Salta: imputan a dos funcionarias por robo y venta de donaciones para wichís (video)

Se trata de una concejala del radicalismo y una defensora oficial. Una hermana de las mujeres las denunció ante los medios. Una de ellas está detenida.

Según informó el Ministerio Público de Salta, el fiscal interino penal 1 de Tartagal, Rafael Medina, imputó a las funcionarias salteñas Paola Alejandra Díaz, concejala del radicalismo de 43 años, y a Rosa Fabiola Díaz, de 40, defensora oficial. Se las acusa por el presunto desvío de donaciones de mercadería proveniente de distintas fundaciones, destinadas a comunidades originarias del norte salteño por la emergencia socio-sanitaria declarada a principios de 2020.

La concejala Paola Díaz fue detenida en la mañana de este martes por orden del juez de Garantías de Tartagal, Nelson Aramayo. El Ministerio Público Fiscal informó que Paola Díaz accedió a declarar mientras que Rosa Díaz se abstuvo de hacerlo. El fiscal solicitó el allanamiento de inmunidad al Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, por tratarse de una defensora oficial.

Por otra parte, a Rosa Díaz se le inició un sumario administrativo. La Defensoría General también dispuso la suspensión preventiva de sus funciones como defensora por 30 días, mediante la resolución 1223/21.

Las mujeres fueron denunciadas por su hermana, Sandra Díaz, ante los medios de comunicación de Tartagal, por apropiarse y vender donaciones como bidones de agua, prendas de vestir, entre otras, que debían ser entregadas a las comunidades wichís. Lo hizo por video a través del canal Video Tar y otros medios.

La Concejal Paola Díaz es integrante de Ahora Patria, parte del frente del actual intendente Mario Mimessi, de la Unión Cívica Radical que iban en el Frente Olmedo Gobernador.

El fiscal Medina intervino de oficio una vez conocida la noticia. Las mujeres ahora están imputadas por la supuesta comisión del delito de “administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautoras”.

Según la denuncia, en enero de 2020 las acusadas recibieron la donación de mercaderías y las habrían mantenido ocultas todo el año hasta ahora, para venderlas a negocios de la zona.

La intención, según Sandra Díaz, era mantenerlas guardadas hasta que Paola Díaz se postulara como candidata a diputada provincial “lucrando con dichas mercaderías para un beneficio propio”. “Le expliqué (al fiscal) el nombre de las personas que vendieron las cosas”, sostuvo la hermana en su denuncia. También reveló que la metodología consistía en vender bolsones de ropa en las ferias de la zona o en Bolivia.

En uno de los videos en los que hace un descargo público, la concejala manifestó que es parte de un grupo que hace beneficencia y que las cosas que se mostraron en el allanamiento “son cosas que teníamos que llevar a Santa Victoria Este, pero pasó la pandemia”. Entre llantos, aseguró que el donativo se hizo con la Fundación Noble de Santa Fe, cuyos representantes “saben que las cosas están acá documentadas” y “en ningún momento se vendió nada”.

La imputación señala que las acusadas tenían a su cargo “la administración y cuidados de los bienes provenientes de las fundaciones, llevando a cabo una administración fraudulenta de los bienes asignados, perjudicando intereses ajenos con su accionar infiel”, dado que la mercadería debía ser repartida “entre personas de escasos recursos y de las misiones aborígenes de la etnia wichí”.

Según informó el medio local El Esquiú, ante el escándalo, la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), junto a las comunidades originarias de Santa Victoria Este del departamento salteño de Rivadavia, anunciaron protestas contra las funcionarias. Durante el fin de semana, los caciques Cándido Mansilla, de la organización La Nueva Generación, y Celina Juárez, de la comunidad Lapacho II, fueron a la casa de la concejala para exigir la entrega de los donativos.

Desde ayer, tras la detención y los allanamientos, las comunidades del Pilcomayo se encuentran acampando en el complejo deportivo municipal, a la espera de la entrega de las donaciones que se encuentran acopiadas en las dependencias de la Policía Provincial.

Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP) e integrante de la comunidad wichí Santa Victoria 2, contó a Salta/12 que decidieron marchar a Tartagal para reclamar que las donaciones sean entregadas. "Acá hay mujeres, niños y ancianos y todavía no tenemos una respuesta favorable", sostuvo Mendoza, informó Página/12. Aseguró que la concejala Díaz "se aprovechó y lucró con la palabra pobreza y la palabra indígena, con lo cual vemos una política irresponsable como funcionaria pública".