SALTA: Todavía no hay funcionarios imputados por denuncia penal por posibles irregularidades en permuta de inmuebles municipales

L a Fiscal Penal Nº 3, Dra. Emma Puente, promovido acción penal por fraude a la administración pública, luego de evaluar una denuncia realizada por dirigentes de la U.C.R. la que describe graves irregularidades en la operación de permuta, que firmaron el año pasado la Provincia de Salta con la Municipalidad de la Ciudad de Salta y el empresario Roque Juan Lozano.

Los dirigentes Radicales Alberto Luis Espeche, Carlos Humberto Saravia, Susana Gispert y Federico Nuñez Burgos consideran en la denuncia penal presentadas por estos como imputables a funcionarios del Departamento Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas Municipal

El dictamen de la Fiscal por ahora no contempla la imputación inicialmente a ningún funcionario, y la causa esta caratulada por ahora contra ’N.N’ y el trámite continuará en el Expediente Nº 76.085/8 del Juzgado de Instrucción Formal 3ra. Nominación, a cargo del Dr. Pablo Farah si es que se declara competente.

En la imputación se considera que hay graves irregularidades en la operación de permuta, que firmaron el año 2007 la Provincia de Salta con la Municipalidad de la Ciudad de Salta y el empresario Roque Juan Lozano, las que suponen como imputables a funcionarios del Departamento Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas Municipal. Para ellos el perjuicio sería millonario en tanto el inmueble de Lozano no valdría más de 11 millones y pidieron que se realice una pericia por valuadores inscriptos en la Corte de Justicia.

Por su parte el Intendente Miguel Angel Isa atribuyó la denuncia a las ansias de protagonismo del partido radical y calificó a la operación como ’la mejor de la historia municipal’, los denunciantes han puesto el acento en la supuesta sobrevaluación del inmueble que Lozano entregó con una cotización de $21.3 millones a cambio de cinco inmuebles que en su conjunto apenas alcanzaron los $14,5 millones. Según el intendente, en menos de un año el valor de la propiedad que le entregaron subió de 7 millones de dólares a 10 y los planteos judiciales son antojadizos ya que hubo aprobación de la Legislatura Provincial, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas Municipal.

La permuta determinó la transferencia de las sedes ubicadas en La Florida 62, que cedió la provincia a la Comuna; La Florida 86; San Martín y Jujuy, donde funciona el Tribunal Administrativo de Faltas; el playón de Obras Públicas de Santa Fe y San Luis y el ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 353 en donde se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social.

Algunos de los catastros que identifican las propiedades que permutó el Municipio son el 6770, 4916, 12.084, 29.013, 29.018, 29.019, 29.020, 29.021, 29.022, 29.023 y 29.027, según darían cuenta las escrituras públicas 513 y 514 firmadas por la Escribana de Gobierno Laura Inés Wayar. Actualmente algunas de estas propiedades fueron hipotecadas por Lozano a favor del Banco Francés y la empresa INC S.A.

Multas por $450.000 mensuales y sin quórum para pedido de informes

La obligación de entregar los inmuebles el 28 de Febrero pasado, según lo que difundió el concejal de Barrios de Pié, Martín Yañez, estaría generando multas contractuales por aproximadamente $450.000 mensuales y $30.000 en alquileres por igual período, lo que motivó un pedido de informes que no fue tratado como consecuencia de que los ediles vinculados a Isa, junto a concejal Nora Ríos le quitaron quorum de manera intempestiva.

Se espera que esta semana la sesión del cuerpo legislativo solicite explicaciones al Intendente que hace una semana ha decidido que la ciudad municipal será construida con fondos propios al haber desistido del crédito que se gestionaba en el Banco Patagonia. Se anularía la licitación pública 11/07 que ganó la empresa Caputo S.A. y se edificaría en seis etapas, la primera de las cuales recién se inauguraría en Agosto.

Nada se dijo sobre los montos que se pagarán por las multas pactadas a favor de Lozano. Mientras los radicales sostuvieron que el crédito se había caído por que la situación financiera del municipio no era óptima y ningún banco se le podían otorgar los $35 millones aprobados por el Concejo Deliberante en la sesión del 20 de Diciembre pasado, Isa adjudicó a la burocracia bancaria y a la adhesión a la ley de
disciplina fiscal la caía de la operación financiera.

Diputados serian citados como testigos

En base a las denuncias, podrían ser citados a declarar como testigos el diputado Carlos Morello, la Ministro de Trabajo Nora Jiménez, que durante la campaña instalaron la sospecha de un negociado en distintos medios periodísticos y los funcionarios del Tribunal de Cuentas Municipal Luis Alberto Orce, Julio Robustiano Guzman, Patricia Kohler y Marcos Alvarez. A estos últimos se les habría negado participación para dar opinión en el dictamen del órgano de contralor y la aprobación de la contratación habría sido firmada por los vocales del Tribunal que
preside el C.P.N. Enrique Erdmann.

En la semana pasada, la Fiscal Puente habría remitido pedidos de informes al Intendente, al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas Municipal, desconociéndose cuales fueron las respuestas.

También estaría pendiente una solicitud de remisión de antecedentes de la Cámara Inmobiliaria de Salta.

La investigación quedaría en manos exclusivas de un magistrado penal y los denunciantes han manifestado preocupación por que el Municipio se encontraría desguarnecido de solo considerar que el Procurador Municipal, el Tribunal de Cuentas ni los Concejales estarían dispuestos a presentarse como querellantes para colaborar con la pesquisa.