Perú: el Congreso aprobó una ley de amnistía para policías y militares acusados de violaciones a los DD. HH.

La medida está dirigida a los acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000.

Con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, la Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó el miércoles una ley que le concede la amnistía a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que fueron acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000. La medida fue impulsada y aprobada con los votos favorables de los legisladores de los varios sectores de derecha que integran el Parlamento peruano: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Avanza País; y rechazada por los partidos de centro e izquierda. Ahora, para su aprobación definitiva, la norma debe ser promulgada por la presidenta Dina Boluarte, algo que se supone que hará en las próximas horas. El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi, integrante del partido fujimorista Fuerza Popular, señaló que fueron los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa quienes “con coraje y amor por la patria” enfrentaron y derrotaron al terrorismo durante esos años.

Rospigliosi además rechazó que la polémica ley haya sido aprobada “entre gallos y medianoche”, sino que fue “ampliamente” debatida, de acuerdo a lo que informó Radio Programas del Perú. Por su parte, el diputado Jorge Montoya, autor del proyecto de ley, marino retirado e integrante de Renovación Popular, mencionó que más de 1200 familias vienen soportando durante 40 años los llamados de las citaciones fiscales a sus seres queridos. Una de las legisladoras que se manifestó en contra de la medida fue Flor Pablo Medina, exintegrante del centrista Partido Morado, que en su cuenta de X expresó: “Hoy, el fujimorismo y sus aliados han consumado un acto de impunidad que ofende a las víctimas, a sus familias y a la memoria del país. La ley aprobada esta tarde en la Comisión Permanente no es una medida humanitaria ni una corrección al sistema de justicia: es un mecanismo de encubrimiento legal que beneficia a los malos elementos de las FFAA y la PNP que cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual y tortura. No confundamos a quienes combatieron el terrorismo con quienes, amparados en el uniforme, violaron derechos fundamentales”. El conflicto armado interno que ocurrió en Perú entre 1980 y 2000 enfrentó a las fuerzas policiales y militares con los dos principales grupos guerrilleros que surgieron en el país a comienzos de la década del 80, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupác Amaru (MRTA).

Según cifras recogidas en su informe final por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), constituida en 2001, luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori, aproximadamente 70.000 personas murieron como consecuencia del conflicto, en su enorme mayoría civiles. La CVR concluyó que Sendero Luminoso causó el 54% del total de las víctimas, los militares y la policía más del 40% y aproximadamente un 2% de los asesinatos fueron perpetrados por el MRTA. La aprobación de la ley de amnistía generó rechazo en muchos sectores. Víctimas y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos pidieron que los jueces inapliquen la normativa promovida y votada por los legisladores derechistas.

El medio digital peruano Huanca York Times informó que organizaciones de derechos humanos, junto a familiares de víctimas de casos emblemáticos como las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, ocurridas en 1992 y 1991, respectivamente, entre otras, llamaron a los jueces que procesan los casos a que inapliquen la ley, así como ya ocurrió con la ley de prescripción para delitos de lesa humanidad, en que los magistrados prefirieron apegarse a la Constitución y al derecho internacional. De acuerdo con un informe de junio del año pasado del Ministerio Público, en las fiscalías de derechos humanos de Junín y otros departamentos del interior peruano, existen 147 casos que investigan presuntas violaciones a los derechos humanos, muchos de los cuales involucran a militares