Pacto del ajuste: el Gobierno quiere incluir a la oposición, la Iglesia, los empresarios y la CGT

El oficialismo se propone un amplio acuerdo con todos los sectores. Buscan garantizar la gobernabilidad de Macri y el plan de ajuste del FMI. Desde el Frente de Izquierda, Del Caño rechazó cualquier acuerdo a espaldas del pueblo trabajador.

El gobierno nacional busca avanzar en un pacto de gobernabilidad con el conjunto de la oposición, las cámaras empresariales, la dirigencia burocrática de la CGT y la Iglesia. El objetivo del Ejecutivo es sumar todas las adhesiones posibles a un acuerdo que le dé apoyo a la agenda de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Según se informó desde la Casa Rosada, el oficialismo enviará una carta firmada por el mismo presidente Macri a los diversos sectores de la oposición política, a las conducciones de las centrales sindicales y a las cámaras empresarias que ya mostraron su apoyo a esta idea.

Con este objetivo, desde el gobierno nacional se vienen realizando diversas reuniones y comunicaciones con sectores del llamado peronismo federal. Entre los primeros en adherir a la idea de un acuerdo de gobernabilidad estuvieron Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, dos de los referentes peronistas más cercanos a Cambiemos.

La propuesta del gobierno despertó protestas por parte de otros referentes del mismo espacio, como Roberto Lavagna y Sergio Massa. Estos decidieron hacer públicas sus propias “propuestas de debate”, notoriamente vacías y abstractas en relación a los grandes problemas que sufre el pueblo trabajador.

Sin embargo, la propuesta del oficialismo nacional vuelve a incluirlos, así como también a los gobernadores. Como ya se sabe, los y las mandatarias provinciales vienen implementando el ajuste en sus distritos.

Un consenso a espaldas del pueblo trabajador
En su llamado el gobierno incluirá a las cámaras empresariales, que ya dieron el aval a los “diez puntos” que proponen políticas de ajuste. Se trata de los mismos empresarios que vienen implementando despidos, suspensiones y ataques al salario y las condiciones laborales de los trabajadores. Sin ir más lejos, este lunes se conoció el cierre de dos plantas de La Campagnola en la provincia de Mendoza. La firma es parte del grupo Arcor, una de las alimenticias más grandes de la Argentina.

También serán incluidos los dirigentes de las centrales sindicales. Los caciques de la CGT vienen siendo los garantes activos de una tregua que limita a los trabajadores para responder a los ataques en curso. Esos dirigentes garantizan la “paz social” que permite a empresarios y gobierno avanzar en el ajuste.

La propuesta también incluirá a la Iglesia, una institución que ha venido canalizando el descontento social hacia la salida electoral de octubre mientras se hunden las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Un llamado al kirchnerismo
Este lunes, en una charla con el periodista Luis Novaresio, el ministro del Interior afirmó que desde el gobierno también se convocará a la ex presidenta Cristina Kirchner para este diálogo.

“La convocatoria no tiene que excluir a nadie. Cristina Kirchner representa a un sector del electorado y es importante que forme parte”, señaló Rogelio Frigerio.

Desde el gobierno, la preocupación central pasa por mostrar que aún conserva capital político para llevar adelante el plan de ajuste del FMI y mostrar al mundo “gobernabilidad”. El objetivo es tranquilizar a los especuladores y a los mercados, por temor a una nueva corrida de dólar. “Sobre la Argentina hay muchas dudas, sobre todo en el exterior”, señaló con tono consternado Frigerio.

Desde el kirchnerismo, algunos referentes salieron a criticar el núcleo de acuerdos básicos que se conoció, presentándolos como un acuerdo de ajuste. Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados nacionales del FpV, declaró en los medios que el acuerdo es un “mamarracho”. Sin embargo, no descartó que "se puedan sentar a dialogar con una agenda abierta".

Basta mirar los famosos “diez puntos” para darse cuenta de que se trata de un verdadero plan de guerra contra los trabajadores donde se pide más precarización laboral y mayores beneficios para las patronales, más ajuste fiscal y una nueva reforma previsional para seguir robándole a los jubilados. No por nada tuvieron rápidamente el apoyo de la Cámara del Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina.

Cualquier diálogo que se sostuviera sobre estas o bases similares, no podría más que significar nuevos pasos en el camino de un ajuste que viene hundiendo el nivel de vida de las mayorías populares.

A pesar de las críticas al eventual pacto, el kirchnerismo acuerda con un punto sustancial de los “diez puntos” que se negocian entre Macri y el peronismo federal: el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores.

Esto fue ratificado en innumerables oportunidades por algunos de sus principales referentes políticos y económicos. Aunque se presenta la perspectiva de una renegociación de los acuerdos, esto no implica dejar de pagar la deuda externa ni romper con el FMI.

Del Caño rechazó cualquier acuerdo que avale el ajuste
También este lunes se conocieron declaraciones del diputado nacional Nicolás del Caño (PTS-FIT). El candidato presidencial señaló que “desde el Frente de Izquierda no participamos de ningún tipo de acuerdo a espaldas del pueblo, ni con el Gobierno que está llevando a la ruina a la Argentina luego de haber puesto al FMI al mando de la economía, ni con el peronismo que les votó todas las leyes y plantean seguir bajo los mandatos de Lagarde”.

Al mismo tiempo denunció "que están preparando salidas a espaldas del pueblo, pactos entre los partidos tradicionales, las cúpulas empresarias, la Iglesia y la burocracia sindical".

Tal como lo planteó el pasado 1° de Mayo, en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, Del Caño sostuvo que "contra esos pactos y contra el régimen del FMI, planteamos la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde se pueda discutir y resolver sobre todos los problemas que afectan al país, única salida democrática y de emergencia ante la crisis". (LID)