catamarqueños del bloque de Unión por la Patria, Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Noblega, que responden al gobernador de su provincia Raúl Jalil. En el Senado los legisladores electos como parte de la boleta del Frente de Todos Edgardo Kueider y Camau Espínola también aportaron sus votos para que la ley sea aprobada.
Como afirmó este lunes la ex diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman: “El gobernador (de Salta) Gustavo Sáenz es amigo de Sergio Massa, decía que eran la alternativa y enfrentaban a Javier Milei porque era el fascismo, pero ahora se está pasando abiertamente a una alianza en el Congreso para las peores leyes contra el pueblo. En sus declaraciones de este lunes en FM La Plaza 94.9 agregó: “Milei decía en campaña que con los mismos de siempre no se iba a hacer nada distinto. Tenía razón: él se alió a los mismos de siempre y está llevando adelante un plan ajustador pocas veces visto en nuestro país. Sáenz y otros gobernadores como Jalil y Jaldo [Raúl y Osvaldo, de Catamarca y Tucumán] permiten que Milei avance con un plan agresivo contra los intereses populares”.
El decreto reglamentario publicado este lunes deroga normativas anteriores que establecían las exenciones que regían sobre los ingresos provenientes de horas extras, material didáctico que cobran los docentes, los viáticos de larga distancia terrestres, acuáticos y aéreo, los bonos de productividad y fallo de caja. Además los empleados de zonas patagónicas perdieron el beneficio del 22 % del incremento de las deducciones personales, quedando más expuestos al gravamen al vivir en una zona del país con precios más elevados.
Milei no es el único que se dio vuelta (había llegado a afirmar que antes de subir un impuesto se cortaría el brazo), las centrales sindicales pese a los discursos contra la restitución del impuesto, no hicieron nada para impedir su puesta en práctica. El plan del Gobierno busca hacer pagar los costos de la crisis económica a los trabajadores y sus familias (L.I.D.)
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