La cifra supera los $11.400 millones al año y reabre el debate sobre los fondos previsionales, en un contexto de ajuste y promesas de veto presidencial a mejoras para los jubilados.
Una investigación reveló que por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 305/98 “E”, la ANSeS transfiere el 2% de la masa salarial de sus empleados a los sindicatos.
En medio del debate por el futuro del sistema previsional argentino y el rechazo del Gobierno nacional a aumentar las jubilaciones por “falta de fondos”, una investigación de Nuevo Diario reveló un mecanismo poco conocido, pero de alto impacto fiscal: mes a mes, la ANSeS transfiere el 2% de su masa salarial a los sindicatos que representan a sus trabajadores.
Este esquema está previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 305/98 “E”, firmado entre la Administración Nacional de la Seguridad Social y los gremios del sector.
En concreto, de los casi $44.000 millones que ANSeS paga mensualmente en sueldos para sus 13.300 empleados, destina unos $877,8 millones a UPCN, ATE, APOPS y SECASFI en concepto de “acción social”. Al año, el monto trepa a $11.411 millones si se consideran los 13 sueldos (12 meses más aguinaldos).
Los fondos deberían destinarse a gastos vinculados a servicios sociales, como farmacia, reintegros y apoyo a los afiliados.
Sin embargo, voces del propio ámbito sindical cuestionan la falta de transparencia en el uso de ese dinero y el desvío de fondos públicos a estructuras gremiales sin un control efectivo.
“Estamos hablando de mucha plata. Por ejemplo, solo a ATE se le transfieren casi $140 millones por mes, pero los compañeros no tienen farmacia, no hay reintegros, no hay servicios. Esa plata no aparece nunca”, advirtió un consultor con conocimiento del sector.
Además de la cuota sindical que los gremios cobran a sus afiliados, este aporte adicional proveniente directamente de las arcas de ANSeS despierta críticas.
“No nos parece que esa plata tenga que salir de los fondos de jubilados. El sindicato debería subsistir con el aporte de sus afiliados. Esto es incompatible y contradictorio con el discurso de que no hay fondos para mejorar las jubilaciones”, agregó.
El reparto del 2% se realiza según la cantidad de afiliados de cada gremio, lo que genera disputas internas. En el caso de ATE, según los datos relevados, recibe cerca del 12,4% del total, es decir, aproximadamente $140 millones por mes.
“Y después nos estamos quejando de que a los jubilados no se les pue-de aumentar, cuando claramente hay recursos mal distribuidos”, enfatizó el consultor.
Mientras tanto, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la ley aprobada por el Senado para recomponer los haberes jubilatorios, reforzando su política de recorte del gasto público.
Sin embargo, este informe deja en evidencia que aún existen partidas millonarias dentro del propio Estado que podrían ser revisadas.
En paralelo, los jubilados siguen movilizándose cada semana en Salta y en la capital del país, acompañados por gremios que conforman la CGT, y organizaciones sociales, exigiendo aumentos reales y un sistema que garantice el acceso a medicamentos, alimentos y una vejez digna.
Las protestas, aunque silenciosas y sostenidas, reflejan una tensión creciente: mientras el ajuste recae sobre los sectores más vulnerables, otros sectores dentro del Estado reciben fondos millonarios sin controles claros.
El caso reabre una pregunta incómoda pero necesaria: ¿deben seguir vigentes estos privilegios sindicales financiados con fondos previsionales, en un país con jubilaciones mínimas que no alcanzan a cubrir la canasta básica? (n.d.)
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