La Cámara Federal, con la firma de los cuestionados jueces Bruglia y Bertuzzi, ordenó reabrir el expediente que había archivado la jueza María Eugenia Capuchetti. Dispone profundizar la investigación sobre quienes recibieron las dosis anticipadas.
La Cámara Federal ordenó reabrir el expediente del caso conocido como “Vacunatorio Vip”. El caso, surgido en febrero de este año tras declaraciones del periodista Horacio Verbitsky, le costó el cargo a Ginés González García en la cartera de Salud.
El mismo había expuesto cómo, en el inicio de la vacunación y en los inicios de la segunda ola de covid-19, funcionarios del Gobierno “invitaron” a vacunarse a personas cercanas. El caso, además de los ribetes políticos, generó un fuerte cuestionamiento social a la gestión de Alberto Fernández, que tuvo que pedirle la renuncia a González García.
El mismo había sido archivado por la jueza María Eugenia Capuchetti, por lo que consideró “inexistencia de delito”. En su fallo planteó que "en el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación", aunque sí podía ser analizado según "la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188)”. La misma sanciones de tipo administrativo.
Ese fallo fue apelado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
La Cámara también instó a seguir investigando a quienes recibieron antes de tiempo las dosis contra el coronavirus. Lo hizo con la firma de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Los dos últimos fueron centro de una polémica en las últimas semanas. Fueron promovidos por Mauricio Macri y cuestionados por el Frente de Todos. En noviembre la Corte Suprema determinó que sigan ocupando los cargos actuales, aunque solo de manera provisoria.
Hoy vuelven a reaparecer con este fallo, donde señalan que "el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.
El tribunal ordenó que la jueza profundice la investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron esa posibilidad. Al mismo tiempo, que debe investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas, tanto en el ministerio de Salud como en el Hospital Posadas. (LID)
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